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Opinión
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Actualizado el 13/09/2017
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El Estado y la inviolabilidad de las comunicaciones

Autor: La Tercera

La creación de un registro -como pretende la autoridad- que contenga datos sensibles de las comunicaciones privadas colisiona con garantías constitucionales.

El decreto que el Ministerio del Interior se encuentra tramitando en Contraloría, mediante el cual se busca actualizar disposiciones relativas a la interceptación telefónica como también ampliar el tiempo y datos que las empresas tecnológicas deben obligatoriamente almacenar -todo con el fin de asegurar un mejor resultado en la acción policial y de tribunales-, ha provocado justificado revuelo, porque lo que la autoridad presenta como una mera adecuación a lo dispuesto en el Código Procesal Penal, reviste en cambio profundos alcances que potencialmente afectan garantías constitucionales, como es la inviolabilidad de las comunicaciones privadas.

Así, conforme el nuevo decreto, los prestadores de servicios de telecomunicaciones deberán mantener y almacenar por un período no inferior a dos años una serie de datos relativos a los usuarios, tales como los antecedentes necesarios para identificar el origen de la comunicación -esto es, número de teléfono, nombre y datos del suscriptor, direcciones IP-, como también aquellos indispensables para identificar el destino de la comunicación, fecha, hora, duración y ubicación geográfica de los equipos. Esta conservación de datos -indica el nuevo decreto- aplica “cualquiera sea el medio o forma de telecomunicación”, lo que no solo comprendería llamadas telefónicas, sino correos electrónicos, mensajes de texto, redes sociales, WhatsApp y otras. El actual decreto 142 (2005) consagra esta obligatoriedad de almacenaje, pero por un plazo no inferior a seis meses y con un alcance mucho más limitado.

Frente a una disposición de esta naturaleza, parece evidente que la garantía constitucional de “inviolabilidad de toda forma de comunicación privada” queda en abierto entredicho, pues esta protección supone no solo cautelar sus contenidos -cuestión que en todo caso no es alterada por el nuevo decreto-, sino todas las dimensiones que intervienen en el proceso de comunicación, y que por su naturaleza forman parte de la vida privada.

Aun cuando el registro de datos ya existe bajo el actual ordenamiento, su ampliación a toda forma de telecomunicación profundiza la percepción de que se afecta aún más la privacidad. A diferencia de las interceptaciones, dicho registro no se crea a partir de una orden judicial -y por tanto dirigida específicamente contra alguien que esté bajo investigación-, sino que abarca a todos los chilenos, por el solo hecho de comunicarse. No cabe duda de que legítimamente muchos pueden sentir que con ello su privacidad se ve vulnerada; tampoco cabe descartar que tal registro produzca algún grado de autocensura o inhibición en las personas, afectando la libertad de expresión.

A medida que flagelos como el terrorismo y el cibercrimen se extienden de manera global y con métodos de acción cada vez más sofisticados, la legislación penal y los métodos de combate al delito deben estar debidamente actualizados, para no perder eficacia. Pero es indispensable que ello se armonice con las garantías fundamentales, porque de lo contrario la acción del Estado pierde legitimidad. La forma que hoy presenta este decreto reviste fuertes objeciones de constitucionalidad, por lo que la autoridad haría bien en retirarlo y tramitar una ley que permita una discusión amplia y profunda en el Congreso.

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