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Actualizado el 06/01/2018
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Columna de Álvaro Vargas Llosa: Kuczynski, ¿paria internacional?

Autor: Álvaro Vargas Llosa

En cuestión de pocos días, el Perú entrará en un proceso que podría suponer un serio revés jurídico internacional -y por tanto político- para el gobierno de PPK.

Columna de Álvaro Vargas Llosa: Kuczynski, ¿paria internacional?

Que Pedro Pablo Kuczynski, para salvar su pellejo (o creer que lo salvaba, ya que la historia no está escrita, a pesar de los historicistas) pactara con el fujimorismo tomando la grave decisión de indultar por razones humanitarias al ex dictador peruano Alberto Fujimori, autor mediato de crímenes de lesa humanidad, no sólo tiene, como se ha visto, consecuencias internas. Las tiene también externas, y sobre ellas se ha dicho mucho menos de lo que debería. No sólo afectan al Perú como actor regional: también a sus vecinos inmediatos o mediatos.

En cuestión de pocos días, el Perú entrará en un proceso que podría suponer un serio revés jurídico internacional -y por tanto político- para el gobierno de PPK. De ser así, el lugar de liderazgo simbólico que ocupaba el Perú desde la recuperación de la democracia en el concierto interamericano se verá seriamente mellado. Ese prestigio regional, por cierto, ya estaba en vías de erosión desde hace mucho rato, dados los graves cuestionamientos éticos contra varios presidentes de la etapa democrática, en gran parte, aunque no únicamente, a raíz del caso Odebrecht. Pero lo que puede ocurrirle a Kuczynski en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en relación con el indulto de Fujimori -ya que a eso es a lo que me estoy refiriendo- aceleraría considerablemente el deterioro de la posición regional del Perú como “caso” de éxito contemporáneo en América Latina.

La Corte IDH, ante la cual han acudido los deudos de las víctimas de los atropellos contra los derechos humanos ocurridos en los años 90, realizará pronto una sesión en que se abordará la decisión del gobierno peruano. No se tomará en ella, todavía, una decisión, pero se escuchará a las partes. El proceso que está por iniciarse, sin embargo, sí conducirá a la instancia internacional, en un lapso que podría no ser largo, a fijar una posición sobre la legalidad del indulto. La Corte IDH dictó fallos en su día sobre dos matanzas, la de Barrios Altos y la de La Cantuta, que tuvieron lugar bajo la dictadura de Alberto Fujimori. En la medida en que la Corte IDH vigila el cumplimiento de sus fallos, tiene jurisdicción directa sobre el indulto, cuyo beneficiario es la persona a la que la justicia peruana condenó a 25 años de cárcel como autor mediato de los crímenes perpetrados por un comando de la muerte autorizado, financiado y protegido desde las máximas esferas de aquel régimen. Lo que la Corte IDH verá es si se justifica la condición “humanitaria” de la decisión tomada por Kuczynski.

La presidenta del Consejo de Ministros de Kuczynski ya ha anunciado que el Perú desobedecerá a la Corte IDH si su posición es adversa a Lima. Su argumento es que la Constitución peruana -que concede al presidente la potestad de otorgar indultos- prevalece sobre instancias externas. No queda claro si esta argumentación la ha hecho exclusivamente basada en su desconocimiento del hecho elemental de que los tratados que atan al Perú al Derecho Internacional, en este caso al Sistema Interamericano, prevalecen sobre instancias internas o porque Lima tiene la intención de denunciar el Pacto de San José, colocándose en la misma situación de la dictadura venezolana (o tal vez retirarse de “la competencia contenciosa de la Corte IDH”, como hizo Fujimori en los años 90).

En cualquiera de los casos, Kuczynski, Presidente de un país democrático que además es pieza clave de la Alianza del Pacífico, está en claro rumbo de colisión con el Sistema Interamericano, algo que abre las puertas a un deterioro enorme de la calidad institucional del país. Sustraída por una u otra vía a los sistemas de vigilancia internacional y bajo una desproporcionada influencia política del fujimorismo, la democracia peruana difícilmente podría ser un referente regional, como lo ha sido en años recientes a pesar de haber tenido algunos gobiernos corruptos.

Una condición para liderar iniciativas regionales es tener la autoridad moral para ello y, gracias a ello, el peso necesario. Kuczynski hizo bien en situar al Perú como centro neurálgico, por ejemplo, de la iniciativa conocida como el Grupo de Lima, que ha jugado un papel, en coordinación con la OEA, en la denuncia de los atropellos, legicidios y liberticidios en Venezuela. Con ello empezó a corregir un importante error de su antecesor, Ollanta Humala, en política exterior (bajo aquel gobierno se dio respaldo internacional a un fraude electoral en Venezuela y se menospreció a los líderes opositores que luchaban allí por la democracia). Pero la situación actual convierte a Kuczynski en un pato rengo en tanto que impulsor o animador del Grupo de Lima y, en general, de cualquier iniciativa que implique denunciar violaciones a los derechos humanos y el estado de derecho en un país de la región. No es difícil imaginar a Nicolás Maduro y sus aliados regionales cebándose en el indulto a Fujimori y el pacto con el fujimorismo al menor intento peruano de volver a denunciar lo que pasa en Venezuela.

Precisamente gracias a Venezuela, Kuczynski había entablado con Washington una relación relativamente cercana. Era uno de los mandatarios a los que se consultaba su opinión y a los que se tenía como referencia para acciones concertadas. Esa posición también corre hoy peligro. En el Congreso norteamericano ya hay voces que cuestionan el indulto y el pacto con el fujimorismo. Aunque esas voces tienen más que ver con el Partido Demócrata que con el Partido Republicano, las hay en ambos lados. En un año en el que probablemente los demócratas vean reforzada su posición parlamentaria tras las elecciones legislativas de mitad de mandato, no sería raro que el Perú sea crecientemente cuestionado. Si Lima, como lo ha anunciado la presidenta del Consejo de Ministros, desobedece una eventual decisión negativa por parte de la Corte IDH en relación con el indulto -o peor aún: si para ello, empujado por el fujimorismo, decide apartarse del Sistema Interamericano-, el Congreso estadounidense se volvería para Kuczynski un permanente dolor de cabeza.

La oportunidad de todo esto no puede ser más inconveniente para América Latina porque se está produciendo un viraje político e ideológico del cual el Perú era un punto de referencia. Luego de década y media de una desproporcionada influencia del populismo autoritario, la región vive una resaca democrática y (semi)liberal. Está todavía por verse si las importantísimas elecciones que tendrán lugar este año -por ejemplo en Colombia, México y Brasil- reforzarán o debilitarán esa tendencia, pero es posible que dichos comicios en parte la confirmen. Siendo el Perú uno de los países que evitaron caer en el populismo de izquierda (cosa que hay que reconocerle a Humala) y, además, un caso de éxito económico en décadas recientes, la posición de Kuczynski era óptima para ejercer como uno de los líderes de la nueva América Latina. La situación se prestaba para que reclamara para sí, a nombre del Perú, una condición de “adelantado” de esa nueva realidad regional, política e ideológica.

No era su gobierno, propiamente hablando, el que se prestaba para ello, pues la suya ha sido hasta ahora una administración sin mayores logros por haberse tenido que dedicar a la tarea de sobrevivir. Pero el país tenía todavía un cierto prestigio como caso de éxito que las revelaciones de corrupción y la desaceleración económica de años recientes no habían terminado de destruir. Empinado en ese prestigio es que Kuczynski podía asumir un liderazgo externo. La decisión fatídica que tomó a finales de diciembre es también un misil en la línea de flotación de su liderazgo regional.

A Mauricio Macri y a Sebastián Piñera, los dos gobiernos de los que Kuczynski podría sentirse más cercano en Sudamérica (además de un eventual gobierno no populista emanado de las elecciones brasileñas a finales de este año), nos les viene nada bien que la democracia peruana entre en una crisis institucional permanente como consecuencia del pacto con el fujimorismo y el papel determinante que tendrá Alberto Fujimori en la marcha del gobierno, con su efecto polarizante y traumático tanto interna como externamente. ¿A qué me refiero? No sólo a lo obvio -a ningún país vecino o cercano le conviene la inestabilidad del otro- sino a que Kuczynski era visto por sus pares como parte de un nuevo escenario regional en el que, después de muchos años, se ha vuelto posible articular relaciones e iniciativas alejadas del populismo delirante.

Esta oportunidad dorada ya tenía limitaciones, la mayor de las cuales provenía del efecto seísmico de Odebrecht. Un Perú convertido en un adversario frontal del Sistema Interamericano y con una democracia asediada por una fuerza política alejada de las corrientes de la modernidad y de la ética pública supone limitar todavía más las posibilidades de aprovechamiento de esta coyuntura regional.

Kuczynski es un hombre inteligente que debe haber sopesado todo esto largamente. Perteneció, durante muchos años, a esa categoría que podríamos llamar la de los “fujimoristones” (que se hace eco de la secular categoría de peruanos que no eran apristas pero sí “apristones”). Eso significa que tenía simpatías muy marcadas por el fujimorismo pero que un cierto pudor, un elemental sentido de los límites, le hacía ver que era imposible abrazar todo el legado de un régimen golpista, violador de los derechos humanos y liberticida. Ese pudor le dio suficiente motivación para enfrentarse al fujimorismo con vigor en la segunda vuelta de 2016 y, muy esporádicamente, en algunos momentos de su gobierno. Pero en la balanza su condición “fujimoristona” siempre pesó más. Su temperamento y sus vísceras nunca estuvieron en el antifujimorismo que utilizó convenientemente de tanto en tanto.

Se sentía -y se lo notaba- muy incómodo actuando como antifujimorista. Por eso hoy, habiendo asumido su condición “fujimoristona” definitiva, irreversiblemente, al entregarle a Alberto Fujimori su destino presidencial, es un hombre más a gusto consigo mismo. De allí que, en su balanza moral y política, las consecuencias externas de su decisión -como en cierta forma las internas- le importen poco. Él quiere sobrevivir en la presidencia, protegerse legalmente de la forma menos precaria posible ante lo que puedan deparar las investigaciones futuras y dejar un legado económico. Y para eso ha llegado al convencimiento total de que el fujimorismo es, con diferencia, el aliado más deseable a pesar de su lado oscuro.

Si no entienden esto, las cancillerías de la región -y los observadores en general- que se rascan la cabeza preguntándose en qué anda Pedro Pablo no podrán comprender el curso de los acontecimiento en el caprichoso país que él gobierna y que ahora se prepara para recibir al Papa en uno de sus momentos fronterizos.

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