Chile posee más de 4 mil drones y autoridad alista cambios a norma

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Dron de la firma Speederdrone hace una demostración de vuelo en Las Condes. Foto: Richard Ulloa / La Tercera

Dirección General de Aeronáutica Civil sumará etiqueta de advertencia en los aparatos que se vendan en el país y elevará las exigencias a sus operadores.




Felipe Balazs es ingeniero forestal, pero hace dos años buscó independizarse y lo logró gracias a los drones. Cuenta que hoy se dedica 100% a prestar servicios con estos aparatos para grabar, filmar, y para servicios especializados de topografías. Además, cuando hay episodios críticos en la capital sale con uno de sus drones a fiscalizar el uso de leña para el Ministerio del Medio Ambiente. Hoy posee tres aparatos, que son parte de los 4.150 que ya existen en Chile, según las últimas estadísticas de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC).

La DGAC dio a conocer esta cifra en la Comisión de Ciencias y Tecnología de la Cámara de Diputados, este mes, donde se estudia la modificación al Código Aeronáutico en materia de aeronaves sin piloto, a raíz de la presentación de un proyecto de ley en 2015 por parte de parlamentarios.

Lorenzo Sepúlveda, director de Seguridad Operacional de la DGAC, explica que la cifra contempla los drones vendidos en el comercio, pero reconoce que el número es mucho mayor porque en éste no se incluye los aparatos que se arman por partes y piezas, y los que han sido internados al país a través de otras vías.

Sepúlveda explica que los 4.150 incluyen tanto los de uso recreativo como aquellos que requieren de certificación para ser utilizados, es decir, los que superen los 750 gramos.

Hoy se han certificado 363 drones desde que la DGAC lanzó la norma que controla estos aparatos, en 2015. La misma reglamentación estipula que su operador debe contar con una credencial, la que ya se ha entregado a 619 personas.

Pero el organismo prepara cambios. Para este año está previsto incluir una etiqueta en las cajas de los aparatos que se vendan en el país, en la que se advierta que Chile posee una norma para su uso. "Esto es para que la gente no cometa infracciones o delitos por desconocimientos", señala Sepúlveda.

Entre las infracciones están las multas que van entre las 5 y 500 UTM, unos 22 millones 658 mil pesos máximo. Hasta ahora el proceso de sanciones está en marcha blanca y se han abierto solo 24 procesos por no contar con credencial o certificación del aparato.

Además del nuevo etiquetado, la DGAC contempla modificar la legislación para que los operadores cuenten con una licencia en vez de credencial. Sepúlveda señala que esto elevaría las exigencias, ya que será similar a la que se les exige a un piloto privado, a quienes se les piden certificados médicos.

Balazs considera que esta es una buena medida, ya que a su juicio existen muchas personas trabajando en forma amateur y servirá para profesionalizar el rubro.

Sobre los cambios que se quieren introducir desde el Congreso, como incluir el concepto de aeronaves sin piloto, el experto dice que este tema ya lo aborda el marco jurídico actual. No obstante, plantea que una de las materias que podrían ser motivo de modificación es el tema de los seguros, ya que las indemnizaciones se establecen en base al peso de las aeronaves. "Si eso se aplica y la cobertura (de los drones) sería muy baja", advierte Sepúlveda.

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