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Actualizado el 06/02/2015
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El valor de la vida

SE PRESENTO el proyecto del gobierno para despenalizar el aborto invocando la necesidad de dar un trato digno a las mujeres al permitirles decidir si interrumpen o no el embarazo en tres situaciones extremas. Algunas diputadas ya han pedido que se tramite con “suma urgencia”.

Pero si realmente queremos proteger a la mujer en situaciones difíciles, ofrecerle la posibilidad de abortar es la peor solución. Los esfuerzos se deben centrar en darle apoyo y acompañamiento para enfrentar ese embarazo complejo y difícil sin recurrir al aborto; la urgencia se debería poner a los proyectos de protección de la mujer con embarazo vulnerable.

Porque permitir el aborto es la peor solución para el no nacido. También suele tener consecuencias perjudiciales para la salud física y mental de la mujer. Pero además nos enfrenta a una cuestión jurídica radical. Aunque se afirme que sólo se “despenaliza”, lo cierto es que el proyecto no sólo elimina la sanción penal, sino que autoriza el aborto, lo hace legítimo, hasta el punto de obligar al médico a realizarlo salvo que plantee una objeción de conciencia.

De este modo, renunciamos a principios fundamentales, como que nunca es legítimo quitar la vida a un ser humano inocente y al principio de igualdad. Que el no nacido es un ser humano vivo, un individuo de nuestra especie desde la fecundación, es una cuestión reconocida en el mundo científico (sólo algunos lo discuten para las primeras semanas de vida, pero el proyecto no se refiere a ellas). Pretender que pese a esto no sería “persona”, además de ser cuestionable en nuestra legislación, implica discriminar a algunos individuos de la especie humana al negarles el reconocimiento de su personalidad sólo por estar en una etapa inicial de su desarrollo. Por lo demás, negarles el carácter de persona significa -jurídicamente- calificarlos como cosas (tertium non datur).

También es una solución inútil en los casos de peligro para la vida de la madre. Porque la legislación actual prohíbe las acciones cuyo fin sea provocar un aborto, pero son perfectamente lícitas e incluso obligatorias, según el caso, las intervenciones o tratamientos que no tienen esa finalidad, aunque exista la posibilidad o seguridad de que el feto muera. Que esa regulación funciona, lo demuestran las estadísticas sobre mortalidad materna: Chile tiene una de las más bajas del mundo, menor que la de países más desarrollados en que el aborto está permitido.

La ley actual, por otra parte, permite prescindir de la sanción penal e incluso del juicio penal a través de salidas alternativas cuando la mujer ha actuado en una situación extrema, por falta de culpabilidad.

En suma, para los casos en que se pretende “despenalizar” el aborto, ello no es necesario. No hay condenas para mujeres embarazadas que hayan abortado en las situaciones extremas a las que se refiere el proyecto. Pero se quiere “legalizar” el aborto, más por motivos ideológicos que de otra índole. La mujer chilena merece una solución mejor.

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