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Actualizado el 31/05/2014
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Conservación y medio ambiente: La revolución que viene

Autor: Ricardo Acevedo / José Miguel Jaque

Como la protección de los parques nacionales y la biodiversidad en Chile está dispersa en distintas instituciones, el gobierno quiere enviar un proyecto de ley que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas. La idea es que exista sólo un organismo a cargo de la gestión de los parques y diseñar un nuevo modelo de guardaparques. Un cambio radical que tiene a varios actores nerviosos.

Conservación y medio ambiente: La revolución que viene

Mayo de 2005. Salón Montt Varas, La Moneda. El secretario ejecutivo de la Cepal José Luis Machinea le entrega al Presidente Ricardo Lagos la evaluación de desempeño ambiental de Chile 1990-2004 elaborado por la OCDE y la Cepal. Pocos meses antes el entonces ministro secretario general de la Presidencia, Eduardo Dockendorff y la directora de Conama, Paulina Saball, habían conocido el borrador del documento en París y logrado introducir algunos matices a los cuestionamientos de los organismos. Pese a eso, el documento no deja bien parado a Chile. Deja claro que hay muchas deudas en institucionalidad, fiscalización y conservación. La OCDE le hace 52 “recomendaciones” a las autoridades chilenas para que se pongan al día. Una de ellas dice que hay que crear una estructura para manejar las áreas protegidas y promover eficientemente la conservación.

Han pasado nueve años desde entonces y el próximo la OCDE va a iniciar una nueva evaluación ambiental para medir los avances. Sólo un año antes de eso, Chile se está poniendo a tono con una de las recomendaciones clave. Como parte del paquete de medidas para sus primeros 100 días de gobierno, la Presidenta Bachelet aparentemente anunciará el Proyecto de Ley que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (Sbap), que se espera esté funcionando plenamente antes de que termine este gobierno.

Hoy la protección de las áreas protegidas terrestres o marinas está dispersa en varios ministerios, subsecretarías y servicios bien distintos. Participan Conaf, el SAG, Sernapesca y el Consejo de Monumentos, por mencionar solo algunos. El diagnóstico es que eso genera desorden y que produce una serie de conflictos entre las partes involucradas. El objetivo entonces, es crear un servicio que esté a cargo de la administración de todas las áreas protegidas. Este asunto es importante si se tiene en cuenta que alrededor del 25% de las especies que hay en Chile, son únicas de nuestro territorio, lo que le confiere al país un lugar más que relevante para la conservación de la biodiversidad del planeta.

Aunque hay consenso en el hecho de que una sola institucionalidad es un salto cualitativo, hay incertidumbre de lo que ocurrirá en la práctica, especialmente en relación a la pérdida de competencias de ministerios y servicios y de lo que ocurrirá con las personas que trabajan en el área. “El traspaso de la gente que trabaja en los parques y la cesión de competencias de ministerios y subsecretaría es el gran desafío. Eso va a ser un mal rato interno para el Gobierno pero es algo que se tiene que hacer y ojalá que no se entrabe por este tipo de problemas”, dice Rodrigo Catalán, director de Conservación de World Wildlife Fund Chile, una de las ONG que ha participado en la discusión. 

Pero hay más preguntas: ¿Cómo cambiará el escenario de protección con esta ley? ¿Cómo se fiscalizará? ¿Desaparecerá Conaf?

Parques de papel

Chile tiene 155 áreas protegidas terrestres, que corresponden al 19,5% de la superficie del territorio nacional. Hay parques, reservas, santuarios y monumentos naturales. Además, en los últimos años se está poniendo al día con las metas internacionales respecto de la protección del mar, y está aumentando las áreas de conservación. 

Sin embargo, los expertos cuestionan que se firmen decretos de protección sin que exista un plan estratégico detrás. “No basta con sólo declarar un área bajo resguardo. Hay que administrar el sistema con personal capacitado. Hoy la vigilancia está dispersa en distintos servicios públicos y se requiere una entidad que mire todo el territorio, incluido el mar”, comenta Flavia Liberona, directora Ejecutiva de Terram.

Del total de 30 millones de hectáreas terrestres y marinas que está bajo alguna categoría de protección público privada, sólo 14,3 millones de hectáreas son administradas por Conaf. El resto no tiene gestión territorial, es decir, no cuentan conadministración efectiva y finalmente no se sabe si alguien los está cuidando o no. El resultado es que muchas veces no son mucho más que una declaración de buenas intenciones. 

Actualmente la gestión de territorio existe sólo en los Parques Nacionales, Reservas y Monumentos Naturales. “Los Santuarios están bajo el resguardo del Consejo de Monumentos, pero éste no tienen capacidad para administrarlos”, explica Alejandra Figueroa, jefa de la División de Recursos Naturales, Residuos y Evaluación de Riesgos del Ministerio de Medio Ambiente.

Algo similar ocurre con el mar. Lo sabe Rodrigo Hucke, científico de la Universidad Austral cuyas investigaciones han servido de base para la reciente creación de tres áreas marinas protegidas y un parque marino aledaños a la bahía Tic-Toc, en Los Lagos y Aysén. “Para que funcione debe ser tratado como un todo, homogeneizar objetivos de conservación y promover que estas zonas sean fiscalizadas “, dice Hucke. Pero el servicio a cargo de monitorear estas zonas, que es Sernapesca, no tiene recursos para hacerlo, agrega el científico. Un sólo dato para tener en cuenta: la comuna de Vitacura tiene un presupuesto de áreas verdes de 357 millones de pesos anuales, lo que equivale a casi cuatro millones por hectárea. 

El proyecto de ley apunta a hacerse cargo de esto con la creación de una nueva versión de los guardaparques, más profesionales y más parecidos a los park rangers que administran los ecosistemas protegidos en Estados Unidos y Nueva Zelanda, o la famosa Policía Montada de Canadá. Esto significa que el guardaparques no sólo será el encargado de cuidar y detectar amenazas, sino también de crear e implementar planes de manejo.

“Podrán ascender en la carrera funcionaria o bien prepararse para otro cargo dentro del Servicio de Biodiversidad”, explica Alejandra Figueroa. Junto con ello, se contempla dotar de guardaparques a todas las áreas protegidas del país.

Promedio rojo ambiental

El monitoreo de los ecosistemas será una de las claves del servicio, ya que permitirá analizar “la salud” de la biodiversidad en Chile y llevar un registro de las especies nativas y las endémicas que son las que sólo existen en Chile. La biodiversidad es una de las áreas peor evaluadas en el Informe del Estado de Medio Ambiente de 2011. El estudio establece que en los ecosistemas identificados en el país existen 30.670 especies de flora y fauna, muchas de las cuales han evolucionado de manera exclusiva en nuestro territorio. De todas las especies, 231 se encuentran en peligro.

La situación del mar es peor porque hay un déficit en su clasificación y sólo el 1% de las especies están inventariadas. Es decir, apenas sabemos lo que tenemos, por lo tanto, mucho menos se puede determinar qué está amenazado o necesita ser protegido. Los peces que están en ríos y lagos sí han sido más estudiados. Se ha clasificado el 91% y de esos, el 68% está en estado vulnerable o derechamente en peligro. Por ello esta iniciativa contempla la creación de instrumentos como un inventario de especies y ecosistemas, planes de recuperación y conservación, prevención, control y erradicación de especies exóticas y manejo de recursos naturales. 

Otra iniciativa interesante que se va a plantear en la discusión parlamentaria es la creación de un Fondo Nacional de la Biodiversidad, que permitiría financiar programas de conservación fuera de las áreas protegidas y promover el uso sustentable de los recursos. El Ministro de Medio Ambiente, Pablo Badenier, explica que se podrá conocer dónde están las especies más amenazadas para implementar planes de manejo y recuperación. “Si un proyecto busca establecerse en algún lugar del territorio, sabremos dónde están esas especies”, afirma.

¿Menos conflictos?

Las organizaciones ambientales esperan que la iniciativa del gobierno ayude a resguardar en serio las zonas protegidas de la amenaza de proyectos de energía o minería. “En años recientes hemos visto muchos conflictos ambientales, talas ilegales y proyectos que han sido autorizados en este tipo de áreas”, dice Flavia Liberona y pone como ejemplo cuando la Dirección General de Aguas autorizó la cesión de derechos de agua para la ejecución de un proyecto hidroeléctrico al interior del Parque Nacional Vicente Pérez Rosales. La medida finalmente fue revertida por la Corte Suprema. “La Ley que crea este nuevo servicio debiera garantizar que ninguna actividad económica pase por sobre los convenios internacionales de protección a la biodiversidad suscritos por Chile”, agrega la directora ejecutiva de Terram. Elizabeth Soto, consejera política de Greenpeace Chile, agrega que “si hay emprendimientos, estos deben ir de la mano con el medio ambiente. Un ejemplo es el turismo sustentable, que otorga muy buenas divisas.

En el ministerio aclaran que los criterios de biodiversidad van a ser mucho más estrictos, porque van a partir de la premisa de que no es necesario sacrificar y deteriorar el entorno de una comunidad para tener desarrollo económico. El ministro Pablo Badenier, dice que el Sbap ayudará a “clarificar las reglas del juego, determinando con exactitud las áreas protegidas que puedan tener efecto en evaluaciones de impacto ambiental”. 

Desafíos del cambio

Pero también hay preocupación en los actores involucrados, en especial aquellos que, como los guardaparques de Conaf, llevan más de cuatro décadas trabajando en Parques y Reservas Nacionales. “Me atrevo a decir que en Latinoamérica, no existen capacidades técnicas de mayor envergadura que las que encontramos en Conaf en esta materia, tanto en los guardaparques, ingenieros forestales, biólogos y botánicos”, asegura el director ejecutivo de esta institución, Aaron Cavieres.

El Colegio de Ingenieros Forestales de Chile es uno de los gremios que ha mostrado preocupación por este proyecto de ley y descartan que su postura sea una defensa corporativa a Conaf. Según Julio Torres, secretario ejecutivo de la entidad, no existe una justificación para crear un servicio administrado por el Ministerio del Medio Ambiente. “¿Mejorará la gestión de los parques? ¿Van a estar más protegidos de proyectos mineros o energéticos? ¿Habrá más recursos para los parques? Nada indica eso. Entonces, la pregunta es para qué”, dice. Torres agrega que la discusión relevante debe apuntar a cómo mejorar el sistema de conservación in situ, no en el papel. Esta no se ha dado.

Pablo Badenier se adelanta a las polémicas. Asegura que el cambio será paulatino, gradual, dialogado con las organizaciones de trabajadores de  los organismos que hasta hoy realizan tareas de administración. “Valoramos enormemente el resguardo realizado por Conaf en las áreas protegidas durante todos estos años. Esperamos tener un buen debate legislativo sobre el Proyecto de Ley”, aclara el Ministro.

La clave finalmente va a estar en el tema de los recursos. Todas las iniciativas requieren de fondos para ser puestas en práctica y en ese aspecto sí que Chile está en deuda. De acuerdo a datos del PNUD, el país sólo destina 890 pesos por hectárea al año para el cuidado de áreas protegidas, lo que es bastante poco si se compara con otros países de la región como Costa Rica que invierte 9.176 pesos, Argentina que dispone de 4.782 o Uruguay que gasta 2.391, casi el triple que Chile. Eso sólo en lo que se refiere a zonas terrestres. Lo que se destina para las áreas marinas actualmente es cero, también según el PNUD.  

El informe de la OCDE de 2005 ya advertía de esta situación: “Los fondos para la protección de la naturaleza y la diversidad biológica, y para velar por el cumplimiento de las normas, son insuficientes”. Habrá que ver si los recursos para este servicio nos permiten dar la nota suficiente en la próxima evaluación ambiental que esa organización realizará al país.

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