Alfredo Martin, presidente de notarios,conservadores y archiveros judiciales: “Es acertado revivir el proyecto”

Autor: Pamela Jimeno

Alfredo Martin, presidente de la Asociación de Notarios.

"En nuestra opinión, es posible eliminar algunos actos que no requieren presencialidad y reemplazarlos por una actuación electrónica", afirma.


Al año se firman más de cuatro millones de documentos electrónicos en el sistema notarial y registral chileno.

“Nuestro sector inició en 2010 la incorporación progresiva de uso de tecnología, proceso en que el uso de la firma electrónica ha sido clave, pese a que ha sido voluntario. Por eso, consideramos una muy buena señal que el nuevo gobierno retome los proyectos de ley que dejó el ex ministro Ribera en el Congreso, porque ahí se establece la obligación de usar la firma electrónica en muchos de los actos jurídicos”, dice el presidente de la Asociación de Notarios, Conservadores y Archiveros Judiciales, Alfredo Martin.

¿No le complica a su gremio que el nuevo gobierno quiera retomar su reforma?

Se ha dicho siempre que hicimos un fuerte lobby para evitar una reforma y no es así. Desde el anterior gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet fuimos proactivos en proponer cambios, ideas para modernizar nuestra actividad, corregir falencias, buscar nuevos servicios, mejorar la gestión. Lo mismo hicimos en el anterior gobierno del Presidente Piñera. Nunca nos hemos opuesto a estos proyectos.

¿Por qué no ha avanzado un cambio legal entonces?

Porque al parecer no ha habido voluntad política ni de las distintas administraciones ni del Congreso para avanzar. Los cambios de ministros y las decisiones que han tomado quienes los han reemplazado han dilatado la tramitación. Nosotros hemos ido y pedido reuniones con cada autoridad involucrada para avanzar.

¿El proyecto actual es el idóneo o puede mejorar?

El proyecto plantea la creación de un Folio Real y hace seis años que tenemos el diseño para eso. Además, tenemos un Repositorio Digital que permite la interoperabilidad entre instituciones y lo hicimos de manera voluntaria. Tenemos una Central de Poderes ya diseñada. Tenemos trámites en línea, por ejemplo, para tener certeza sobre las autorizaciones para que menores de edad salgan del país y que está en conexión con la Policía de Investigaciones. Establecer la obligación de usar la firma electrónica y sus herramientas es importante para seguir modernizándonos, pero en lo que discrepamos del proyecto es que la digitalización de los actos jurídicos signifique terminar con sus copias en papel. Eso no es viable. Por la naturaleza de nuestra labor y el rol que cumplimos, no es posible dejar todo en manos de una plataforma o un archivo digital pues hay muchas actuaciones que requieren precisamente la solicitud y aceptación presencial de las partes.

¿Una actuación digital no garantiza la certeza que requieren los actos jurídicos?

En nuestra opinión, es posible eliminar algunos actos que no requieren presencialidad y reemplazarlos por una actuación electrónica. Pero no se puede eliminar la presencialidad en los actos que tienen trascendencia, significancia patrimonial, porque hay cuestiones que exigen la verificación y la seguridad de que las decisiones que se están tomando son voluntarias y no inducidas o forzadas. También se requiere un cambio cultural y que el acceso a tecnología esté disponible para todos los lugares y habitantes del país. No es necesario que nos impongan plataformas, ya tenemos los desarrollos de sistemas adecuados. Sólo necesitamos que se dicte una norma que haga obligatorio su uso.

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