Gobierno fija sus prioridades hasta abril y plantea tres evaluaciones al gabinete

Hace unas semanas, la Presidenta Michelle Bachelet retomó una costumbre de su anterior administración: algunos domingos, la Mandataria ha convocado a su casa en La Reina, en estricta reserva, a ministros de su gabinete.

La mayoría de las veces, aseguran altas fuentes de Palacio, participan integrantes del comité político -que componen Rodrigo Peñailillo (Interior), Alberto Arenas (Hacienda), Ximena Rincón (Segpres) y Alvaro Elizalde (Segegob)-, pero otras veces han asistido titulares de carteras sectoriales.

Es en parte por estas reuniones -sumado a las citas de los lunes en La Moneda con el equipo político y los últimos consejos de gabinete- que se ha ido configurando la hoja de ruta del gobierno.

Dicha planificación consta de dos matrices: se delinearon las prioridades legislativas hasta el 30 de abril y se establecieron tres fechas claves, que a esta altura están marcadas con destacador en la agenda de los ministros que han participado en la generación del cronograma. Los plazos son: 18 de septiembre de este año y 31 de enero y 30 de abril del próximo.

Tales días, afirman fuentes de Palacio, representan los plazos en que la Mandataria tiene estipulado evaluar el cumplimiento de metas de sus secretarios de Estado y, por lo tanto, revisar la gestión de cada uno.

Las mismas fuentes, en todo caso, descartan que esas fechas involucren, necesariamente, la realización de un ajuste al gabinete, pero reconocen que servirán para examinar cómo se ha desarrollado la materialización de las tareas encomendadas por la Jefa de Estado.

Las fechas, admiten en La Moneda, no fueron escogidas al azar. La primera -18 de septiembre- es para marcar el fin de los primeros seis meses de gobierno. Y, por lo mismo, se busca determinar con claridad cómo se ha ido cumpliendo con el programa y con los objetivos planteados el 21 de mayo.

Pese a que desde el oficialismo han surgido voces promoviendo una evaluación del gabinete al cabo de seis meses y un posible cambio de sus integrantes, en La Moneda aclaran que el fijar para esa fecha un análisis del trabajo hecho no implica que se esté pensando en una modificación en el staff gubernamental. Pero, recuerdan, que "esa es una atribución de la Presidenta, por lo tanto, ella decide cuándo cambia sus equipos".

La segunda fecha -31 de enero- es la que se mira con más atención en la casa de gobierno, ya que no sólo implica una nueva posibilidad de una evaluación al desempeño de los ministros, sino que es el plazo tope para presentar la propuesta para cambiar la Constitución.

Aunque en el gobierno no se entregan detalles de la fórmula, sí se da por hecho de que se tratará de "un proceso participativo, que sea producto de un acuerdo social amplio".

La Presidenta se había comprometido durante su campaña a hacer pública la iniciativa durante este año, pero luego decidió descomprimir la agenda y anunció que la presentación se haría en 2015. Hasta ahora, se desconocía la fecha.

El 30 de abril, en tanto, está consignado, en parte, como la última etapa de análisis de esta programación, y la idea es definir el estado de avance de las tareas que se encomendarán a inicios de 2015. Asimismo, la fecha marca el plazo para cumplir los distintos compromisos efectuados el 21 de mayo de este año y, así, definir los anuncios que se harán en la siguiente cuenta pública.

En el caso de las prioridades legislativas definidas por La Moneda, se establecen casi 50 iniciativas, pero son cerca de 20 las que más interesan en el Ejecutivo.

Dichos proyectos (ver detalle) emanan principalmente desde 12 ministerios. Y entre las iniciativas a concretar están el proyecto que termina con la educación municipalizada, el de gratuidad en la educación superior, el que fortalece las capacidades del Estado Mayor Conjunto, el que moderniza Enap, el de Agencia de Concesiones, el que reforma el sistema de municipalidades, el que instaura la Subsecretaría de la Discapacidad, la reforma laboral, el que perfecciona el sistema de Alta Dirección Pública, el que refuerza la Fiscalía Nacional Económica y, claro, la propuesta para modificar la Constitución.