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Actualizado el 04/10/2017
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Confusas señales en Presupuesto 2018

Autor: La Tercera

La propuesta que ha presentado el gobierno se aleja de la necesaria señal de austeridad que aconseja el deteriorado estado de nuestra posición fiscal.

Las señales del mercado en relación a la posición fiscal de nuestro país son elocuentes. A la reducción en la clasificación de riesgo que han hecho las principales calificadoras internacionales, se sumó la publicación reciente del Índice de competitividad del World Economic Forum en cuyo informe el ítem “Balance Presupuestario Fiscal” retrocedió 20 puestos, ubicando a nuestra economía en este aspecto en el lugar 69.

En este escenario, en donde la responsabilidad fiscal de nuestro país ha estado en la mira del mercado, se hacía más necesario que nunca entregar señales de austeridad que revalidaran el compromiso del gobierno con la sustentabilidad de las finanzas públicas, sobre todo porque el actual ministro de Hacienda fue el impulsor de la regla fiscal en nuestro país.

Diversos analistas del mercado, el Banco Central, y el propio ministro de Hacienda habían estimado que un crecimiento real del gasto público en torno al 3% estaba en línea con la señal que esperaba el mercado para asegurar la necesaria austeridad fiscal.

De hecho, en una reunión efectuada entre el ministro de Hacienda y parlamentarios oficialistas hace algunas semanas, se acordó elevar el gasto en esos niveles.

Sin embargo, el gobierno escogió enviar una señal confusa. El presupuesto de 2018 considera un incremento en el gasto público de 3,9%, casi un punto por sobre el crecimiento estimado del PIB, que según Hacienda se expandirá en 3%. Pese a que según los parámetros expuestos el gobierno cumpliría con la regla fiscal de reducir el balance estructural en 0,25% respecto al año previo, lo cierto es que la aplicación de esta modalidad no solo no ha logrado convencer al mercado, sino además ha contribuido a disparar la deuda pública bruta en torno al 25% del PIB, el mayor nivel en un cuarto de siglo.

En concreto, el déficit estructural usando los parámetros de 2018, desde la introducción de la regla móvil de 0,25% por año, ha caído a un ritmo de solo 0,13% al año, pasando de -1,9% en 2015 a un proyectado de -1,5% en 2018. Además, la estimación del gobierno para el próximo año anticipa un nuevo déficit efectivo, que sería el sexto consecutivo y el octavo en la última década.

De persistir los déficits efectivos año a año y el incremento progresivo de la deuda pública como porcentaje del PIB -amparados en crecimientos del gasto público permanentemente sobre el crecimiento del producto-, se seguirá comprometiendo la imagen de responsabilidad de nuestro país. A la luz de lo anterior, se hace indispensable la necesidad de perfeccionar la regla fiscal, la que paulatinamente ha ido perdiendo su efectividad en la contención de niveles de gasto abultados.

La posición fiscal de Chile no es algo que competa solo a la administración de turno, sino que compromete el nivel de tasas de interés y el acceso a financiamiento al que optan empresas y familias. Las nuevas autoridades deberán resolver el difícil dilema de reposicionar la austeridad fiscal como atributo de nuestra economía mientras generan las condiciones para que el país retome tasas de crecimiento elevadas.

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