La Tercera

Contraloría detecta 10 mil casos en lista de espera en Corporación de Asistencia Judicial

El 24 de enero de 2017, una persona solicitó una entrevista de orientación al funcionario de la Corporación de Asistencia Judicial (CAJ) de la Región Metropolitana Luis Olivos. La reunión se fijó para el 16 de octubre de 2021, es decir, con una espera de tres años y nueve meses.

Este es un servicio público y gratuito que depende del Ministerio de Justicia y tiene como misión entregar asistencia jurídica y patrocinar a quienes lo necesiten.

No obstante, en algunos casos este objetivo está lejos de ser cumplido. Según el informe número 761 de la Contraloría, “el 14 de septiembre se emitió un reporte con aquellos centros (jurídicos de la CAJ de la Región Metropolitana) que presentaban más de 40 solicitudes de usuarios en espera de que se agendara una entrevista, verificándose que, a esa fecha, estos totalizaron 10.782 casos”.

Asimismo, de los más de 10 mil casos en esta lista de espera, el ente contralor constató que “existen 2.355 usuarios que han solicitado una entrevista por primera vez con un profesional de orientación e información a los que aún no se les ha asociado un folio, número que se asigna a la carpeta que da inicio a la tramitación de la causa”.

Además, hay 17 solicitudes de entrevistas realizadas antes del 7 de septiembre de 2017, de las que 11 quedaron agendadas para 2018, cinco para 2019 y una para 2021. De acuerdo con el informe de la Contraloría, “situaciones como las descritas evidencian que la CAJ Metropolitana carece de capacidad suficiente para asegurar a los usuarios y patrocinados el acceso oportuno a la justicia”.

Al respecto, la entidad señaló en su respuesta a la Contraloría -que fue incluida en el mismo informe- que “la mencionada lista de espera en promedio no supera los 30 días hábiles”. Además, indica que “la corporación tiene un déficit de personal que se encuentra asociado a la falta de presupuesto, lo que afecta la capacidad de servicio y cobertura institucional”.

En ese sentido, el ente contralor concluyó que la respuesta entregada por la CAJ se hizo en base a antecedentes del trimestre julio a septiembre de 2017, “no siendo comparables los resultados informados”. Asimismo, cuestionó que la corporación “no adjuntó los reportes extraídos del sistema en base a los cuales elaboró su respuesta” y que “no se pronunció en forma específica sobre las situaciones (…) en las que se indican casos de agendamiento de entrevistas que sobrepasan con creces los plazos autorizados”.

Otro problema detectado es la existencia de causas civiles en que durante períodos prolongados no aparecen registros de actuaciones realizadas por el abogado o alumno en práctica. Según el documento, “ello implica que las referidas causas no habrían sido gestionadas mediante acciones de los aludidos empleados que permitan arribar al término de estas, lo que provocó que fueran catalogadas como de ‘abandono judicial’”. Entre 2015 y 2017 se registraron 123 casos en esta situación.

La Tercera consultó a la CAJ Metropolitana por las situaciones en que se fijaron entrevistas en que deberán pasar años para concretarse. Al respecto señalaron que “esto está totalmente fuera del rango existente en espera de atención. De existir un caso como ese, se puede deber por un error de registro en el agendamiento, no obstante las Direcciones Regionales mensualmente monitorean las agendas de atención”.

Críticas

Para Macarena Vargas, profesora de la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales (UDP), “estas problemáticas se deben a la forma que como sociedad nos hemos dado para otorgar asesoría jurídica a los más pobres”. Señaló que “la carga de trabajo que llevan (en las CAJ) descansa, principalmente, en las manos de jóvenes egresados de Derecho, sin experiencia profesional y, en algunos casos, con escasa motivación. Los postulantes llevan un alto número de causas (…) y cuentan con la supervisión de un abogado que habitualmente trabaja medio día”.
Añadió que “desde hace mucho años se viene cuestionando este modelo y se han elaborado proyectos de ley, pero no ha existido una voluntad política de hacerlo. Es imprescindible modificar el sistema de asistencia jurídica y avanzar hacia la profesionalización de los servicios”.

En tanto, el diputado RN Nicolás Monckeberg indicó que “estas son las injusticias y desigualdades intolerables que no podemos seguir aceptando. De nada sirve dedicarse a hacer bonitos discursos sobre la justicia social y la desigualdad y, simultáneamente, permitir o dejar a más de 10 mil chilenos indefensos frente a la justicia, porque, aunque parezca una paradoja, con eso cometemos la peor de las injusticias”.

El diputado DC Gabriel Silber, por su parte, señaló que “tenemos una asimetría brutal en materia de acceso a la justicia. Esto genera falta de credibilidad y confianza en las instituciones”.
Según el director ejecutivo del Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA), Jaime Arellano, “se ha avanzado en la calidad del servicio de defensa o asistencia jurídica que se provee. Las CAJ en Chile fueron pioneras en el desarrollo de la mediación y de la atención a víctimas de delitos violentos y de la movilidad de los servicios, llevándolos a muchos rincones del territorio”. Sin embargo, dijo que “sin duda se puede enfrentar de mejor modo las necesidades jurídicas , aprovechando la tecnología disponible”.