*

Nacional
Compartida
Actualizado el 28/11/2017
Estás leyendo:Gobierno pide a Contraloría explicar por qué no visó “decreto espía”

Gobierno pide a Contraloría explicar por qué no visó “decreto espía”

Autor: Fernando Duarte M.

La entidad no tomó razón del decreto que buscaba que las compañías telefónicas guardaran por dos años las comunicaciones de sus clientes.

Gobierno pide a Contraloría explicar por qué no visó “decreto espía”
La sede de la Contraloría General de la República, en Santiago Centro.

Luego de casi cuatro meses, la Contraloría General de la República se pronunció sobre la iniciativa de la Subsecretaría del Interior, de ampliar en dos años el almacenamiento de las comunicaciones de los clientes de las empresas telefónicas. Disposición conocida como “decreto espía”.

Pero la respuesta no fue satisfactoria para el gobierno. “Esta entidad de control ha debido abstenerse de dar curso al documento individualizado en el rubro, que establece reglamento sobre interceptación de comunicaciones telefónicas y de otras formas de telecomunicación, y de conservación de datos comunicacionales, por no ajustarse a derecho”, señaló en su respuesta la entidad que dirige Jorge Bermúdez.

Y agregó: “Debe objetarse que diversas disposiciones del señalado reglamento regulan materias propias de ley, como los son las relativas a la conservación de datos comunicacionales por parte de los prestadores de servicios de telecomunicaciones, y a las atribuciones de los jueces de garantía y del Ministerio Público, excediendo las normas del Código Procesal Penal que se invocan como fundamento o resultan aplicables”.

La intención del Ejecutivo era facilitar el acceso de las policías y la fiscalía a los datos que están en manos de las empresas de telecomunicaciones, en caso de que determinadas investigaciones así lo ameritaran. Sin embargo, la decisión de la Contraloría significa un revés para La Moneda.

De ahí que la Subsecretaría del Interior, encabezada por Mahmud Aleuy, decidiera pedir explicaciones al órgano revisor de cuentas.

“Como la decisión no tiene una fundamentación que permita saber con nitidez dónde se producen las dificultades que advierte, es una necesidad contar con esos antecedentes para comprender los fundamentos de tal decisión”, señalaron desde el gobierno.

Asimismo, añadieron que “pediremos una aclaración, porque entendemos que todos los organismos públicos, incluida la Contraloría, deben fundar adecuadamente sus decisiones”.

Desde el Consejo para la Transparencia, su presidente, Marcelo Drago, coincidió con Contraloría y señaló que “cualquier cambio o modificación legal en torno a las comunicaciones privadas debiese ser materia de ley y ajustarse estrictamente a una finalidad necesaria, existiendo para ello un debate legislativo abierto y de frente a la ciudadanía”.

En tanto, el senador Felipe Harboe (PPD) también celebró la decisión de Bermúdez. “No puede ser que un gobierno se arrogue la facultad por decreto de hacer algo que tiene que ser resguardado por ley”, afirmó el parlamentario.

Su par de la UDI Hernán Larraín dijo que “una autoridad administrativa no puede, a través de un decreto, definir cómo se almacenan y preservan informaciones que son reservadas y privativas de las personas. Solo una ley puede establecer el uso y destino de esa información”.

Comentarios
Cargar comentarios
Papel digital