BancoEstado y sindicato no habrían logrado acuerdo por servicios mínimos
Actores esperarían que sea la Dirección del Trabajo quien defina los principales pilares de la materia.
Un complejo comienzo tendría la nueva negociación colectiva entre BancoEstado y su sindicato, liderado por Marco Beas, en octubre próximo. Esto, dado que según fuentes conocedoras del proceso, no habría existido acuerdo entre los trabajadores y la administración del ente estatal en relación a la definición de los servicios mínimos en caso de huelga, por lo que ambas partes se encuentran esperando el pronunciamiento de la Dirección del Trabajo sobre la materia.
El día miércoles la dirección de BancoEstado, representada por el gerente de gestión y servicios de personas, Patricio Pérez, recibió la respuesta del sindicato a su propuesta de servicios mínimos presentada el pasado 23 de mayo. Sin embargo, según fuentes del proceso, la respuesta de los trabajadores habría sido muy distinta a la de la empresa.
Si bien entre las partes tienen plazo hasta el próximo 27 de junio para llegar a un acuerdo, la intervención de la DT se adelantaría, ya que la administración de BancoEstado ya envió una propuesta de servicios mínimos a la DT sin acuerdo con el sindicato, por lo que sería la institución liderada por Christian Melis la que tendrá que definir.
En cuanto a las diferencias, el punto que generaría mayor conflicto entre las partes sería la cantidad de trabajadores que la entidad bancaria solicitaría para asegurar las funciones básicas del servicio, la cual sería considerada como excesiva desde el sindicato.
Al ser consultados sobre el tema, desde BancoEstado y el propio sindicato declinaron referirse a las negociaciones, argumentando que no quieren repetir los conflictos que hubo en 2015.
Cabe recordar que la última negociación colectiva de BancoEstado estuvo marcada por el polémico acuerdo al que llegó la entidad, liderada en ese entonces por Guillermo Larraín, que finalizó con la entrega de un bono de término de conflicto de $ 6,3 millones a cerca de 9.300 funcionarios, recibiendo críticas de Rodrigo Valdés y la posterior renuncia de Larraín a la presidencia.
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