Declaran culpables a nueve PDI por caso de red de corrupción
Ocho fueron culpados por detenciones ilegales y parte policial falso. Sólo el subcomisario Claudio Quezada fue absuelto por el tribunal.
El 27 de marzo pasado comenzó el juicio contra 10 funcionarios de la PDI, por los delitos de apremios ilegítimos, allanamientos y detenciones ilegales, microtráfico e infracción al artículo N° 22 de la Ley Orgánica de la PDI, que se refiere a la elaboración de un parte policial falso.
A ocho meses de su inicio, ayer el Primer Tribunal Oral de Santiago declaró culpables a nueve de los 10 acusados por todos estos ilícitos, menos el microtráfico. En total, ocho funcionarios fueron culpados de hacer partes falsos y detenciones ilegales, y siete de apremios ilegítimos y allanamientos ilícitos. Según la Fiscalía Occidente, arriesgan una pena de entre 540 días a 20 años de cárcel.
El subcomisario Claudio Quezada Castro fue el único PDI absuelto, a quien se le acusó por tráfico de pequeñas cantidades de droga.
Uno de los principales hechos por el cual fueron acusados seis de los nueve policías, ocurrió el 21 de marzo de 2012 en un procedimiento policial donde incautaron de una casa 84 papelillos de cocaína base y $ 17.430, y detuvieron a cuatro personas. Sin embargo, los PDI sólo informaron de un detenido, pese a que otras tres personas estuvieron al interior de la unidad policial. Además, amenazaron a una de ellas para que entregara datos sobre un traficante a cambio de la libertad.
Por esto, los detectives Godfrey Gamboa Tapia, Daniel Urrutia Arriagada, José Márquez Areyuna y Juvenal Pérez Blanco fueron culpados por parte policial falso, apremio ilegítimo y tres delitos de detención ilegales. En tanto, se declararon culpables de los últimos dos ilícitos a Bruno Medina Blanco y Fabían Arévalo Sepúlveda. "Se condenó por todas aquellas conductas que atentan contra la debida actuación funcionaria", dijo el fiscal Emiliano Arias.
En tanto, la PDI informó que "como institución somos rigurosos y no aceptaremos hechos que se desvíen de la ley y la ética pública (...) una vez culminados los procesos administrativos y penales, no dudaremos en aplicar las sanciones que la ley establezca".
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