Universidades públicas no estatales: Fallo del TC "puede afectar seriamente la estabilidad del sistema"

A través de una declaración pública firmada por los nueves rectores que componen la instancia, el G9 manifestó su "profunda preocupación" por el fallo que dictó el martes pasado el Tribunal Constitucional (TC), cuando se declaró inconstitucional el artículo 63 de la Ley de Educación Superior, que prohíbe a las universidades tener sostenedores económicos con fines de lucro.

El organismo de universidades públicas no estatales aseguró que lo decidido por el TC abre un marco de incertidumbre y llamó además, a que las instituciones educacionales realicen su actividad académica "libres de todo control político o económico que pueda afectar el cumplimiento de su misión de servicio a la sociedad".

"Guardamos la esperanza que con prontitud se encuentren los mecanismos para asegurar el desarrollo y fortalecimiento del sistema de educación superior, y que la nueva institucionalidad oriente y promueva exclusivamente los fines nobles a que nos debemos las instituciones universitarias de nuestro país", dice la misiva firmada por el rector de la Universidad Técnica Federico Santa María, Darcy Fuenzalida; el rector de la Universidad Austral de Chile, Óscar Galindo; el rector de la Universidad Católica del Norte, Jorge Tabilo; el rector de la Pontificia Universidad Católica de Chile, Ignacio Sánchez; el rector de la Universidad de Concepción, Sergio Lavanchy; el rector de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Claudio Elórtegui; el rector de la Universidad Católica del Maule, Diego Durán; el rector de la Universidad Católica de la Santísima Concepción, Christian Schmitz; y el rector de la Universidad Católica de Temuco, Aliro Bórquez.

El G9 indicó además, que es un "consenso político y social" en el país, el hecho de que las universidades deban ser instituciones sin fines de lucro. Por lo que modificar este principio "puede afectar seriamente la estabilidad del sistema y generar incertidumbre en las comunidades". 

"Establecer la posibilidad expresa de control de universidades por parte de empresas o instituciones con fines de lucro, afecta la tradición de nuestro país en esta materia y abre un espacio que se consideraba superado con la nueva ley", se añade.