Autoridades dan inicio a plan para combatir comercio ambulante en casco histórico de Santiago

La alcaldesa de Santiago Carolina Tohá, junto al subsecretario de Prevención del Delito, Antonio Frey y al Jefe de Zona Santiago Oeste de Carabineros, general Hugo Inzulza, dieron inicio a un plan para combatir el comercio ambulante ilegal en el Casco Histórico con una serie de medidas que comenzaron a aplicarse a partir de hoy en la Alameda y paseos de esa zona como Huérfanos, Ahumada o Puente, entre otros.

La nueva estrategia de seguridad desarrollada en conjunto por la Municipalidad de Santiago, la Subsecretaría de Prevención del Delito y Carabineros busca disminuir la presencia de ese tipo de actividad en las principales calles del Casco Histórico de la ciudad con el fin de erradicar ese ilícito, todos los delitos asociados a esas prácticas y a la sensación de inseguridad y desorden urbano a la que se ven sometidos vecinos, locatarios, trabajadores y visitantes ante esta situación.

Para esto, el plan implica el aumento de la dotación policial para incrementar la presencia de uniformados en arterias de alta concentración de transeúntes y comercio establecido. A eso se suma el inicio de la entrega de carros especiales para el comercio en vía pública autorizado por el municipio, correspondiente a 198 personas con situaciones de vulnerabilidad extrema o de discapacidad que requieren de apoyo social. El nuevo mobiliario cuenta con logos municipales visibles y con código QR que contiene todos los datos del comerciante autorizado.

A eso se sumará un aumento en la fiscalización municipal y policial con el fin  de cursar infracciones tanto a los vendedores ilegales como a las personas que compren dichas mercaderías. Esta última medida contará con un período de marcha blanca hasta el 25 de agosto en el que se advertirá a las personas que adquieran productos del comercio ilegal. Además, se llevará a cabo una campaña informativa que busque desincentivar al público a comprar ese tipo de productos.

“El comercio ilegal callejero genera un clima de inseguridad y se presta para que se desarrollen ilícitos en su entorno. Por esa razón hemos iniciado hace dos años una política de ordenamiento que busca que podamos diferenciar a personas vulnerables que requieren de apoyo y otras que lucran con verdaderas empresas de comercio ilegal donde existen bodegas, proveedores y vendedores que evaden la ley. Queremos ser claros en que quienes compran también son parte del problema ya que aportan a que este ilícito se potencie y por eso queremos hacerlos un llamado también a ellos a ayudarnos a combatirlo”, aseguró la alcaldesa Tohá.

El subsecretario Frey indicó que “el comercio ilegal está estrechamente relacionado con la ocurrencia de delitos en la vía pública, ya sea por las aglomeraciones que genera y que son aprovechadas por los delincuentes para actuar, como por el hecho de que facilita la receptación y comercialización de bienes robados. Hago un llamado a la ciudadanía a ser responsables y a preferir el comercio establecido”

El general Inzulza, a su vez, destacó que “se reforzarán los servicios preventivos asociados a esta iniciativa con el objetivo de aumentar la labor operativa en este tipo de situaciones, realizando y fiscalizaciones focalizadas en distintos puntos de la comuna”.

La serie de acciones es parte de las directrices que han tomado en conjunto las autoridades en el marco del Plan Comunal de Seguridad y que rescatan las inquietudes y experiencias de la propia comunidad.

Este ordenamiento es parte de un plan municipal integral en el que se erradicaron las antes denominadas tolerancias, es decir permisos entregados sin ningún tipo de evaluación. Con los nuevos carros, la policía y los propios inspectores municipales, sabrán de forma clara cuáles son los comerciantes con permiso y quiénes no cumplen con ninguno de los requisitos de vulnerabilidad social que el municipio ha autorizado en base a estándares claramente establecidos. Cabe señalar que el promedio de edad de los beneficiarios es de 54 años y el 70% son discapacitados y han trabajado en la vía pública del centro cerca de 18 años. El municipio declaró zona saturada de comerciantes por lo que no otorgará nuevos permisos.