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Correos de los Lectores
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Actualizado el 27/09/2017
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Educación técnica

Señor director

El informe de la Contraloría General de la República “Financiamiento Fiscal a la Educación Superior 2016”, evidencia la discriminación en la asignación de recursos públicos que sufren los IP y CFT. Según éste, el año pasado, cuando se implementó la gratuidad, se asignaron poco más de MM $1.800.000 entre las IES; el 50,5% de esos recursos fueron destinados directamente a estudiantes; el 28,2% a instituciones y el 21,3% restante a cubrir el acceso gratuito a la educación superior. Apenas el 16,1%, vale decir MM $296.000, fue asignado a IP y CFT, cifra mezquina si se compara con los MM $1.000.000 (58,6%) que recibieron las universidades pertenecientes al Consejo de Rectores. Asimismo, el informe refleja que en términos de financiamiento fiscal dirigido a instituciones, pasa algo aun más grave. De los MM $521.000 asignados, cerca del 99% va dirigido a universidades y el 1% restante a IP y CFT.

Lo anterior ratifica lo que hemos planteado sistemáticamente desde su implementación. Hay una verdad que nadie quiere ver: la enorme deuda que existe con la educación técnico profesional.

El proyecto de reforma a la educación superior profundiza aún más esta situación. Exige a nuestras instituciones que desarrollemos a futuro obligatoriamente las mismas áreas que las universidades. Además de ser una exigencia fuera de toda lógica desde el punto de vista de la funcionalidad del sistema y su necesaria diversidad, la reforma no contempla asignar recursos para potenciar las funciones actuales ni futuras.

Resulta imprescindible que los responsables de las distintas instancias de tramitación del proyecto se hagan cargo de esta realidad.

Juan Pablo Guzmán

Presidente de Vertebral y rector de IP y CFT Santo Tomás

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