La Tercera

Fiscalía investiga rol de autoridades y clínica en muerte de niña que requería trasplante

Daniela Vargas tenía un problema cardíaco grave, miocardiopatía dilatada avanzada, y necesitaba ser trasplantada. Con solo 13 años ya había sido víctima de vulneraciones dentro de su núcleo familiar y estaba cargo de un programa ambulatorio del Servicio Nacional de Menores (Sename) en la isla de Chiloé, en la comuna de Castro.

Pero el punto crítico de su corta vida ocurrió el 26 de marzo de 2015, cuando la Red de Salud UC-Christus, tras ser requerida como centro de trasplante cardíaco para evaluar la posibilidad de incorporar a la niña en la lista de espera, informó al Sename que no podía elistarla por “la condición de precariedad familiar, social y personal de esta paciente hacen que el trasplante cardíaco no esté indicado”. Además, indicaron que no estaban las condiciones para asegurar un seguimiento del tratamiento posoperatorio. Todo esto fue decidido con las opiniones del comité de ética y la dirección del hospital, junto con el coordinador nacional de Trasplante del Ministerio de Salud, el médico José Luis Rojas. Al día siguiente se autorizó su traslado a su hospital de origen. Previo a esta decisión, el Sename había enviado el 3 de marzo un oficio en el que se comprometían a que los adultos responsables que estaban en el programa de familia de acogida realizarían el acompañamiento tras la intervención.

Al ver que la niña no fue enlistada, la directora del Sename de ese periodo, Marcela Labraña, ofició a la ministra de Salud, Carmen Castillo, para que se reconsiderara la medida, dado el grave estado de salud de Daniela, según reveló el miércoles un reportaje de Chilevisión. Sin embargo, todo fue en vano. La niña murió el 13 de abril de 2015. Todo conllevó a que se abriera el debate en torno a los criterios para incluir a los pacientes en lista de espera y a una posible discriminación por la situación de vulnerabilidad de Daniela.

“Queremos ser muy enfáticos: nosotros no hemos discriminado a nadie. Lo que sí, se hacen exigencias para poder tener, posterior a la cirugía, la seguridad de que se va a contar con todo el apoyo logístico para que los pacientes puedan sobrellevar una cirugía compleja”, dijo la ministra Castillo.

Pero otro actor ingresó este jueves a este caso. Se trata de fiscal regional de Los Lagos a cargo de las muertes de niños del Sename, Marcos Emilfork, quien anunció que abrió una indagatoria y anunció que buscará esclarecer el rol de las autoridades y el recinto de salud.

“No tenemos límites para investigar las responsabilidades. En cada caso se tendrá que esclarecer si éstas existen a nivel de salud, a nivel de Sename, a nivel de determinadas personas o de organismos colaboradores”, dijo. Agregó que no existía denuncia del Sename por la muerte de Daniela y que actualmente indagan 1.313 decesos de menores. “Hay una focalización prioritaria respecto de esclarecer si existe o no responsabilidad penal por parte de distintas personas que finalmente hayan redundado en su fallecimiento (…). Los antecedentes son lo suficientemente graves como para poder impulsarla (la causa) de una manera más potente”.

Desde el Servicio Nacional de Menores indicaron que no podrán referirse a investigaciones judiciales en curso.

El director del INDH, Branislav Marelic, indicó que habría discriminación si es que hubo razones sociales para no aceptar su ingreso. “Si la UC tomó esa decisión, se tiene que revisar y repensar. Todo hace parecer que esa decisión fue discriminatoria y eso es totalmente inaceptable desde el punto de vista legal (…). Si es que existen antecedentes para configurar un ilícito, este puede ser desde un cuasidelito hasta de otro tipo, no solo delitos negligentes”. Indicó que iniciaron contactos con los familiares para evaluar las acciones legales. En tanto, la diputada RN Marcela Sabat anunció que pedirán que el caso sea revisado por la Contraloría.

Explicaciones

Desde la Red UC-Christus descartaron “enérgicamente” haber aplicado en este y otros casos un “criterio de selección de sus pacientes basado en su capacidad económica ni su condición social”, según dijo Felipe Heusser, director médico del recinto.

Explicaron que debido a lo excepcional de la situación de Daniela, su caso fue elevado al comité de ética. Asimismo, indicaron que al mencionar en el informe la “precariedad social, familiar y personal”, se referían a “condiciones completamente insuficientes para el cuidado pre y posoperatorios de la menor. En ningún caso, hemos vinculado las condiciones económicas de Daniela como criterio para entregar tratamiento médico, como se ha insinuado de manera insidiosa y faltante a la verdad”. Agregaron que estos requisitos fueron informados al Sename, pero del cual no obtuvieron respuesta, ni del servicio, ni del Ministerio de Salud.

La ministra Castillo aseguró que una vez recibida la carta enviada por la entonces directora Marcela Labraña, pidiendo que se revirtiera la decisión, se dio el visto bueno para elistar a Daniela, decisión que, según Heusser, nunca llegó al Centro de Trasplante, ni formal ni informalmente. Sin embargo, desde Minsal insisten en que hubo comunicación y que finalmente al momento de esa determinación, las condiciones médicas de la paciente no eran las indicadas para enlistar ni para realizarse un trasplante.

Tanto Castillo como el coordinador nacional de Trasplantes, José Luis Rojas, defendieron el protocolo para enlistar pacientes en espera. “Los protocolos que se aplican son internacionales y los centros de trasplante los utilizan al momento de evaluar”, dijo Rojas. Agregó que “hicimos lo que correspondía. Seguimos el caso, se nos avisa que estaban las condiciones desde el Sename y se reactivó el tema. Lamentablemente, cuando lo hicimos ya era tarde (…) fue lo más rápido que pudimos hacerlo”, indicó.