El último oficio del ex ministro Gómez por tema DD.HH.

Efectivos del Ejército desfilando en Santiago. Foto: Agenciauno

Advirtió a la Cámara sobre “datos relevantes” que hay en el sumario por incineración de archivos en el Ejército.


La quema de documentos en el Ejército, y el destino de información supuestamente relacionada con la muerte del ex Presidente Eduardo Frei Montalva, vuelve a cobrar importancia, tras un documento que llegó hace una semana al Congreso.

“Estos archivos pueden ser relevantes para varios de los procesos que llevan los distintos ministros en visita que instruyen causas sobre violaciones a los DD.HH. en dictadura; se declara que se incineraron archivos, señalando quién lo hizo y de dónde provino la orden”.

Así dice uno de los párrafos de un oficio que el pasado viernes 9 de marzo, en su último día hábil de trabajo, el ex ministro de Defensa, José Antonio Gómez, envió a la presidencia de la Cámara de Diputados, que actualmente ejerce la parlamentaria PS Maya Fernández. Fue justo dos días antes del cambio de mando del domingo 11.

El caso tiene algún tiempo de evolución y este gesto podría leerse como una especie de alerta respecto de la incineración de antecedentes.

El oficio de Gómez apunta a la indagatoria interna que él mismo le pidió al Ejército, el 3 de diciembre de 2015, por la quema de archivos de hechos ocurridos entre 1980 y 1982, y que estarían vinculados con actuaciones de la Dirección de Inteligencia Nacional de esa entidad castrense (Dine) y con la muerte del ex Presidente Frei, en 1982.

Junto con este oficio, también se habría enviado a la Cámara la investigación completa, con antecedentes que ya habían sido remitidos, según dice el mismo documento, al ministro Mario Carroza, quien lleva las investigaciones por violaciones a los DD.HH.

En el Parlamento, los asesores de la diputada Maya Fernández confirmaron la existencia de este oficio, cuyo contenido comenzaría a ser analizado.

Delitos prescritos

El tema apareció en los medios de comunicación a mediados de noviembre de 2017. El 17 de ese mes, el Ejército, a través de un comunicado de prensa, ratificó la existencia de un sumario administrativo, dispuesto por el ministro de Defensa, que fue resuelto por el jefe del Estado Mayor General, en ese momento el general Ricardo Martínez, actual comandante en jefe de la institución.

El objetivo de la indagatoria era aclarar la destrucción de documentación que se encontraba en dependencias de la Dirección de Inteligencia del Ejército (Dine).

“La investigación fue ordenada en enero 2016, para averiguar y esclarecer los hechos que dicen relación con el tratamiento regular que debió tener la documentación en poder de Dine de los años 1980 y 1982, designándose para tal efecto como fiscal a un oficial general”, indicó el Ejército en aquel comunicado.

Asimismo, se informó que, producto del tiempo transcurrido desde los hechos, jurídicamente “no resultaba posible decretar medidas disciplinarias en contra de los eventuales responsables, por encontrarse prescrita dicha responsabilidad administrativa”.

El comunicado de ese momento especificó también que “se efectuó un reproche ético y moral, respecto de la ocurrencia de estos hechos que contravienen la doctrina institucional, al no haberse dado cumplimiento a lo dispuesto reglamentariamente para la destrucción de documentación”. Lo anterior era porque no hubo ningún acta de las incineraciones de documentos.

La investigación fue también remitida al ministro en visita del 34° Juzgado del Crimen de Santiago, Alejandro Madrid.

En esa oportunidad, el entonces presidente de la Corte Suprema, Hugo Dolmestch, sostuvo que “judicialmente podría investigarse y acumularse dentro del contexto de los derechos humanos, porque podría ser un hecho que altere lo que hemos conocido hasta acá”.

Ahora, el oficio que el ex ministro Gómez envió a la Cámara el pasado viernes 9 ratifica que en esa investigación del Ejército “se señala que no existen los documentos y tampoco las actas de incineración, por lo cual se cometió una grave falta administrativa, que por los plazos de prescripción no es posible sancionar”.

Pero añade que, “sin embargo, la investigación sumaria administrativa determinó que se incineraron archivos en general, así que el resultado no se circunscribe a la documentación del homicidio del ex presidente Eduardo Frei Montalva”.

Por eso, indica, estos antecedentes podrían ser relevantes para otras causas.

Seguir leyendo