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Actualizado el 31/10/2010
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Andres Velasco: La administración Piñera “optó por una senda de menor rigor fiscal que el gobierno anterior”

Autor: Julio Nahuelhual

"Esto de que el gasto tiene que crecer siempre menos que el producto no es más que una consigna que han adoptado quienes quieren achicar el Estado a toda costa".

Andres Velasco: La administración Piñera “optó por una senda de menor rigor fiscal que el gobierno anterior”

Fueron siete meses y tres semanas de un celoso y cuidado bajo perfil. Durante ese período, Andrés Velasco Brañes cumplió 50 años, vio nacer a su tercer hijo, Gaspar, y encontró algo más de tiempo libre. “Algo más de tiempo me queda para trotar, pero nunca es suficiente”, cuenta el ex ministro de Hacienda de Bachelet luego de un extenso viaje de trabajo por Alemania y Brasil.

En entrevista con La Tercera, Velasco entra al debate sobre el primer Presupuesto de Piñera y destaca los elogios a la regla fiscal del economista de Harvard Jeffrey Frankel en su reciente visita a Chile. “Esa actitud contrasta con los reclamos de un cierto sector político en Chile”, afirma Velasco, quien evita referirse a críticas de algunos legisladores de la oposición sobre su escasa participación en el debate presupuestario.

El nuevo gobierno transmitió la noción de que, más allá del combate a la crisis mundial, el año pasado hubo cierto despilfarro de recursos públicos y el propio Piñera dijo que en 2009 la Concertación quebró la norma de seriedad presupuestaria “a través de contabilidad imaginativa”. ¿Qué responde a esas críticas?
Chile es un país serio, en que no se gasta ni un peso sin que el Congreso primero lo apruebe y la Contraloría después lo fiscalice. Quien hable de despilfarro tiene que estar en condiciones de detallar qué gasto aprobó el Congreso que no era prudente o qué norma se transgredió y por qué la Contraloría no lo hizo ver. Sin ese respaldo, tales dichos no sólo resultan injustos, sino que infundados. Politizan una discusión que debería hacerse con seriedad.

El comité asesor liderado por Vittorio Corbo recalculó el balance fiscal estructural 2009, con lo cual el gobierno de Bachelet le habría entregado a la nueva administración un déficit estructural del PIB de 3,1% y no de 1,2% como usted informó. ¿Es correcto el cálculo del comité? ¿Son dos maneras válidas de medirlo?
El comité asesor sugirió adoptar una metodología distinta a la que se utilizó al cierre del 2009. Respeto de los miembros del comité, pero no comparto su opinión en esta materia. Con el ex director de Presupuesto Alberto Arenas publicamos un documento en que argumentamos en detalle por qué la mayoría de los cambios sugeridos no se justifican. Cualquier ciudadano interesado lo puede hallar en el sitio web de Cieplan. El grueso del diferendo tiene que ver con cómo deberían tratarse los cambios transitorios de impuestos. En las cuentas fiscales 2009 la metodología del comité trató como eliminados para siempre los ingresos tributarios que sólo cayeron por un año y medio como resultado de rebajas impositivas aplicadas para combatir la crisis. Nuestra postura era y sigue siendo que, como la misma ley indicaba que esas rebajas tenían fecha de término, no correspondía restar esa recaudación de los ingresos “estructurales” o de largo plazo del Fisco.

Otra implicancia del planteamiento del comité es que los mayores ingresos producto de las alzas tributarias transitorias recién aprobadas se pueden tratar contablemente como si esas alzas fuesen a durar para siempre, aunque la misma ley diga que terminan en tres o cuatro años. Así, la administración Piñera podrá financiar gastos permanentes con ingresos transitorios, cosa que, a mi juicio, contradice un principio capital de la prudencia fiscal.

El Presidente calificó el Presupuesto 2011, cuyo gasto crece 5,5%, como austero y eficiente. ¿Lo comparte?
Felipe Larraín y Rosanna Costa son profesionales preparados y no me cabe duda que se esmeraron para armar un buen presupuesto. Pero a la política fiscal hay que juzgarla por su orientación global. El gobierno ha anunciado que incurrirá en déficits -tanto efectivos como estructurales- en sus cuatro años y proyecta, asimismo, más déficits al menos para el primer año del próximo gobierno. Me resulta difícil conciliar ese hecho con el compromiso asumido de austeridad fiscal. Por contraste, la administración Bachelet obtuvo superávits fiscales en tres de los cuatro años de su gestión. La diferencia entre las dos gestiones no tiene que ver con los efectos del terremoto. Incluso, si uno ajusta por los US$ 8.400 millones en cuatro años que el gobierno estima va a gastar en la reconstrucción, los déficits del gobierno de Sebastián Piñera igual son mucho mayores que cualquier medida de resultado fiscal -efectivo o estructural- bajo Michelle Bachelet. Las condiciones iniciales tampoco son justificación para esta seguidilla de déficits. El actual gobierno heredó un país sin deuda pública neta, cosa que hemos logrado por primera vez en nuestra historia. Con el actual ritmo de crecimiento, el gobierno estima que los ingresos este año serán US$ 2.400 millones más que lo estimado en la Ley de Presupuestos 2010. Y la tremenda alza del precio del cobre de largo plazo-de 2,13 a 2,59 dólares la libra- le añade US$ 2.000 millones en ingresos estructurales al Presupuesto 2011 y al de los años siguientes.

En todo caso, si Ud. señala que la medición válida de déficit estructural es la de 1,2% para 2009, entonces el compromiso asumido por el actual gobierno de recortar en 2,1 puntos el déficit estructural durante su período lo dejaría en terreno azul al final del mismo….

La pregunta supone que bajo la metodología vigente el 2009 el recorte sería de 2,1 puntos del PIB, lo que es erróneo. Parte de ese 2,1 es la simple recuperación de recaudación cuando las bajas transitorias de impuestos terminan, lo que la metodología anterior no recogería como nuevos ingresos estructurales. Lo mismo con los ingresos tributarios transitorios, que la metodología anterior no permitiría considerar permanentes. Dicho de otro modo: si el gobierno actual no hubiese acogido modificaciones metodológicas del comité asesor, hoy aparecería haciendo un esfuerzo fiscal bastante menor. Es clave tenerlo claro a la hora de evaluar lo que se está haciendo.

¿Esto significa que desde ya el crecimiento del gasto en 2011 debiera haber sido menor al 5,5% comprometido para ir cerrando más rápido los déficits?
Si lo comparamos con el Presupuesto 2010, el gasto crece más de 10%. La cifra de 5,5% viene de suponer que en este año el gobierno podrá apurar el tranco y completar la ejecución de los gastos comprometidos. Al paso que vamos -y estamos casi en noviembre-eso no está garantizado. Por lo tanto, es posible que la base de comparación sea menor y que, por lo tanto, la cifra efectiva de crecimiento del gasto 2010 sea mayor a 5,5%. Pero insisto: no se trata de evaluar sólo un año, sino toda una trayectoria de cinco años, desde el 2010 hasta el 2014, con déficits sostenidos a pesar de condiciones económicas -cobre y crecimiento- muy propicias. Es allí donde uno percibe lo que con Alberto Arenas hemos llamado “la insoportable laxitud del ser” en materia fiscal.

Pero mientras en la era Bachelet el gasto creció muy por sobre el PIB, el actual gobierno ha dicho que con el Presupuesto 2011 quieren volver a retomar la noción de un gasto público que no crezca más allá del PIB. ¿Es relevante ese compromiso?
En 20 años de profesor de macroeconomía jamás me topé con un trabajo académico que concluyera que a la política fiscal hay que juzgarla por si el gasto crece más o menos que el producto. Al revés: la teoría moderna de la política fiscal dicta que en ciertas ocasiones el gasto público debería crecer mucho más que el PIB y en otras ocasiones mucho menos. Por ejemplo, el 2009 el producto de todos los países avanzados se contrajo y el gasto público, sin embargo, creció fuertemente. ¿Por qué? Porque el estímulo fiscal era esencial para contrarrestar el colapso en el gasto privado que trajo aparejada la crisis. La misma receta aplicamos en Chile, y con mucho éxito. La economía no estaría creciendo a más del 5%, después de un tremendo shock externo y del terremoto, si no fuera por el estímulo fiscal y monetario aplicado el 2009. Ahora, por supuesto, corresponde ir retirando el estímulo fiscal, pero ahí tampoco la medida correcta es sólo si el gasto crece más o menos que el PIB. Hay que tomar en cuenta muchos factores. Mi conclusión: esto de que el gasto tiene que crecer siempre menos que el producto no es más que una consigna que han adoptado quienes quieren achicar el Estado a toda costa, sin respeto por los principios de la economía o del buen manejo fiscal.

¿Tiene reparos de fondo al diseño de este Presupuesto para 2011?
Mis reparos tienen que ver con la orientación general de la política fiscal en los próximos cuatro años. Resulta difícil eludir la conclusión de que el actual gobierno optó por una senda de menor rigor fiscal que el gobierno anterior. También hay que preguntarse por qué estando ya casi en el mes de noviembre el gobierno aún no anuncia una meta de balance estructural para el 2010, dejando la política fiscal desanclada. El mismo Frankel anota que en EEUU mientras más hablan los gobiernos de derecha de austeridad fiscal, menos la practican. No nos vaya a pasar lo mismo en Chile.
Pero el gobierno ya anunció que el déficit fiscal estructural de 2010 será de 2,3% del PIB.
Si consulta el Informe de Finanzas Públicas presentado al Congreso, verá que el 2,3% es una proyección, no una meta. La diferencia es importante. Una meta implica un esfuerzo. Una proyección es simplemente el resultado estimado de seguir haciendo lo que se está haciendo.

¿El Presupuesto afecta alguna política social importante que haya implementado la Concertación?
El Presupuesto propone una política social nueva y cuantiosa, el ingreso familiar. Independiente de los méritos de la iniciativa, no me parece que se pueda echar a andar por virtud de una simple glosa en el Presupuesto. Esta es una iniciativa mayor, cuyo diseño debe ser discutido y sus implicancias analizadas. Por eso corresponde que se vea mediante un proyecto de ley propio. Hoy parlamentarios de la Concertación cuestionan los criterios para calificar para el beneficio. Esas dudas deberían haberse evitado con una presentación mucho más detallada y pausada de la iniciativa. Por contraste, cuando en el gobierno anterior introdujimos el subsidio al trabajo, lo hicimos sobre la base primero del informe de la Comisión Meller, que había convocado a un grupo amplio de expertos; a continuación, con un diseño largo y detallado al interior del gobierno; y finalmente, a través de meses de debate parlamentario del proyecto de ley respectivo. Algo así correspondía hacer en este caso.

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