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Actualizado el 02/02/2016
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Caval: fiscalía ordena periciar los 80 contratos de Saydex con el Estado

Autor: Felipe Díaz y Víctor Rivera

Informe encargado en diciembre a la PDI deberá aclarar si correspondía que la empresa se adjudicara las licitaciones. Esta firma contrató los servicios de Caval para que la asesoraran y respaldaran sus ofertas para diversos hospitales públicos.

Caval: fiscalía ordena periciar los 80 contratos de Saydex con el Estado

La Fiscalía de O’Higgins ordenó a la PDI realizar un peritaje contable y de análisis de contenido de los 80 contratos que la empresa Saydex ha firmado con distintos servicios de salud estatales. Esta es la última diligencia que ha dictado el Ministerio Público en esta arista del caso Caval, donde se indagan, entre otros hechos, presuntos delitos de cohecho y tráfico de influencias.

Saydex se especializa en servicios informáticos en el área de salud y fue uno de los primeros clientes de la empresa de la nuera de la Presidenta Bachelet, Natalia Compagnon, y de su socio Mauricio Valero. En marzo de 2012, Caval inició una asesoría a Saydex, ofreciéndole respaldar sus ofertas para diversos hospitales públicos, como fueron los casos del San Borja, Maipú y la ex Posta Central. 

Según declaró ante el Ministerio Público uno de los intermediarios de Caval, el gestor Patricio Cordero, Valero habría entregado dinero en efectivo al entonces director del Servicio de Salud Central Metropolitano, Nibaldo Mora. 

Finalmente, Saydex se adjudicó las licitaciones y pagó a la firma de Valero $ 170 millones por su aseoría.

Además, el 21 de agosto el Ministerio de Salud elaboró un informe de la auditoría que realizó a los contratos que mantiene Saydex con 22 de los 29 servicios de salud en todo Chile. Se detectaron múltiples irregularidades en los convenios vinculados a la firma, los cuales ascienden a $22.829 millones, entre 2010-2015. También el Minsal advirtió que “de los 22 servicios de salud que debieran haber efectuado el procedimiento de Grandes Compras en Convenio Marco (para contratar los servicios de Saydex), no se encontraron antecedentes de su respaldo en 14 de ellos”.

 Todos estos antecedentes se encuentran en manos del fiscal adjunto de Rancagua Carlos Fuentes, quien encabeza las indagatorias sobre esta arista. Sobre el peritaje a los contratos, fue ordenado en diciembre de 2015 a un experto en contabilidad del Laboratorio de Criminalística (Lacrim) central de la PDI. El objetivo es determinar si correspondía que se asignaran a Saydex las licitaciones y procedimientos de Grandes Compras en Convenio Marco que ganó. Para esto, se analizarán las bases de las licitaciones y los servicios que efectivamente entregó la empresa.

El abogado de que representa a Saydex, Giorgio Marino, señaló que “lo que está haciendo la fiscalía  es cuadrar la información que nosotros le entregamos, de todos los servicios de la empresa. Esa diligencia ya está finalizada. Además, son 70 contratos, donde la inmensa mayoría de esos  son anteriores a que conociéramos a Mauricio Valero”. 

Secreto bancario

A mediados de 2015, el fiscal Fuentes pidió levantar el secreto bancario de Mauricio Valero, Nibaldo Mora, Patricio Cordero y la empleada de Caval, Sandra Ulloa. En este documento, Fuentes enumera los delitos que están investigando: cohecho, revelación de secretos, tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito. “Los hechos habrían acontecido desde principios del año 2012 hasta principios del año 2014, período en el cual el imputado Nibaldo Mora se desempeñó como director del Servicio de Salud, Sandra Ulloa se desempeñaba en la empresa Caval y Patricio Cordero hacía el nexo entre el mundo privado y el sector público”, dice el fiscal en el escrito.

Añadió que “de esta forma, se obtenía información privilegiada que se entregaba a Ulloa y Cordero, quienes se la entregaban a la empresa Saydex, quien de esta forma obtenía con anticipación los detalles de los concursos públicos (cuando esa información aún era reservada). Una vez obtenida la adjudicación, se le hacía pago de dinero a Nibaldo Mora”.

A continuación, Fuentes enumeró los antecedentes que tiene para justificar sus afirmaciones: “La documentación de las respectivas licitaciones, correos electrónicos en que se detallan las solicitudes de revelación de información privilegiada, solicitudes de pago del funcionario público”, entre otras. Además, menciona la declaración de Cordero, quien indicó que estuvo en una reunión en que Valero acordó pagarle a Mora $ 25 millones.

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