Fideicomisos: La primera tarea del nuevo gabinete

En medio del ambiente de celebración que se vivió la mañana del martes 23 de enero en el ex Congreso Nacional, una vez conocidos oficialmente los nombres que compondrán el futuro gabinete, ya en privado y sin las cámaras de TV, el presidente electo Sebastián Piñera le entregó un claro mensaje a sus colaboradores. Según algunos de los presentes, les dijo que todos ellos han construido su propia historia y tienen que estar orgullosos de lo conseguido, pues esa experiencia será vital en la misión que se les viene por delante.

No era una frase cualquiera, iba en directa relación con lo que enfrentarían varios de los ministros tras el protocolo de la nominación: preguntas sobre su situación patrimonial, cuestionamientos respecto de sus intereses en el mundo privado y los resguardos que deberían tomar con sus inversiones.

Y aunque Piñera no les hizo una advertencia directa ni dio instrucciones al respecto, de alguna manera con el manejo que anunció para sus propias inversiones, dejó claro los márgenes de acción que deben seguir los ministros que están vinculados al mundo de los negocios: cumplir la ley, e incluso ir más allá de ella.

En mayo del año pasado, el actual presidente electo anunció que tanto él como su esposa constituirán fideicomisos ciegos para todas las sociedades anónimas que poseen, tanto en Chile como en el extranjero. Además, señaló que sus hijos también se acogerán al mandato de administración de cartera voluntarios para todas sus inversiones en acciones de Sociedades Anónimas Abiertas que se transen en las bolsas chilenas. Junto con esto, detalló que, adicionalmente, sus hijos "se van a abstener de hacer inversiones que puedan significar cualquier asomo de conflicto de interés", indicó en la oportunidad.

Por eso, varios integrantes del nuevo gabinete han aprovechado la temporada estival para comenzar a trabajar en las acciones que deben seguir para cumplir con la Ley 20.880 de Probidad en la Función Pública y Prevención de Conflictos de Interés.

La norma que fue perfeccionada el año 2016, obliga al Presidente de la República, ministros de Estado, subsecretarios, diputados y senadores, contralor general de la República, intendentes, gobernadores, consejeros regionales, alcaldes y jefes superiores de entidades fiscalizadoras a hacer una declaración de patrimonio e intereses, que debe realizarse en los 30 días siguientes desde la fecha de asunción al cargo, y que debe actualizarla anualmente, durante el mes de marzo, y dentro de los treinta días posteriores a concluir sus funciones.

La norma también impone exigencias para aquellas autoridades que posean un patrimonio bursátil constituido en Chile que supere las UF 25.000 o $ 670 millones o US$ 1,12 millones. Textualmente, la Ley dice que quienes "sean titulares de acciones de sociedades anónimas abiertas, opciones a la compra y venta de tales acciones, bonos, debentures y demás títulos de oferta pública representativos de capital o de deuda que sean emitidos por entidades constituidas en Chile, que se encuentren inscritas en los registros de valores que llevan las Superintendencias de Valores y Seguros y de Bancos e Instituciones Financieras, y cuyo valor total supere las 25.000 UF, deberán optar por una de las siguientes alternativas respecto de tales acciones y valores".

La primera alternativa, dice la Ley, para quienes cumplan este requisito, es constituir un mandato de administración para esos bienes, también llamado fideicomiso. La segunda opción es "vender las acciones y valores a que se refiere este Capítulo, al menos, en lo que exceda a dicho monto", y agrega que en caso de tomar este último camino, el producto de la enajenación efectuada "no podrá destinarse a la adquisición de los valores a que se refiere dicho inciso".

Todo esto debe estar oficializado en un plazo máximo de 90 días corridos posteriores a la asunción del cargo.

Establecer un mandato de administración sería la figura que estarían, hasta ahora, trabajando los futuros ministros de Desarrollo Social, Alfredo Moreno, y de Hacienda, Felipe Larraín. En el gobierno de Michelle Bachelet solo un integrante de su gabinete tuvo que realizar la operación: Máximo Pacheco, ministro de Energía, que al asumir, en marzo de 2014, optó por utilizar voluntariamente un fideicomiso para sus bienes, que en ese entonces alcanzaban los US$ 22 millones.

Lo mismo hizo el propio Moreno el año 2010 al asumir el cargo de canciller en el primer mandato de Piñera. En la oportunidad, también de manera voluntaria, firmó un mandato de administración discrecional de cartera con IM Trust por $ 30.400 millones (unos US$ 50 millones). Al dejar el gobierno, el año 2014, dicho fideicomiso llegaba a $ 22.231 millones (US$ 37 millones), debido a un retiro que se realizó durante el período.

En su declaración de patrimonio del año 2014, el empresario también indicó que contaba con fondos mutuos por $ 211 millones en Banco Penta y $ 123 millones en Scotiabank. Además, contaba con $ 237 millones en acciones de Cruzados, $ 59 millones en Parque Arauco y $ 41 millones en Security, entre otros títulos.

Hoy Moreno, cuentan cercanos al empresario, está decidido a seguir el ejemplo de Piñera y realizar un fideicomiso ciego para sus inversiones nacionales y también para los activos que posee en el extranjero, pese a que la Ley sólo impone obligaciones para las inversiones en Chile. Lo más probable es que contrate a un solo banco de inversión para que administre toda su cartera, en Chile y en el extranjero, pero aún no define quién se llevará el mandato.

La lista de instituciones financieras que desarrollan esta labor no es muy larga. Según el detalle que está inscrito en la SVS, están las corredoras de Security, Credicorp, Moneda, Fynsa, LarrainVial y MCC. Además, están las Administradoras General de Fondos (AGF) de BCI, Banchile, Ameris, Visión, BTGPactual, CHG, Compass, Falcom, MBI, Picton y Santander, junto con las AGF de Moneda, LarrainVial y Credicorp. Por el lado de los bancos solo está el BICE.

Por su parte, Felipe Larraín también está evaluando alternativas, aunque, según señalan cercanos al futuro ministro, ya estaría decidido a diseñar un mandato para la administración de sus activos. El economista seguirá al pie de la letra lo que mandata la ley, dice un cercano suyo, y para eso actualmente se encuentra trabajando el tema con sus abogados.

En marzo de 2014, al salir del gobierno de Piñera, Larraín declaró que poseía $ 26 millones en acciones de Deporte Club Golf de Santiago. Además de distintos porcentajes de propiedad en 18 sociedades como Viña Quintay y Viñedos Valle de Casablanca e inversiones inmobiliarias como Casas de la Laguna e inmobiliaria Doña Marta, entre otros.

La venta de activos también es un mecanismo que hoy están estudiando varios ministros. Es el caso del doctor Emilio Santelices, quien posee entre 20.000 y 25 mil acciones en Clínica Las Condes, las que espera enajenar (entre US$ 1,2 y US$ 1,5 millones al precio del viernes). El trabajo lo está realizando a través del BCI y podría materializarse en las próximas semanas, cuentan cercanos al futuro ministro de Salud.

La decisión corrobora sus primeras declaraciones que entregó cuando fue nominado por Piñera a su nuevo reto: "Lo que sí es claro es que a partir del 11 de marzo no tendré ningún tipo de control ni relación con esas acciones".

El nuevo ministro de Agricultura, Antonio Walker, tiene una trayectoria de más de 30 años vinculado con la producción y exportación de fruta. Se trata de la Agropecuaria Walter Prieto (Wapri), empresa familiar que se creó en 1988. Hoy, según su página web, cuenta con 525 hectáreas plantadas de huertos de manzanos, cerezos y perales y da trabajo a cerca de 500 personas en períodos de cosecha.

El propio Walker señaló cuando asumió que el tema lo estaba viendo su abogado y que según sus conocimientos "la ley me permite seguir con mis agrícolas, pero no administrándolas".

José Ramón Valente, futuro ministro de Economía, es una de las nuevas figuras que ingresa a la arena política y sobre quien ha estado puesto el foco de atención, dada su calidad de empresario y director de empresas.

Respecto a este último punto, en el círculo cercano del economista señalan que ya envió todas las cartas de renuncia a los directorios en los que participa: Soprole, Telefónica, Cementos Bío Bío, Banmédica, Transelec, Brookfield, Penta Vida, UDD y Club El Golf 50, en estos dos últimos participaba ad honorem.

La formalización de la salida de esos directorios se producirá en las próximas semanas, a medida que vayan sesionando.

Otro de los temas que debe resolver Valente, y en el cual está trabajando, es la venta de su participación en Econsult y sus inversiones. En este sentido señala que "es una estructura simple y, por lo tanto, simple de deshacer".

Dentro de lo más simple está una participación que tiene en el Club de Tenis del Santuario del Valle, ubicado junto a la urbanización del mismo nombre, la cual venderá.

También enajenará su participación en Econsult (donde es el socio con mayor participación). Cercanos comentaron que ya está en conversaciones con los socios para ver el mecanismo de venta.

Valente, que ha estimado su patrimonio total en cerca de $ 15 mil millones (unos US$ 25 millones) no posee acciones en Chile, por lo cual no tendrá que hacer un fideicomiso ciego.

Fuera de Chile tiene renta fija e invierte en índices accionarios. "Una vez que venda su participación en Econsult y el club de tenis, esos dineros los invertirá de la misma manera que hoy invierte sus ahorros en el extranjero, en fondos de renta fija e índices accionario principalmente. Obviamente, tras el pago de todos los impuestos", indican cercanos al economista.

La declaración de patrimonio incluirá también su casa en Santiago y otra que posee en Santo Domingo.

El futuro ministro de Educación, el abogado Gerardo Varela, es otro de los personeros del futuro gobierno que está por estos días trabajando en su declaración de patrimonio y tomando decisiones sobre lo que hará con sus inversiones.

Ha dicho a quienes están colaborando con él que tiene claro que el punto clave es que sus inversiones no impliquen algún tipo de conflicto de interés con el cargo.

Señalan sus asesores que no tiene obligación legal de hacer fideicomiso, porque vendió las acciones por sobre los 25 mil UF que establece la ley. Mantiene inversiones en fondos e instrumentos de inversión y bienes raíces. Según cálculos, su patrimonio ascendería a cerca de $ 4 mil millones, unos US$ 7 millones. Respecto al dinero que obtendrá con la venta de las acciones, lo invertirá en lo que la ley permite: depósitos a plazo e inversiones en el extranjero.

Desde su círculo indican que no tiene participación en ninguna sociedad anónima ni limitada que le pueda implicar un conflicto de interés. Pese a ello, ya encomendó que se hiciera un levantamiento de escrituras donde él ha participado en su rol de abogado, para cerciorarse de que no mantiene vínculos con ninguna sociedad, y si es así, se saldrá de ellas.

También venderá su participación en el Estudio Cariola, Diez, Pérez-Cotapos & Compañía, la que se concretará a la vuelta de las vacaciones. Además venderá su participación minoritaria en Senegocia.com, mientras que ya enajenó el porcentaje de propiedad que tenía en el medio electrónico El Líbero.