Contraloría: gobierno de Piñera gastó US$ 35 millones en Ficha de Protección Social sin implementarla

Desembolso de recursos se hizo con transferencias a municipalidades y adquisiciones. Organismo planteó, sin embargo, que el MDS debe pagar los contratos que siguen pendientes.




Tras casi un año de investigaciones y auditorías  a todos los actores involucrados en la fallida Nueva Ficha de Protección Social (NFPS) anunciada por el gobierno de Sebastián Piñera, la Contraloría General de la República finalmente concluyó que la administración anterior invirtió unos US$ 35 millones (según tipo de cambio al cierre de 2013) en el diseño y aplicación de ese instrumento, sin nunca haberlo implementado. La entidad afirmó que los recursos se gastaron mediante transferencias a municipalidades y adquisiciones de servicios y bienes para aplicar la herramienta, aunque ésta nunca estuvo en funcionamiento.

La indagatoria involucró a funcionarios de la época del Ministerio de Desarrollo Social (MDS) y a personal en ejercicio, municipios y otras reparticiones del Estado.

La Contraloría, sin embargo, señaló que no se contó con antecedentes que den cuenta de los respaldos técnicos y/o estudios considerados por la administración de Michelle Bachelet para tomar la determinación de no continuar con la implementación de la NFPS, dados los recursos públicos involucrados.

“El Ministerio de Desarrollo Social, mediante transferencias a las municipalidades y diversas adquisiciones efectuadas durante los años 2011, 2012 y 2013, invirtió un total de $ 18.200.714.520, sin que, en definitiva, se implementara la aludida Nueva Ficha de Protección Social”, afirmó el organismo.

La FPS es el principal instrumento oficial de medición para acceder a beneficios estatales y subsidios. Requisito obligado es tenerla inscrita en la municipalidad en que vive quien busca esas prestaciones y obtener el puntaje del beneficio buscado .

En su Informe de Investigación Especial número 15/2014, que terminó en febrero de este año y dispuso a público recién el 22 de julio último, la Contraloría sostuvo que el MDS deberá incorporar en la investigación sumarial que realiza “las observaciones que dicen relación con la tardanza en la contratación y en el desarrollo de los proyectos informáticos concernientes a la NFPS, con la inobservancia del pago total de los valores acordados para los contratos, y con el incumplimiento de las metas fijadas en 191 convenios suscritos entre las Seremi de Desarrollo Social y los municipios, sobre la cantidad de encuestas a realizar”.

También dispone que la cartera remita a la Unidad de Seguimiento de la Fiscalía de la Contraloría, en un plazo de 15 días hábiles, la resolución que dio inicio al procedimiento disciplinario y que designó al fiscal, “así como también el acto administrativo mediante el cual se incorporan a dicho proceso los hechos detallados”.

Mayor responsabilidad

Uno de los principales argumentos expuestos y confirmados por la Contraloría fue que la NFPS no se pudo implementar por problemas con el software o programa que aplicaba el algoritmo de cálculo de puntaje de la NFPS, el que tuvo nueve modificaciones posteriores, lo que impidió cumplir los plazos fijados inicialmente.

“Relativo al puntaje del nuevo cuestionario de la NFPS, los datos del mismo no se utilizaron para determinar puntajes para la obtención de beneficios... no se finalizó el respectivo software de cálculo ni se formalizó el algoritmo o fórmula definitiva para ello, resultando por tanto inoficioso pronunciarse acerca de que ésta no calcularía los puntajes, debido a que ello ha perdido oportunidad”, sostuvo.

Por eso, el organismo señaló que a futuro el MDS deberá planificar, coordinar e implementar oportunamente los procedimientos de contratación de requerimientos informáticos, para que se ejecuten en los plazos y conforme a los planes de la administración. Esto se verificará en una futura auditoría.

Además, dispuso que el MDS pague los contratos pendientes, a fin de respetar las condiciones contractuales acordadas, lo que deberá  informar documentadamente en 60 días hábiles.

Por último, señala que corresponde a la cartera establecer los controles y condiciones necesarios en los acuerdos respectivos para monitorear el cumplimiento de las encuestas encargadas y el uso de los fondos, “con el objetivo de actuar con apego a los principios de eficiencia, eficacia y control, y de la eficiente e idónea administración de los medios públicos que debe observar la administración”. Esto se comprobará en una nueva fiscalización.

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