Suprema detecta que presos son encerrados en celdas por 16 horas

Informe revela que la mitad de los penales tiene hacinamiento y contradice a cifras de Gendarmería sobre que actualmente hay una sobrepoblación del 1%.


Para los 4.486 internos recluidos en el Centro de Detención Preventiva de Santiago Sur (ex penitenciaría), casi dos tercios del día transcurren al interior de las celdas que ofrece el sobrepoblado complejo penitenciario de la capital.

El permanente encierro y la falta de actividades dedicadas a la reinserción se suman al hacinamiento que padecen durante las 15.30 horas en que su desplazamiento se encuentra restringido a calabozos colectivos. En estos lugares deben convivir en grupos superiores a los contemplados en el diseño del recinto. Pese a que su capacidad es de 2.384 internos, las cifras informadas por el Poder Judicial advierten una sobrepoblación del 88%.

Una realidad relatada en las quince páginas del informe elaborado por la Fiscalía Judicial de la Corte Suprema sobre los principales problemas detectados en los 53 complejos penitenciarios visitados durante 2017.

En el documento, presentado hoy por el presidente del máximo tribunal, Haroldo Brito, junto al ministro, Arturo Pardo, se alertan 10 situaciones de vulneración, cuatro de ellas calificadas de “suma urgencia” y que constituyen “significativas violaciones de derechos” a los internos. Estas son: hacinamiento, excesivos horarios de encierro, anormalidad en periodos de alimentación y uso frecuente de celdas de aislamiento.

De acuerdo a lo informado, de los 53 penales visitados, en 25 se evidenció sobrepoblación de distinta magnitud. Tal situación excede con creces en las cárceles de Santiago Sur, Copiapó, San Felipe, Limache, Valparaíso y Colina II, en cuyos recintos el informe considera que los internos padecen hacinamiento.

Al respecto, el documento contradice las mediciones hechas por Gendarmería, en la cuales se asevera que la sobrepoblación “no supera el 1% de la capacidad de los establecimientos”. Según el informe del Poder Judicial, “este resultado es producto de la estimación promedio de sobrepoblación en los recintos a nivel nacional, lo cual termina ocultando la dramática realidad de que algunos establecimientos tienen graves problemas de superación de ocupación”.

La publicación también cuestionó las altas horas en que los reclusos permanecen encerrados en celdas colectivas e individuales. Según los datos recopilados en 2017, siete establecimientos obligan a permanecer 14 horas en encierro, mientras otros 34 impiden el desplazamiento de los internos durante 15 horas. En tanto, tres complejos mantienen a los reos 16 horas en los calabozos. En sólo siete penales esta situación ocurre durante menos de 14 horas.

De acuerdo al escrito, redactado por la fiscal judicial Lya Cabello, con esta práctica “Gendarmería ha trastocado el sentido de la norma que asegura ocho horas diarias de descanso para los internos”. En este sentido, advierte que estos horarios son “incompatibles y disfuncionales a los objetivos de reinserción social”, al considerar que no mantienen relación con la vida “extramuros para la cual se preparan los internos”.

El prolongado encierro, advierte el informe, también promueve problemas en la alimentación de los reos. Por ejemplo, en 16 centros las personas no reciben comida durante 16 horas. A su vez, sólo dos recintos cuentan con agua caliente, 48 poseen agua fría y cuatro tienen acceso parcial al suministro.

La excesiva permanencia de los internos en las celdas de aislamiento es otro aspecto advertido en el informe del Poder Judicial. De acuerdo a los hallazgos, en algunos recintos dichos espacios no disponen de luz eléctrica y se encuentran con deficientes condiciones higiénicas. Por norma, la permanencia en estos lugares no deben exceder los 15 días, no obstante, la fiscalía judicial fue testigo de encierros que superaron los 60 días. “La medida de someter a este tipo de encierro a una o más personas en pequeñas habitaciones trae como consecuencia una situación que afecta la integridad física y psíquica de los reclusos”, indicó el informe.

Debido a estos hallazgos, Brito anunció que iniciarán reuniones con diversos organismos afines al tema, “en virtud del deber de coordinación que asiste a todos los órganos del Estado”, indicó el presidente del máximo tribunal.

Para el ministro Pardo, “las conclusiones son bastantes contundentes y esperamos que sea un mensaje potente porque queremos establecer un énfasis particular”.

La directora del área de Justicia y Reinserción de la Fundación Paz Ciudadana, Ana María Morales, señaló que el informe demuestra que la pena de cárcel “es una respuesta cara, poco efectiva y que genera efectos criminógenos. Se trata de un área que no contribuye ni a la reinserción ni a la seguridad pública”.

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