Francia pide notificar a 84 víctimas de los "quesitos mágicos"

El caso estalló en 2006 y trajo consigo que los chilenos, por primera vez, comenzaran a familiarizarse con el concepto de estafa piramidal. Durante dos años, la ciudadana francesa Gilberte Van Erpe -conocida como Madame Gil- recorrió diversas localidades de la zona central del país para ofrecer un lucrativo negocio: fermentar unos lácteos que se convertirían en una especie de quesos, los que serían muy cotizados por la industria cosmética de Francia.

Cerca de 5.000 chilenos quisieron ser parte y terminaron siendo estafados. Estos "quesitos" se fabricaban comprando a un elevado precio unos kits que Madame Gil vendía. Como en toda estafa piramidal, los primeros que invirtieron recibieron retornos y otorgaron credibilidad a la historia. Todo resultó ser una mentira y la mujer escapó del país antes de poder ser detenida.

El caso se cerró judicialmente en Francia en 2015, cuando la justicia gala condenó a Van Erpe a seis años de prisión, de los cuales deberá cumplir tres de manera efectiva. Sin embargo, y de manera sorpresiva, el caso retornó a las manos del Ministerio Público y de la PDI. Esto, luego de que a comienzos de marzo ingresara a la Fiscalía Nacional un particular requerimiento del Ministerio de Justicia de Francia. Se solicitó notificar a 84 víctimas chilenas que no fueron representadas en el juicio y les advierten que tienen un mes de plazo para pedir que se haga un nuevo juicio y que esta vez sí sean incluidas en el proceso. Además, les indican que existe la posibilidad de apelar a la resolución contra Madame Gil.

El requerimiento de Francia llegó junto a una caja que contiene 84 copias del fallo que condenó a Van Erpe, en francés y traducido al español, así como un texto que señala las opciones legales que pueden seguir las víctimas de este caso.

La tarea de ubicación recayó en la Brigada Investigadora de Delitos Económicos (Bridec) de la PDI. La semana pasada los detectives iniciaron los primeros contactos con los afectados. Según trascendió, la mayoría es residente del pueblo Coltauco, de la VI Región.

El subprefecto José Gutiérrez, jefe de la Bridec Metropolitana, indicó que "este martes se realizará una reunión en la unidad de la PDI de San Vicente de Tagua Tagua, donde informaremos a estos afectados que les llegó la referida documentación desde Francia".

Vínculo chileno

En Chile, las víctimas fueron representadas por el abogado Raúl Meza. El profesional indicó que "el tribunal de la Gran Instancia de París, que tramitó la causa por estafa en contra de Gilbert Van Erpe, siempre notificó a las víctimas chilenas que la condición para tener la calidad de afectado ante la justicia francesa, y hacer valer sus derechos en el juicio penal y civil, era ser representadas legalmente por un abogado francés". Añadió que "en mi caso particular, al representar a 600 víctimas en Chile, tuvimos que contratar los servicios profesionales del abogado francés Jaque Boedels. Sin embargo, hubo un grupo importante de víctimas chilenas que no tuvieron representación legal ante la justicia francesa. Si bien solicité al gobierno de la época asesoría legal por intermedio de la embajada de Chile en Francia, nunca obtuvimos una respuesta favorable a esta petición".

Meza añadió que "lo anterior lleva a comprender que esta notificación a las víctimas chilenas no representadas en Francia tiene por objeto que puedan designar un abogado, para ejercer el derecho a apelar de la sentencia que dictó la Corte francesa, rechazando la indemnización que fue solicitada por los afectados chilenos".

Los 715 chilenos que fueron representados en Francia no tuvieron un final feliz. La justicia francesa rechazó la indemnización y sólo les concedieron 1 euro ( $ 713 al viernes 24 de marzo).

Al respecto, Meza indicó que "tanto el tribunal como la corte francesa, estimaron que los antecedentes que fueron solicitados a la fiscalía chilena no fueron contundentes para acreditar el perjuicio. Mi convicción jurídica es que la justicia francesa nunca tuvo una voluntad real de indemnizar el perjuicio patrimonial que sufrieron las víctimas chilenas".