Gobierno presenta primera querella por Ley Antiterrorista en caso bombas

Un giro dio el gobierno en la investigación por la seguidilla de bombazos que han afectado durante los últimos años a sucursales bancarias, comisarías y empresas. El Ministerio del Interior presentó la primera querella por Ley Antiterrorista.

El pasado 16 de enero, luego de que desconocidos instalaran en el lapso de un día cuatro artefactos explosivos en distintos puntos de Santiago, el gobierno se querelló por el delito de "daños simples" en contra de los presuntos responsables de cerca de 35 atentados, entre el 2007 y el 2008.

Sin embargo, el miércoles último el ministro del Interior (S), Patricio Rosende, presentó una querella por delito terrorista en contra del joven anarquista Cristián Cancino Carrasco (31), quien está imputado por instalar, el pasado 27 de marzo, un artefacto explosivo con pólvora negra en una farmacia de Las Condes, que finalmente no estalló.

Cancino, quien trabajaba en una empresa minera, permanece detenido desde el pasado 6 de junio, luego de que en su domicilio, ubicado en el centro de Santiago, efectivos policiales incautaran casi medio kilo de pólvora negra, la misma sustancia que fue utilizada en el ataque frustrado a la farmacia.

Durante la formalización de cargos, el fiscal Francisco Jacir también invocó la denominada Ley Antiterrorista, que contempla una pena mínima de cinco años para quienes instalen bombas.

Según algunas fuentes de gobierno, la querella interpuesta ante el Octavo Juzgado de Garantía plantea que el artefacto explosivo que instaló Cancino pudo afectar gravemente la integridad de las personas que estaban en el lugar, por el efecto que provoca la detonación de la llamada "pólvora comprimida".

También sostiene que este tipo de ataques tiene por finalidad producir temor en la población de ser víctimas de un atentado.

Además, la querella sostiene que durante el 2008 y el presente año se han producido en la capital más de 60 ataques con bombas de las mismas características, arriesgando gravemente la seguridad de las personas y de la propiedad.

"Me alegra que el gobierno tome conciencia de la gravedad de este asunto, porque gracias a su pasividad ha aumentado en los últimos años. Esto demuestra que tengo razón: estos actos buscan aterrorizar a un sector de la población", sostuvo ayer el senador Alberto Espina (RN).