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Actualizado el 17/01/2013
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Divorcio entre pueblo mapuche y el Estado

Autor: Marco Enríquez-Ominami


DETESTO EL horrendo atentado que sufrió la familia Luchsinger Mackay y solidarizo con sus cercanos y amigos. Pero detesto tanto la violencia como su correlato, la represión injustificada. La aplicación de la Ley Antiterrorista, por parte del gobierno, que siempre he considerado una ley liberticida, porque constituye la antítesis de un régimen democrático.

Tanto en los gobiernos de la Concertación como en el actual se ha aplicado una política errónea respecto del tratamiento de nuestras etnias ancestrales, que nos ha llevado a un divorcio radical entre huincas y mapuches.

Hay que terminar con la autocracia de nuestros monarcas e integrar a nuestros pueblos originarios en la construcción de un Chile multicultural y multiétnico, sin leyes liberticidas.

Solamente durante el gobierno de Patricio Aylwin, en un corto período, se intentó aplicar inteligentes políticas de integración. De ahí en adelante no se ha hecho más que profundizar los errores, la violencia y los malos entendidos.

Pienso que para enfrentar correctamente, y de una vez por todas, se hace necesario entender que el pueblo mapuche tiene una cultura, una lengua, una religión y una concepción de la vida muy diferente a la de los demás chilenos, por consiguiente, no pueden ser tratados igual que los campesinos de la IX Región. El primer paso a dar en un gobierno democrático es reconocer al pueblo mapuche constitucionalmente como una etnia diferente a la cual el Estado chileno debe respetar en su integridad.

En segundo lugar, debe considerarse la existencia de parlamentarios mapuches en base a una ley de cuotas -en Australia, Canadá, Colombia y Paraguay hay representantes de los pueblos fundadores en el Parlamento-. A través de un padrón electoral propio para los pueblos originarios se asegurará su representación en el Parlamento.

A su vez, es necesario el financiamiento y aplicación real del Convenio 169 de la OIT que rige desde 2009 y que señala en uno de sus puntos medulares que es obligatorio consultar a los pueblos indígenas en la existencia de medidas administrativas o legislativas que los afecten directamente. A estas medidas de suma resulta fundamental agregar un plan de conectividad y desarrollo para la Región de La Araucanía y la elección directa de intendentes.

El sentido de mi candidatura dice relación con el cambio de las reglas, dentro del cual el más importante es el pago de la deuda histórica con el pueblo mapuche y su reconocimiento como nuestro pueblo fundador. Es preciso recordar que desde la llamada “pacificación” de la Araucanía hasta hoy, los mapuches han sido expropiados en razón de lo que antaño los militares llamaban “misión civilizadora” y hoy, los neoliberales -tanto de izquierda como de derecha- definen como el sagrado derecho a la propiedad, el culto idolátrico al rey mamón.

El problema de la Araucanía no es sólo la extrema pobreza en que vive el pueblo mapuche. Tampoco se reduce al tema de la propiedad de las tierras. Se trata de terminar con la autocracia de nuestros monarcas e integrar a nuestros pueblos originarios en la construcción de un Chile multicultural, multiétnico, sin leyes liberticidas y, sobre todo, integrador de las distintas regiones, por medio de un federalismo atenuado; de no lograrse un cambio radical de las reglas imperantes, como  diría Violeta Parra, Arauco seguirá teniendo una pena.

 

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