Kimberly Clark ya fue sancionada por colusión en Colombia

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En Perú, la empresa está siendo investigada junto con CMPC por prácticas anticompetitivas.




Si bien la estadounidense Kimberly Clark no fue parte del proceso que se sigue en Chile en el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) por colusión en el mercado del papel tissue, en países como Colombia y Perú sí fue objeto de investigaciones de las autoridades regulatorias del mercado y, al menos en el caso de Colombia, sancionada.

En ese país, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) anunció en mayo castigos a las empresas Kimberly Clark, Familia (de SCA) y las locales Papeles Nacionales y CyP de R., todas ellas por conductas anticompetitivas en el mercado de papel tissue. Si bien en el proceso también se abrió una línea que involucraba a Drypers Andina, filial de CMPC en ese país, esta fue finalmente archivada.

El proceso contó con la colaboración de Kimberly Clark y C y P de R., las que se delataron y optaron a una reducción de la multa. En el caso de la estadounidense, se perdonó el 100% de la sanción, mientras que para la colombiana el beneficio fue de 30%. La exención, además, se hizo extensiva a los ejecutivos de las empresas que participaron en el cartel, pues en ese país las sanciones también van dirigidas a ellos. En total, 21 profesionales fueron castigados.

De acuerdo con el fallo emitido en mayo por la SIC de Colombia, las empresas incurrieron "durante más de una década (2002-2013) en una conducta concertada, continuada y coordinada para fijar artificialmente el precio de los papeles suaves en Colombia, sector integrado por cuatro productos: papel higiénico; servilletas; toallas de cocina; y pañuelos para manos y cara".

En Perú, en tanto, el proceso sigue abierto y el caso también involucra a la chilena CMPC. La compañía, que opera en ese mercado a través de Protisa, fue notificada el 14 de diciembre del año pasado de la apertura de un proceso en su contra, que también involucra a Kimberly Clark.

En ese país fue CMPC la que dio a conocer la existencia del cartel, que operó entre los años 2005 y 2014. Esto le permitiría acceder al beneficio de exención de sanción, según lo mandata la legislación peruana. El fallo se espera para este mes.

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