Comisión investigadora por eventuales irregularidades en Codelco citará a presidenta del CDE

La Comisión investigadora de la Cámara de Diputados que analiza eventuales irregularidades en pagos realizados por Codelco acordó prorrogar por 60 días el plazo de su funcionamiento con el objeto de citar a la presidenta del Consejo de Defensa del Estado, María Eugenia Manaud.

Ayer se conoció la respuesta que Manaud dio a la demanda presentada a comienzos de agosto por Codelco, en que la estatal busca la nulidad de la auditoría que fuera realizada por Contraloría, que analizó contratos efectuados entre 2013 y 2015.

En su escrito, la titular de dicho organismo enumera diversos contratos con 13 compañías que serían con partes relacionadas, gran parte de ellos bajo asignación directa. Al respecto, cuestiona que las licitaciones públicas hayan pasado "a ser una excepción" en Codelco y que las limitaciones y prohibiciones de contratar con partes relacionadas hayan sido frecuentemente "dispensadas" mediante autorizaciones especiales, saltándose la norma interna.

"Esta situación, contraria a las reglas básicas de probidad pública, comprometen la eficiencia y eficacia en el uso e inversión de los recursos públicos y siembra serias dudas sobre la transparencia y probidad con que se actúa en espacios tan importantes como el de la empresa cuprífera estatal, donde se concentran inmensos recursos y se realiza una importante inversión pública en bienes y servicios", señala el CDE en su respuesta.

En el documento, el organismo que defiende los intereses del Estado agrega que prohibir los contratos entre partes relacionadas "es clave para no insertar en la empresa dinámicas corruptas que en el largo plazo afectarán su propia salud institucional". Además, añade que el contacto frecuente entre agentes públicos y privados provee de múltiples oportunidades "para que ambos agentes participen de ilícitos. El cohecho, por ejemplo, es mucho más frecuente en la contratación administrativa que en el ámbito tributario, judicial o regulatorio".

El CDE ve como "frustrante" tener que justificar en este juicio la aplicación de "reglas mínimas de probidad a una empresa tan importante".