Ejecutivo peruano presenta propuesta para derogar leyes que enardecen a indígenas

Después de mantenerse firme contra las demandas indígenas, el Ejecutivo dio marcha atrás y aceptó pedir al Parlamento la derogatoria de los decretos más cuestionados por las comunidades amazónicas.




El primer ministro peruano, Yehude Simon, presentó hoy ante el Congreso de su país una propuesta para derogar los decretos 1090 y 1064, considerados los más polémicos de una decena que motivaron una gran protesta de las comunidades amazónicas.

"Entrego a nombre del Gobierno esta propuesta de derogatoria. Si hay un precio que pagar no interesa pagarlo porque el Perú está primero que todos nosotros", dijo Simon al presidente del Congreso, el oficialista Javier Velásquez.

Tras admitir errores de comunicación del Gobierno en el conflicto amazónico, Simon pidió a los congresistas de todos los partidos que aprueben la derogatoria de las leyes, tal y como lo demandan los indígenas, porque a su parecer se debe hacer "lo que más le conviene al Perú, sin dejar de lado a los empresarios".

Simon, quien dijo que presentará su renuncia al Presidente Alan García una vez que se tranquilice el país, llegó al Congreso junto a los titulares de Comercio Exterior, Mercedes Aráoz, y del Ambiente, Antonio Brack, tras una sesión del Consejo de Ministros en el que se aprobó por unanimidad la propuesta de derogatoria de los decretos.

Después de mantenerse firme contra las demandas indígenas, este lunes el Ejecutivo dio marcha atrás y aceptó pedir al Parlamento la derogatoria de los decretos 1090 y 1064, los más cuestionados por las comunidades amazónicas.

Hoy se instalará una comisión de trabajo para dialogar respecto a la problemática de los grupos de la Amazonía peruana y la probable derogatoria del resto de las normas.

Los decretos 1090 y 1064 regulan el uso y explotación de los recursos hídricos y naturales de la selva, incluidos los recursos gasísticos, petroleros y madereros.

Según los indígenas, con dicha legislación se contraviene su derecho a la consulta, contemplado en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que suscribió Perú.

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