Colegios subvencionados destinan mensualmente más de $ 3,5 millones en arriendos

Según datos del CEP, anualmente los sostenedores destinan US$ 333 millones por alquiler de inmuebles. El gasto es equivalente al 4,6% del total de recursos que reciben los colegios por subvención.




En promedio, los sostenedores de colegios particular subvencionados en el país destinan $ 3,5 millones mensuales en pagar los arriendos de los inmuebles que ocupan como recintos educacionales. Esta es una de las conclusiones que arrojó un análisis de la investigadora del CEP, Sylvia Eyzaguirre, quien consideró a todos los establecimientos que reciben subvención escolar de parte del Estado y declaran gastos en arriendo o adquisición de muebles e inmuebles.

De los casi 12 mil colegios que existen en el país, el 46% incurre en este tipo de gastos, los colegios particular subvencionado son los que ocupan más esta opción. Del total de colegios con fines de lucro, el 72% destina recursos de la subvención en arriendos, abarcando al 79% de la matricula total de este tipo de colegios, y  gastan en promedio $ 3,3 millones mensuales en esta materia. De acuerdo con esta relación, el estudio revela que los colegios administrados por sociedades comerciales  invierten $ 11 mil por alumno.

En cambio, los subvencionados sin fines de lucro gastan más dinero por arriendo o adquisición de muebles, superando los $ 3,8 millones mensuales en este ítem. Sin embargo, "hacen una inversión más eficiente, ya que al dividir la cantidad por la matrícula, el monto es de  $ 6.359", según Eyzaguirre.

Una de las explicaciones de este gasto es que los recintos sin fines de lucro "cuentan con más alumnos y por tanto el colegio es más grande. Otra forma de interpretarlo, es que el gasto en infraestructura que están haciendo los colegios con lucro es ineficiente al tener menos alumnos. Otra alternativa sería que este último tipo de recintos tiene un mejor estándar de infraestructura", explica la autora.

Solo el 18% de los colegios municipales incurre en este tipo de gastos.  Los que lo hacen destinan un poco más de $ 2 millones mensual por este concepto y gastan -por tanto- casi $ 6 mil por alumno.

En total, el sistema escolar gasta del orden de US$ 333 millones en arrendar o adquirir inmuebles, lo que equivale al 4,6% de los recursos que le entrega el Estado a los colegios vía subvención (por asistencia).

Una cifra que califica de razonable el presidente de la Conacep, Hernán Herrera: "Los parlamentarios de la nueva mayoría insistían en que los sostenedores gastaban casi todo el dinero de subvención en arriendo y esto es falso porque la gran parte de esos dineros se destina en el pago de remuneraciones a los profesores".

Eyzaguirre opina lo mismo: "Todo el sistema incurre en estos gastos  y es razonable, tan así que esto no debiese significar un problema. No tenemos casos de colegios que estén gastando muchos recursos por este concepto". Y agrega que "por esto es necesario que el proyecto de ley de fin al lucro se flexibilice frente a la opción de arriendo para evitar cierre masivo de colegios". Según la Conacep, habría unos 600 recintos en ese estado de riesgo.

Opción de arriendo

Según datos de la Conacep, del total de asociados (600), sólo el 10% de los sostenedores mantiene contratos de arriendos con terceros   y un  80% lo hace con entidades relacionadas.  Es esta la realidad a la que apunta el gobierno cuando esquiva la opción de arriendo para los colegios y apuesta -más bien- a la alternativa de compra y autocompra vía crédito hipotecario.

El análisis de Eyzaguirre advierte que en promedio los colegios subvencionados sin fines de lucro gastan por alumno $ 76.314 anuales (US$ 138), mientras que el que persigue lucro gasta  $ 135.485 (US$ 245). Una diferencia de $ 59.171 (US$ 107) a favor de los con lucro. Se podría pensar, dice la autora, que los con lucro podrían retirar  unos US$ 128 millones anuales vía arriendo, explica Eyzaguirre. "Si bien la cifra está sobrestimada, no se condice con la que manejaban en el gobierno, por lo que la cura puede ser que al final resulte más cara que el problema".

Es por esto que la autora apunta a que la solución es fiscalizar a este grupo en riesgo y no limitar el arriendo. Una opinión que comparte el líder de los sostenedores: "Una de las alternativas debiese ser establecer arriendos regulados a un porcentaje del valor comercial del establecimiento", agrega Herrera.

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