Tribunal de la Libre Competencia suspende licitación del Transantiago

Se ordenó frenar el proceso que incorpora cambios al sistema y que entraba en su fase final. Transportes tenía previsto para este viernes la apertura de ofertas económicas. Con esto, se acogió la presentación realizada por pequeños empresarios de buses, quienes denunciaron “barreras de entrada” al mercado.


El Tribunal de Defensa de Libre Competencia (TDLC) ordenó hoy al Ministerio de Transportes suspender la licitación del “nuevo” Transantiago, tras acoger dos presentaciones hechas por empresas de transportes, que denunciaron “barreras de entrada” a ese mercado. Así, esta resolución pone en duda la continuidad de un proceso que estaba en su recta final y que implicaba renovar a la mitad de los operadores del sistema.

El dictamen frena una convocatoria que entraba en su etapa decisiva: el gobierno comenzará este viernes la apertura de las ofertas económicas de las seis compañías que habían participado: Tower Transit, Nextbus, STP, Metbus, Vule y Redbus. Con ello, planeaba adjudicar los contratos en febrero próximo.

El tribunal acogió las presentaciones de las empresas Transanber y Santín. En el caso de la primera firma, se solicitó una medida cautelar “urgente” para paralizar el proceso. El fallo indica que se debe cumplir con el artículo 25 de la Ley 211, que fija los principios de la libre competencia en los mercados y sanciona los atentados contra la misma. Se sostiene que la medida se aplica para “impedir los eventuales efectos negativos de la conducta y resguardar el interés común. Se han acompañado antecedentes que constituyen a lo menos la presunción grave del derecho que se reclama”.

El dictamen ordena a Transportes “suspender la licitación pública para la concesión del uso de vías de las unidades de negocios 1, 4, 6, 7, 8 y 9, para la prestación de servicios urbanos del transporte remunerado de pasajeros de la Región Metropolitana (Transantiago 2017)”. Además, se obliga a Transanber a formalizar una “demanda en un plazo de 20 días hábiles, contados desde la notificación”. Para el caso de la empresa Santín, el tribunal presenta el mismo argumento y acoge la demanda de esa compañía.

Fundamentos

Jorge Ibarra, abogado de Transanber, dijo que esta es una firma de buses rurales (que realiza recorridos entre Buin, San Bernardo y la Terminal San Borja), que pretendía participar en la convocatoria, lo mismo que Santín. Sin embargo, añadió Ibarra, las bases de licitación del ministerio “ponían barreras de entrada para nuevas empresas. Los requisitos para postular dejaban fuera a operadores pequeños y favorecían a los que actualmente trabajan en Transantiago”.

También argumentó que “es imposible cumplir con el requerimiento de las terminales de buses, porque esos recintos pertenecen a los actuales operadores”.

Respecto de la resolución del tribunal, el Ministerio de Transportes planteó, a través de un comunicado, que “en virtud de la decisión del TDLC, si bien la acataremos, adicionalmente solicitaremos se deje sin efecto la medida de suspensión, para lo cual expondremos detalladamente todos los antecedentes que acreditan la transparencia, legalidad y ecuanimidad con que se realizó la licitación”.

Se agregó que “hemos presentado un escrito dándonos por notificados, procediendo, por consecuencia, a la suspensión de la apertura económica de las ofertas”.
Ibarra, quien también representa a Santín, añadió que en el sector del transporte “hay indicios de colusión. Las empresas se repartieron el mercado y postularon cada una a diferentes unidades de negocio”.

Tower Transit, una de las firmas que están participando en la licitación, planteó que “nos sorprende la resolución y esperamos que se supere pronto este inconveniente”. Dijeron que confían en la “seriedad del gobierno”.

Franco Basso, investigador del Observatorio de Movilidad de la UDP, sostuvo que “esto es grave. Durante este año debía haber renovación de los buses, lo que aparentemente no ocurriría”. Otro punto que destacó es que si se posterga la licitación, deberá ser hecha por el próximo gobierno, con lo cual “no hay certeza de si seguirán los mismos operadores trabajando”.

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