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Actualizado el 13/08/2017
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El acta que selló el destino del aborto terapéutico

Autor: Ignacio Bazán

Fue un gallito entre Armada y Fuerza Aérea. Mientras el almirante José Toribio Merino era partidario de modificar el Código Sanitario que permitía el aborto terapéutico, el comandante de la Fach, Fernando Matthei, se oponía. Parte de este debate será revisado esta semana por el TC, que decidirá el destino del proyecto de aborto en sus tres causales.

El acta que selló el destino del aborto terapéutico

En 1980, nueve años antes de que el aborto terapéutico fuera modificado para quedar prohibido en una de las últimas sesiones legislativas de la Junta Militar, Fernando Matthei, comandante de la Fach, había jugado un rol clave en otra discusión que tiene efectos hasta el día de hoy. Esa vez, Matthei apoyó al entonces ministro del Trabajo y Previsión, José Piñera, para llevar adelante su plan de dejar atrás el sistema de cajas repartidoras de pensiones para dar paso a un nuevo sistema: el de las AFP.

Pinochet no estaba seguro de que una cantidad enorme de dinero del trabajo de todos los chilenos pasara a manos de los empresarios. Matthei, en una entrevista de 2015, recuerda que lo dejó pensando con el siguiente argumento. “Le pregunté si quería que las pensiones de todos los chilenos fueran manejadas por los políticos”, recordó. En las sesiones de la junta, ese apoyo de Matthei a Piñera terminó siendo determinante, para algunos para bien, para otros para mal.

La gran derrota legislativa de Matthei vino en 1989, nueve años más tarde. Poco antes, a instancias del almirante José Toribio Merino, fue presentada una moción con fecha 8 de julio de 1988 para cambiar el Código Sanitario que apuntaba a endurecer la legislación sobre el aborto. Ese año, Merino perdió. De las cuatro comisiones legislativas de la junta, solo la de la Armada aprobó la idea de legislar, luego de que se presentaran varios estudios que se pidieron a diversos académicos. Pero el 89 la historia fue diferente. Matthei se resistió hasta el final, incluso exponiendo sobre una experiencia personal: el aborto terapéutico por el que tuvo que pasar, en 1954, con cuatro meses de embarazo, su esposa de entonces, Elda Fornet.

Nada de eso fue suficiente. Y Matthei, reticentemente, aprobó el cambio en la ley al que también se plegaron el Ejército y Carabineros, además de la Armada, encabezada por Merino, la que desde el año anterior buscaba hacer el aborto más restrictivo.
Esta semana, luego de que parlamentarios de Chile Vamos acudieran al Tribunal Constitucional para que revise la supuesta inconstitucionalidad del proyecto que despenaliza el aborto en sus tres causales aprobado en el Congreso, las actas de la junta en que el aborto terapéutico volvió a ser penalizado en 1989 seguramente serán revisitadas por los ministros del TC.

El debate

Una de las razones que tuvo Merino para pujar por un cambio en la ley tuvo que ver con la presión que ejerció el entonces obispo de Rancagua, Jorge Medina, quien por esos años le daba una urgencia incluso política al cambio en la ley. Medina le escribía a la junta: “Recuerdo que en tiempo de la Unidad Popular este [el aborto terapéutico] fue el camino para realizar abortos bajo el amparo legal. Es posible que no exista otra oportunidad para enmendar el rumbo de una legislación que contradice la moral cristiana y cuyos efectos pueden ser nefastos para la vigencia de los grandes valores que forman el alma nacional y pienso que Uds. tienen una ocasión única para librar a la sociedad chilena de tan infamante práctica. (…) Movido por esta preocupación y no queriendo que en Chile lleguemos a situaciones que hoy ocurren en países desarrollados y que constituyen un atentado a la persona humana y contra los valores más esenciales de la cultura occidental cristiana de nuestros antepasados, me he permitido escribirles para que evitemos en nuestra querida patria uno de los males más horrendos que hoy envilecen al mundo, haciendo así honor a los principios que el Supremo Gobierno ha enunciado desde 1973”.

En informes antes de legislar se notaron las distintas sensibilidades de los generales de las FF.AA. Mientras Merino pedía informes sobre el tema a académicos de la UC, y autoridades de la Iglesia Católica, Matthei lo hacía con las iglesias protestantes de corte europeo, como la anglicana y la luterana, ambas de una aproximación más liberal en términos de concepción.

Uno de los informes pedidos por Merino fue al doctor Alejandro Serani, profesor de ética médica de la UC, cirujano de la U. de Chile y doctor en filosofía de la universidad de Toulouse. Serani planteaba que incluso las pastillas anticonceptivas serían abortivas. Serani escribía: “Es importante señalar, para efectos de proponer una solución a este problema, que no existe una relación directa estrecha entre instrucción escolar o nivel socioeconómico, y conocimiento moral, pudiendo coexistir en una persona una alta instrucción intelectual con una pobrísima formación moral. Una forma particular y frecuente de ignorancia la encontramos en mujeres que utilizan medios contraceptivos que actúan por un mecanismo abortivo, como los dispositivos intrauterinos y varios de los contraceptivos orales que se utilizan en la actualidad. Esto, porque el médico no se lo explicó, porque ignora el tipo de “tratamiento para no tener familia” que le puso el médico o porque el mismo médico ignora o subestima el efecto abortivo”.

Uno de los informes recibidos por Matthei y escrito por Julio Lajtonyi, el presidente de la Iglesia Luterana en Chile ese entonces, apunta en una dirección totalmente diferente.
“Un ejemplo ilustrativo”, escribe Lajtonyi a la junta. “Un médico que se ve en la obligación de amputar una pierna gangrenosa de un paciente, probablemente no se sentirá muy feliz. Su sueño habría sido salvar al paciente y su pierna. Aquello habría sido lo “bueno”. Pero la situación real sólo le permite elegir entre dos males: dejar morir al paciente o amputarle la pierna. Lo último será el “mal menor”. Si el médico se negara a amputar la pierna, aduciendo que no es “bueno” mutilar a una persona, sólo habría elegido el mal mayor: dejar morir al paciente”.

Matthei también pidió un informe a José Luis Silva, de la Iglesia Evangélica Pentecostal, quien no dejó espacio para dobles lecturas: “Conforme a la Palabra de Dios, nuestra Iglesia estima que el aborto es un crimen, ya que se está torciendo la voluntad divina al expulsar del vientre materno una vida que está en plena formación”.
Aún así, la posición de Matthei, cómo se verá en los siguientes extractos de las actas, era mucho más cercana a la que postulaba el presidente de la Iglesia Luterana.

La discusión

Acta del 17 de agosto de 1989. Tras una discusión sobre las situaciones de riesgo de la vida de la madre, Matthei interpela al ministro de Salud, Manuel Concha, sobre si los abortos terapéuticos se hacen en la red de salud pública en Chile.

MINISTRO DE SALUD. Los informes médicos recientemente mencionados, señor almirante, son, uno, del jefe de la parte obstétrica y maternidad, doctor Mena, de la Universidad de Chile, que dice que en los últimos 18 años no se ha realizado ningún aborto terapéutico en el Hospital Clínico José Joaquín Aguirre. Y el otro es de Alfredo Pérez Sánchez, de la Clínica de la Universidad Católica, que manifiesta que en los últimos 21 años tampoco ha sido necesario practicar ningún aborto terapéutico. Según entiendo, esos son los casos concretos aludidos.

GENERAL MATTHEI. ¿Y eso es efectivo en todo el país?

GENERAL STANGE. No, no es así.

GENERAL MATTHEI. Perdón, le pregunté al ministro de Salud.

MINISTRO DE SALUD. De acuerdo a nuestros registros, el último aborto terapéutico se realizó hace ocho años. Después de ese lapso no se han practicado.

GENERAL MATTHEI. O sea, entonces, esto no sería un problema de salud.

MINISTRO DE SALUD. No sería un problema práctico en el ejercicio de la salud de los hospitales del Estado, en este momento.

GENERAL MATTHEI. Bien, conforme, señor ministro, si usted me asegura que eso es así, estoy dispuesto…

Matthei continúa preguntando para qué cambiar la ley si el aborto terapéutico no se realiza hace años en Chile. Manuel Concha, el ministro de Salud, aporta otro dato: en 1987 llegaron 22 mil mujeres a los hospitales con abortos a medio hacer, mujeres a las que hubo que atenderlas para que no murieran.

GENERAL MATTHEI. ¿Y eso se puede erradicar con esta ley?

MINISTRO DE SALUD. Sin duda que sí. Yo siempre lo entendí así, porque si no sería una obstrucción gravísima…

GENERAL MATTHEI. Pregunto: ¿Con esto, usted va a eliminar esos 22 mil abortos?

MINISTRO DE SALUD. Eso es absolutamente imposible.

GENERAL MATTHEI. Porque llevará a 22 mil mujeres a la cárcel.

MINISTRO DE SALUD. No, en ningún caso.

GENERAL MATTHEI. Entonces, esto no tendría efecto práctico. Si aquí estamos eliminando el aborto terapéutico y este no se practica en Chile hace ocho años, estamos suprimiendo algo que no se hace, o sea, esta ley en proyecto no tiene trascendencia alguna en la práctica. En el fondo, será una ley sin importancia práctica.

ALMIRANTE MERINO. Pero se continúan haciendo abortos.

GENERAL MATTHEI. Y se seguirán realizando.

Esa es la tesis principal de Matthei: la ley no evitará que los abortos sigan ocurriendo. En un último intento por convencer al resto de la junta, dice: “Me interesa mucho que no nos vaya a pasar lo que le sucedió a un querido y respetado amigo nuestro, el arzobispo de Valparaíso, cuando prohibió los bikinis: las niñas se fueron, muertas de la risa, a la playa siguiente. Entonces, me inquieta enormemente que estemos haciendo aquí lo de nuestro arzobispo de Valparaíso, con el mismo resultado: que la gente se ría y continúe haciendo lo mismo nomás. Cuando se promulgan leyes que después no se cumplen, se desprestigia todo el sistema legal de un país. Si nos dicen aquí que el aborto terapéutico no se practica desde hace 20 años, y queremos aprobar una ley que suprime algo que no existe y, sin embargo, siguen 20 mil o 100 mil abortos anuales y esto no afectará eso, estamos haciendo una ley que no cautelará nada”.

La ley, que fue finalmente aprobada por Merino, Rodolfo Stange (Carabineros), Humberto Gordon (Ejército) y un Matthei a regañadientes, se publicó el 15 de septiembre de 1989, terminando con la posibilidad de ejecutar abortos terapéuticos. Tres meses después, Patricio Aylwin ganaría la primera elección presidencial tras el retorno de la democracia.

Después de 28 años, el TC terminará de zanjar la discusión.

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