*

Opinión ,
Abrir menú
Compartida
Actualizado el 10/02/2013
Estás leyendo:Concertación: agenda democratizadora a medio camino

Concertación: agenda democratizadora a medio camino

Autor: Augusto Varas


LOS CUATRO gobiernos de la Concertación -unos más que otros- cambiaron profundamente a Chile; sin embargo, dejaron parte de la agenda democratizadora pendiente.

La restauración de la democracia y la moral pública centrada en los derechos humanos le devolvió la dignidad al país y lo prestigió internacionalmente. Derechos económicos y sociales universales garantizados por el Estado abrieron oportunidades de acceso a bienes públicos a grupos discriminados, marginados y vulnerables. La expansión de las libertades políticas, el apoyo a la cultura, la protección de los consumidores, la defensa de los intereses colectivos, el acceso a la información, y las normas de probidad pública, permitieron nuevas acciones e iniciativas ciudadanas.

La dirección civil de las FF.AA., el “nunca más” castrense y las mejoradas relaciones de civiles y militares, recobraron a estas instituciones como parte del Estado democrático. Tales logros cimentaron la democratización en curso.

Sin embargo, la permanente defensa por parte de la derecha y poderes fácticos a militares violadores de derechos humanos, el Estado subsidiario, el sistema electoral binominal y altos quórum de reforma constitucional, la patriarcal oposición a los derechos sexuales y reproductivos, y el rechazo a las demandas de los pueblos originarios y su no reconocimiento constitucional (así como la idea de una identidad nacional unidimensional geopolíticamente aferrada al pasado), fueron barreras que impidieron profundizar la agenda democratizadora.

En esas dos décadas la concentración y centralización del poder político, económico y social se mantuvo sin grandes variaciones y en algunos sectores se vio incrementada.

A su vez, visiones conservadoras al interior de la Concertación -ancladas en el autolimitado pacto transicional y seducidas por el binominal-, se sumaron a este marco de restricciones.

Esta democratización a medio camino profundizó la crisis de representación, potenciada por el hiper presidencialismo y las limitadas atribuciones del Congreso; un anquilosado sistema de partidos -que en el 2008 se intentó democratizar-, un fuerte peso de poderes contra mayoritarios y una amplia influencia de la tecnoburocracia. La obscura relación dinero-política (financiamiento de partidos, campañas, lobby), el rechazo a cuotas parlamentarias para mujeres e indígenas y límites a la reelección, agudizaron la crisis. Como colofón, se ideó la fracasada inscripción automática y voto voluntario. Así, en esas dos décadas la concentración y centralización del poder político, económico y social se mantuvo sin grandes variaciones y en algunos sectores se vio incrementada.

El recuerdo traumático de las movilizaciones sociales de los 60 y comienzos de los 70, impidió priorizar la participación ciudadana y establecer mecanismos de democracia directa (p.e. referéndum revocatorio), obstruyendo la relación sociedad civil-Estado. Recién en el 2006 se presentó un proyecto de participación ciudadana en la gestión pública, el que aprobó la actual administración. A nivel subnacional no avanzó la descentralización y regionalización, se mantuvieron los amplios poderes de alcaldes y directores de obras metropolitanas, quedando sin regular sus conflictos (inmobiliarios) de interés.

Pasivo en su papel subsidiario, no se permitió el despliegue del rol desarrollista del Estado, manteniéndose la dinámica de crecimiento sometida al mercado, dominada por la exportación de productos primarios y la privatización de sus rentas. El nunca alcanzado valor agregado de la segunda fase exportadora consolidó la heterogeneidad estructural de la economía quedando, entre otros, el sistema educacional divorciado del desarrollo. Si bien se redujo radicalmente la pobreza e indigencia, la desigualdad se mantuvo, observándose descarnadamente a nivel urbano.

La incompleta recuperación de los derechos laborales no alcanzó a empoderar a los trabajadores ni fortaleció el sindicalismo. La propia Presidenta Bachelet reconoció que una tarea que dejaba pendiente era avanzar en las reformas laborales y mejorar las condiciones para la negociación colectiva.

Importantes avances fueron las políticas antidiscriminatorias y de sanción a la violencia contra de la mujer, su relativo empoderamiento económico y sus derechos laborales formales, pero su acceso al poder quedó pendiente y no se le reconoció la plena autonomía sobre su cuerpo. Más de una decena de proyectos sobre el aborto fueron rechazados en su trámite inicial o archivados.

Estos ejemplos muestran una agenda democratizadora inconclusa, la que en sus temas centrales fue repuesta por las movilizaciones de 2011. Y aun cuando los precandidatos concertacionistas han asumido algunos de sus temas, ninguno la ha adoptado en su totalidad.

La profundización de nuestra democracia enfrenta disyuntivas críticas en las elecciones de fin de año. El avance o retroceso en la democratización del país afectará a generaciones. Lo que está en juego en primarias, parlamentarias y presidencial, es tan crucial para todos los sectores que amerita un serio debate y una amplia deliberación ciudadana.

¿Estarán la clase política y los medios de comunicación a la altura de este desafío?

 

Comentarios
Cargar comentarios
Papel digital