Alejandro Solís: "Si se da publicidad a los testimonios, se debe tener consentimiento de la víctima"

El ex ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago Alejandro Solís fue uno de los primeros magistrados en dictar condenas y procesamientos en contra de los miembros de la cúpula de la Dirección Nacional de Informaciones (Dina). En específico, a su director, el fallecido Manuel Contreras, y muchos de los ex oficiales que condenó están hoy en Punta Peuco.

En su despacho, en el cuarto piso del ala oriente del Palacio de Tribunales, fueron careados e interrogados ex miembros del Ejército y los organismos del régimen militar involucrados en los casos Villa Grimaldi o el asesinato de Carlos Prats. Ahora se desempeña como coordinador de la Unidad de DD.HH. del Ministerio de Defensa, donde debe supervigilar la entrega de antecedentes que son requeridos por los jueces.

¿Fue difícil indagar estos casos?

Sí, pero fue un trabajo delicado, que había que hacerlo con mucha prudencia para no crear alarma publica. En eso tuve una especial preocupación.

¿Recibió llamados para parar alguna resolución o para saber cómo venía algún fallo?

No, recuerdo más bien una anécdota. Uno de los generales condenados por mí, una vez me dijo "bueno, espero que algún día nos encontremos, porque a lo mejor se da vuelta la tortilla". Esto lo tomé como un chiste.

¿Cree que el Ejército entregó toda la información que poseía?

Prefiero no opinar sobre este tema.

¿Por qué?

Porque si es una cosa u otra, voy a estar predicando algo que no me consta (...) Bueno, pueden haber, no estoy diciendo que haya, pero pueden existir antecedentes que no se han solicitado o no se han sabido pedir.

¿Sería un error ser tan tajante en una afirmación de ese tipo?

Por eso es que yo evito dar una opinión rotunda sobre esto.

Cuando usted era juez, ¿era muy complejo, había muchas trabas para obtener información?

No, diría que en mi tiempo se ganó la rapidez de la respuesta. Ahora, el contenido del informe es el que a veces me merecía dudas. Me preguntaba: ¿cómo puede ser que no tengan antecedentes de esto?

Usted era juez cuando se realizó la Comisión Valech. Cuando se anunció, ¿pensó que esos antecedentes servirían para los procesos?

Sí, el primer pensamiento fue que eso iba a ayudar mucho en el trabajo. En eso me sirvió, para juntar antecedentes condenatorios.

¿Y qué pasó con el secreto? Porque también se estableció que duraría 50 años.

Sí. El secreto hay que tomarlo como una medida política. Se trataba, aparentemente, de una conversación que hubo con los altos jefes del Ejército de modo de no difundir casos especiales respecto a DD.HH., y de ahí la justificación de los 50 años, para que cuando se sepa esto ni las víctimas o el victimario estén vivos. Pero de alguna manera las cosas se iban filtrando, siempre había unos antecedentes que permitían agarrar esta hebra y empezar a conseguir información.

¿Se debe levantar esta reserva?

Yo diría que por razones, no sé si llamarlas éticas o morales, conviene que el pueblo de Chile sepa lo que ocurrió en cierto período de su historia.

¿Un juez puede llegar a esos antecedentes de otra manera que no sea terminar con el secreto?

No, yo creo que no. Porque son documentos oficiales o declaraciones oficiales.

¿Y usted está de acuerdo?

Yo creo que sí, de todas maneras. La ciudadanía tiene el derecho a saber lo que pasó (...) La idea mía, por lo menos, es que si se da publicidad a estos testimonios, debe ser con el consentimiento, la voluntad de la víctima.

¿Le tienen que preguntar a cada afectado?

Creo que sí, porque si no están afectando su dignidad, su memoria, sus recuerdos:'Oiga, usted dijo tal cosa, podríamos contar lo que usted dijo, sí o no', punto. Así de simple. Levantar el secreto con el consentimiento de la persona que dio el testimonio.

Estos antecedentes no serán públicos, sino que están destinado a la consulta de los magistrados. ¿Quién debería consultarle al afectado si da la autorización?

El mismo juez. Decir 'tengo esta declaración que prestó usted tal fecha, quiero saber si me la puede repetir para incorporarla a mi trabajo'. Si dice que sí, se acabó el problema.

Pero si se niega, ¿no la podría incorporar al expediente?

No, es un atentado contra la fe pública. (...) Muchos han dicho 'yo no quiero que mi familia sepa lo que me hicieron, por eso que no quiero hablar de lo que me pasó'. Es una cosa muy razonable, muy humana.

¿Debe existir Punta Peuco?

Yo diría que en su momento, esto fue con Ricardo Lagos si no me equivoco, lo adecuado era que no estuvieran (los ex miembros de las FF.AA.) con los reos comunes. Una medida de seguridad a lo mejor, pero después pareciera que se ha ido diluyendo este eventual problema y llegará un momento en el que pueden estar en la cárcel común, pero en un espacio reservado para ellos.

¿Segregados?

De todas maneras, claro, porque no sabemos si es que otros condenados que pueden estar ahí, puedan ser parientes o afectados por los actos de las FF.AA.

¿Qué opina de las críticas de que hay ex uniformados condenados con problemas graves de salud y de avanzada edad?

De partida, cualquier beneficio que se les quisiera otorgar por ese problema tendría que ser metido en la ley, para todos los sentenciados que estén en las mismas condiciones. Que no sea exclusivamente a los mayores de 75 años que están en Punta Peuco, que sea para todo Chile. Una ley con fundamentos y reglamentos.

Si se llega a aplicar solo a reos de ese penal, ¿que se generaría?

Una discriminación absurda: el que está preso por razones políticas tendría más beneficios que el reo común, y no puede ser.