Espina acusa que "falta de voluntad" de Gobierno juega a favor de la delincuencia

El Senador de Renovación Nacional y miembro de la comisión de Constitución de la Cámara Alta, Alberto Espina, se refirió a los índices de victimización dados a conocer ayer.

Esto, a juicio del parlamentario RN, se explica por una sola razón: "La  nula  voluntad que ha demostrado el Gobierno para impulsar y sacar adelante leyes  que permitan otorgar más facultades a los políticas y fiscales".

El Senador explicó que el Ejecutivo tiene paralizado desde marzo el proyecto de ley denominado "Reforma a la Reforma" y que según Espina contien "normas fundamentales que permiten a los fiscales y a los policías desarrollar mejores investigaciones".

"Este Gobierno mantiene este proyecto en el cajón de los recuerdos. Mientras no exista la capacidad o decisión de impulsar proyectos de ley que otorguen estas facultades; va a ser difícil revertir esta situación, más aún este proyecto establece mecanismos de coordinación obligatorias entre las policías y los fiscales, con el propósito de mejorar la acciones", aseguró.

Espina se refiere también a la mala evaluación que hace la gente de los políticos, sosteniendo que "tienen toda la razón, porque el deber de nosotros no es ser opinólogos y sólo hablar del diagnósticos, sino que pasar a la acción, con medidas concretas; y si bien es necesario avanzar en prevención  y en rehabilitación, no cabe duda que la mejor forma de disminuir la delincuencia es cuando se producen resultados que permiten la detención de delincuentes, que hoy en la inmensa mayoría de los casos quedan en la impunidad".

Según explica en los delitos de mayor reproche social, robos y asaltos Espina manifestó que el porcentaje que queda en la impunidad supera el 80%, "por tanto estamos frente a una situación muy delicada, porque no se logra tener éxito en las investigaciones, que llevan adelante policías y fiscales, porque no cuentan con las atribuciones necesarias para lograrlo".

"Le hemos dicho al Gobierno que reponga el proyecto de ley  de control preventivo de identidad que tiene por objeto  otorgar a las policías la facultad de pedir el carnet de identidad a los ciudadanos para saber si tienen orden de detención pendiente. En el país hay más de 20 mil personas con orden de detención pendiente y si a eso sumamos que los delitos son cometidos en más de un 60% por un reincidentes, la conclusión es obvia: Si nosotros no estamos dispuestos a hacer un pequeño esfuerzo y permitir que a cada chileno un policía le pueda pedir su carnet de identidad -aun cuando no haya cometido ningún delito para saber si tiene o no una detención pendiente- va a ser difícil revertir esta  situación".