Procesados por DD.HH. recurren al TC acusando trato penal discriminatorio

El pleno del Tribunal Constitucional (TC) revisó este jueves dos requerimientos de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, presentados por la defensa de dos procesados por casos de derechos humanos (DD.HH.).

Con esto, se busca que se declaren como inconstitucionales una serie de normas que se aplicaron durante los proceso penales en su contra y que los tribunales dejen sin efecto sus investigaciones realizadas bajo el régimen penal antiguo.

Por cerca de tres horas, los magistrados escucharon los alegatos de la defensa y de seis querellantes, entre los que estaba una abogada que representa al Programa de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia.

Uno de los casos, a cargo del ministro en visita Mario Carroza fue impugnado ante el TC por el exagente de la Dirección de Inteligencia Nacional (Dina) René Riveros Valderrama, acusado por homicidio calificado en el marco de la Operación Cóndor. El otro, por el excapitán Francisco Pérez Egert, investigado por la detención, secuestro y torturas en contra de Joel Gamalier.

Ambos procesados son representados por el abogado Jorge Montero, quien apuntó en los requerimientos, presentados en julio y octubre pasado, que se les estaban vulnerando sus garantías fundamentales. Estos escritos fueron declarados admisibles en agosto y diciembre pasado, lo que provocó que ambas causas fueran paralizadas en su tramitación penal.

En los dos casos, su defensa sostuvo que el Artículo 78 del Código de Procedimiento Penal, que declara que la investigación es secreta, "es contrario al debido proceso que se sostiene en el sistema procesal nuevo, cuya regla general es la publicidad para el imputado de toda la investigación".

También, manifestó que este artículo sirve "para obtener una forzada declaración judicial del inculpado o procesado, hecho que vulnera el derecho a igualdad ante la ley (...) y el derecho a guardar silencio".

Tras la audiencia de este jueves, Montero detalló que "pretendemos que el juzgamiento que se haga a los acusados por infracción a los derechos humanos sea ceñido a la ley. Normalmente, la importancia que tiene esta materia ensucia lo que significa juzgar legalmente a una persona".

Asimismo, dijo que "se está utilizando un sistema antiguo que es atrabiliario, que es troglodita, que permite con mucha facilidad que los jueces usen las pruebas de una manera arbitraria, muy libre para interpretarla y así condenan a personas mucho más fácilmente".

Negó, eso sí, que en esto haya "un afán de dilación" del proceso penal, sino que "se juzgue de acuerdo a la norma que legalmente corresponde aplicar".

La abogada del Ministerio de Justicia Paulina Zamorano expuso a los ministros que "el requerimiento (de Riveros) no señala de manera clara la forma en que un conjunto de normas del procedimiento penal vulneran la Constitución; e indica de manera genérica garantías fundamentales como la igualdad ante la ley, la presunción de inocencia, el derecho a la defensa, sin profundizar en que dichas normas que el Código de Procedimiento Penal vulneran en el caso concreto dichas garantías".

Señaló que "esto lleva a concluir que estamos frente a un requerimiento que lo que busca es invalidar el sistema de procedimiento penal antiguo".

Negó que en este proceso se hayan afectado los derechos de ex Dina y dijo que "acá los únicos derechos vulnerados son los de las víctimas y de sus familias, no los de René Riveros".

La abogada Alfonsina Pena, representante de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, pidió al TC que se rechace el requerimiento de los procesados y acusó que la impugnación "solamente deja de manifiesto la verdadera intención que tiene el requerimiento: dilatar el proceso".

En la misma línea, la consejera del Consejo de Defensa del Estado (CDE), Paulina Veloso, quien también es querellante en el caso, apuntó a que la intención de los procesados por violaciones a los derechos humanos era dilatar sus casos: "Soy la cónyuge de Alexis Jaccard, una de las víctimas detenida en Argentina en 1977 y después traída a Chile. En la causa está por dictarse sentencia y, de acuerdo a los términos del recurso que interpuso uno de los procesados, uno observa que no hace propiamente tal un alegato de inaplicabilidad por inconstitucionalidad".

La mujer agregó que "por eso uno puede concluir que más bien tiene un propósito dilatorio, como ha sido la actitud en general de procesados en causas de derechos humanos". Veloso dijo, además, que "en realidad han buscado dilatar las causas y con ello vulnerando una vez los derechos de las víctimas que queremos un proceso justo y rápido".

Este jueves se terminaron de escuchar los alegatos de todas las partes y la siguiente etapa es que el pleno adopte un acuerdo respecto de la materia, sin embargo, no existe un plazo para eso.