Vicario general de la Congregación de Hermanos Maristas: "Creo que no es aplicable en nuestro caso la palabra 'intervención'"

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Luis Carlos Gutiérrez, el "segundo" hombre del mundo de la Congregación Marista, en una de las oficinas de Chile.

Luis Carlos Gutiérrez, la segunda autoridad mundial de este instituto religioso, remecido por la investigación de más de una veintena de denuncias de abusos a menores, finaliza mañana su visita a Chile. Con La Tercera hace una evaluación del tema, aborda la expulsión de uno de los hermanos indagados y se refiere a la crisis que vive la Iglesia Católica chilena.


"Queremos saber la verdad. Hay total determinación y compromiso para lograr el absoluto esclarecimiento de estos hechos". Así se plantea Luis Carlos Gutiérrez, el vicario general de la Congregación de Hermanos Maristas -segunda autoridad mundial de esta entidad-, respecto de los eventuales abusos por parte de religiosos que se investigan penal y canónicamente en Chile.

Esta semana, de hecho, el día en que la delegación se reunió con un grupo de denunciantes, se informó la expulsión de uno de los hermanos denunciados: Abel Pérez.

Gutiérrez finaliza hoy su visita a Chile, junto a los consejeros generales Ken McDonald y Oscar Martín. Y accedió a responder por escrito un cuestionario a La Tercera respecto de la situación marista en el país.

¿Qué opinión existe en la jerarquía internacional marista de la forma como aquí se encaró el tema?

No es una opinión, sino un criterio de actuación: hemos seguido muy de cerca las decisiones y acciones de la Congregación en Chile. Se ha tomado un camino decidido y firme para buscar la verdad, acoger a las personas afectadas y colaborar irrestrictamente con los procesos investigativos en curso, civil y canónico. Públicamente, se han dado señales de estos compromisos ante la sociedad chilena en su conjunto, ante la Iglesia, ante las autoridades educacionales y muy especialmente ante las comunidades de nuestras obras educativas. Se han tomado medidas en materia de prevención y protección, promulgando y aplicando una política y protocolos de protección que han trascendido en el medio educativo, y ya hay varios otros colegios interesados en conocer y aplicar estos procedimientos.

¿Chile es un caso único o hay comunidades maristas de otros países con problemas similares?

Se trata de casos excepcionales en el contexto de la totalidad de los Hermanos Maristas, en Chile y en las demás comunidades del mundo donde han ocurrido. Son en la mayoría de décadas anteriores o en otros contextos socioculturales. Pero, por excepcionales que sean, no dejan de ser graves, de dolernos, y les prestamos toda la atención y apoyo necesarios. Estamos actuando y seguiremos haciéndolo para que la vida de ningún niño o niña se vea afectada por abusos. Nunca más.

En Chile, la congregación ha efectuado más de 14 denuncias a la fiscalía, que también indaga un mayor número de casos. ¿Cuál es su opinión de lo que ha ocurrido?

Efectivamente, la congregación en Chile ha efectuado las respectivas denuncias criminales a los organismos competentes en cuanto ha tenido conocimiento de hechos que revisten características de delito. Son denuncias que la propia institución ha llevado ante la justicia, como también ante el investigador canónico. Hemos instado a los denunciantes a comparecer en estos procesos investigativos para que ejerzan sus derechos. Entendemos que es doloroso para ellos, pero es fundamental que se establezca la verdad para hacer justicia, determinar responsabilidades y aplicar las sanciones que determine la ley o las que correspondan en el ámbito religioso. Es necesario realizar todo lo que sea posible por el bien de las víctimas y de la congregación. Esto es, profundizar en la verdad, indagar en las causas, avanzar en la prevención para que nunca más ocurran situaciones semejantes y reparar el dolor de las víctimas.

¿Ustedes, como delegación, sabían del decreto de la expulsión para el hermano Abel Pérez?

No, no lo sabíamos. Este jueves el hermano Saturnino Alonso, provincial, recibió la ratificación de la Santa Sede de la expulsión de Abel Pérez. Así se confirmó el decreto de expulsión presentado por la provincial a nuestro superior general, hermano Ernesto Sánchez, hace algunos meses. Se le ha informado y entregado este decreto al afectado, y se han iniciado los trámites para hacerlo efectivo en breve plazo.

La crisis general de la Iglesia en Chile, con todos los obispos renunciados y críticas del Papa a cómo se han manejado las denuncias de abusos, ¿incide en el caso marista?

Por supuesto, sobre todo en cuanto a criterios y sintonía. Se trata de un contexto de grave crisis y no podemos sustraernos a ello. Nuestros casos son diferentes y mucho más aislados, pero les queremos dar la mejor atención. Nosotros hemos tomado por nuestra cuenta la iniciativa de esta visita, en el marco de todos los procesos de atención a las víctimas ya citados. Pero también estamos atentos a la solución y determinaciones que tome el Papa Francisco, así como a sus mensajes y orientaciones.

¿Se ha descartado intervenir a los maristas en Chile o es todavía una posibilidad?

Creo que no es aplicable en nuestro caso la palabra intervención. Somos una comunidad de religiosos y en Chile esta comunidad está en un camino claro y concreto de verdad, perdón, reparación y reconciliación, de reconstruir la confianza y adoptar políticas y aplicar procedimientos que garanticen la protección de los niños.

Acá se ha hablado de posibles encubrimientos institucionales y de una eventual asociación ilícita...

Con la información disponible no es posible llegar a esa conclusión, ni creo que exista ni haya existido una asociación con ese fin. Sin embargo, queremos la verdad y, si existen sospechas, se investigarán. Si ha habido errores de procedimiento y de diligencia para actuar, también hay que reconocerlos e identificarlos. Sé que se están aplicando protocolos actualizados para atender todas las dimensiones de estas complejas situaciones. Entiendo que hemos sido los primeros en denunciar ante la justicia civil y canónica. En los casos que hubo suficientes antecedentes y convicción, se solicitó la expulsión de religiosos. Y desde mediados del año pasado se ha acompañado a cada persona que se ha declarado víctima, con asistencia sicológica, legal y espiritual, cuando lo han aceptado. No me corresponde opinar respecto de las acusaciones por respeto a las víctimas. Serán los tribunales de justicia o eclesiásticos quienes deberán dilucidar la efectividad de lo expuesto por aquellos que manifestaron ser víctimas.

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