Controversia en Argentina tras denuncia de presiones del gobierno a avisadores de diarios

La guerra entre algunos medios en Argentina y la Presidenta Cristina Fernández tiene ahora otro capítulo. Los primeros denunciaron ante la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) un boicot ordenado por el gobierno a los avisadores privados, algunos de los cuales han retirado su publicidad en los diarios que circulan en la capital.

Todo habría comenzado con el congelamiento de precios adoptado por el Ejecutivo a comienzos de febrero, para así combatir la inflación, medida que fue extendida hasta el 31 de mayo. "Lo que hubo fue una orden no verbal, no escrita, que es lo que nos generó las dificultades del punto de vista jurídico para iniciar una demanda, en la que (el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno) reunió a directivos de las casas de electrodomésticos y supermercados, y los presionó para que no publicitaran en los medios de Buenos Aires", dijo a La Tercera Daniel Dessein, presidente de la Comisión de Libertad de Expresión de la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa).

"El argumento teórico es que no tenía sentido publicitar en la medida que los precios iban a quedar fijos. Pero, en el fondo, se buscaba un daño muy concreto, porque se trata de los principales anunciantes de la prensa en Argentina. Esta presión tiene efecto sobre los empresarios por temor a ser inspeccionados por los organismos tributarios o a perder la posibilidad de importar insumos o productos. Configura una variante de la censura y una vulneración del derecho de los consumidores a conocer el precio o las ofertas de los productos que pretenden adquirir. También constituye uno de los perjuicios más graves que ha sufrido la prensa independiente en su viabilidad económica", añadió.

En este contexto, los diarios La Nación y Perfil han señalado que ya han perdido entre un 15% y un 20% de su facturación entre febrero y marzo pasados. Por su parte, Clarín pasó de tener 264 páginas de avisos de las empresas de ese sector durante enero a 61 en febrero. Importantes avisadores de algunas provincias, como Córdoba, retiraron sus anuncios de diarios locales. Otras empresas redujeron o cancelaron sus campañas en los diarios porteños tras la orden de Moreno.

En tanto, el presidente de la SIP, Jaime Mantilla, envió una carta a las casas matrices de las empresas que suspendieron los avisos para manifestarles la sorpresa del organismo, que agrupa a 1.300 publicaciones del continente, ante tal decisión. La Asociación Mundial de Diarios (WAN), que abarca a 18.000 medios de todo el mundo, hará lo propio ante tales compañías y ante los gobiernos de la Unión Europea donde operan tales firmas, según adelantó su gerente general, Vincent Peyregne.

La reacción internacional no tardó en llegar. Jose Fernandez, secretario para Asuntos Económicos y Comerciales del Departamento de Estado de EE.UU., calificó la medida, en conversación con el diario La Nación, como "violatoria de la libertad de expresión". El responsable comercial del Departamento de Estado explicó que su función comprende, entre otras cuestiones, la de "buscar la manera en que las compañías norteamericanas que operan en el exterior puedan competir en un campo de igualdad de condiciones, sin favoritismos. Una de las maneras en que compiten es, justamente, a través de sus precios. Por eso es que vamos a evaluar qué efecto tiene esto sobre la competitividad de las empresas", alertó Fernández.

"El objetivo es asfixiar la prensa financieramente. Es una forma de censura silenciosa", dijo al diario The Times Ricardo Kirschbaum, editor general del diario Clarín. Mientras, su homólogo del diario La Nación, Héctor D'Amico, señaló que "cuando la prensa independiente habla de inflación, el gobierno la ataca inmediatamente".