Abren causa penal a ex jefe de finanzas del Minsal por fraude de más de US$ 1 millón

Una plataforma tecnológica para el sitio web del Compin, que permitiría a los usuarios acceder a dictámenes de invalidez y certificaciones de discapacidad, además de la instalación tecnológica para presentar reclamos contra isapres quedaron truncos en el Ministerio de Salud.

Esto, porque se descubrieron irregularidades en el proceso de compra del software y los productos que realizarían los servicios antes mencionados entre los que, además, estaba la instalación de un servicio en línea a través de las Seremis de Salud, para obtener autorizaciones sanitarias, certificados y otros.

Los hechos fueron denunciados por el subsecretario de Salud Pública, Jorge Díaz, ante la Fiscalía Centro Norte. La Unidad de Delitos de Alta Complejidad abrió una investigación penal, por los delitos de fraude al Fisco y cohecho.

Según el sumario administrativo realizado a fines del año pasado, al que tuvo acceso La Tercera, las anomalías surgieron durante el proceso de adquisición de este servicio que se hizo por compra directa a la empresa Vixion Group Spa, a fines de 2011.

La idea, según algunos funcionarios que declararon en el proceso, era que ese proyecto se ejecutara con el presupuesto que el Minsal tenía para el 2011 y no pasar el costo de la iniciativa para el año siguiente.

En la indagatoria administrativa se detectó un perjuicio al Fisco por cerca de US$ 1.280.000 ($ 601.666.000), monto que se canceló a la firma oferente, sin que ésta hasta el día de hoy -según la denuncia- ponga en ejecución los softwares y productos establecidos en el contrato.

Según fuentes de esa cartera, la mayor irregularidad que se habría cometido es que se firmó un contrato distinto al que generalmente se realiza en el Ministerio de Salud, debido a que "en el sector público se debe pagar cuando el producto está entregado y no antes, como se hizo acá, sin una garantía de por medio".

El jefe de finanzas

El sumario imputa responsabilidad directa al que en esa época era el jefe de la División de Administración y Finanzas, el ingeniero Fernando Sandoval, debido a que -según la resolución- el directivo no veló porque junto al pago del 50% que habría solicitado la empresa Vixion, se verificara la instalación de la tecnología adquirida.

"Existen irregularidades graves que se aprecian en la imprecisión y celebración de contratos suscritos", dice la investigación interna.

Asimismo, sobre el actuar del ex jefe de finanzas -quien tras visar el pago de más de cerca de US$ 1.280.000 a Vixion Group renunció a su cargo a mediados del 2012-, el sumario del Ministerio de Salud dice que "la presión existente por parte del señor Fernando Sandoval para apresurar la firma del contrato y el pago de éstos generaron un daño patrimonial de cuantiosa cantidad".

En este proceso se critica, además, no haber ejercido su función de custodia de los bienes fiscales y se establece que "existen presunciones graves de un daño patrimonial al Fisco de un monto superior al millón de dólares".

Todos estos antecedentes están en manos del Consejo de Defensa del Estado (CDE), organismo que evalúa querellarse.

Consultado por esta investigación penal que se abrió en su contra y los cargos del sumario del Minsal que dan cuenta de "faltas a la probidad", el ingeniero Fernando Sandoval sostuvo su inocencia. Agregó que demostrará que todas las sospechas en su contra son falsas y que lo dejará en claro en las instancias que correspondan.

Sobre su abrupta salida del servicio, antes que incluso se detectara el presunto fraude, respondió que "me aburrí del servicio público y su mediocridad. Volví al ámbito privado, actualmente me desempeño en una empresa de emprendimiento en asesorías de finanzas".

La empresa aludida en la causa penal que abrió el Ministerio Público declinó referirse al respecto, pues señalaron que desconocen la apertura de la investigación penal que los involucra.

Sobre el sumario del Ministerio de Salud, un representante de Vixion Group expresó que ellos no fueron invitados a declarar en la indagatoria administrativa y precisaron que desde que se detectó la presunta irregularidad, no habrían tenido contacto con la autoridad sanitaria.