Hablemos de pensiones

¿Quién está mejor? ¿Una persona que se jubila con 300 mil pesos mensuales luego de haber estado ganando 900 mil pesos mensuales? ¿O una persona que se jubila con los mismos 300 mil pesos pero luego de haber estado ganando 330 mil pesos mensuales?

El análisis económico estándar concluye que los dos están igual de bien, porque el ingreso con que contarán durante su jubilación será el mismo. Sin embargo, un análisis más sofisticado y el sentido común sugieren que quien ve caer sus ingresos en dos tercios luego de jubilar estará bastante más descontento que quien lo ve caer solo en un 10%. Sobre todo si los dos esperaban una jubilación que no significara una reducción importante en su estándar de vida.

La promesa que hizo el sistema de AFP fue que las pensiones serían cercanas a los sueldos poco antes de jubilar. "Si todo iba razonablemente bien, nuestros cálculos indicaban que ahorrando mensualmente un 10% de la remuneración, las pensiones podrían alcanzar montos equivalentes al 70% de ella al final de la vida de trabajo", afirmó el padre del sistema de AFP en un libro sobre felinos y cascabeles. "Chilenos se pensionarían con el 100% de su sueldo el 2020", titulaba una entrevista al representante de las AFP el año 2000.

Las masivas e inesperadas protestas contra las AFP del año pasado se deben a que los trabajadores comenzaron a jubilarse en masa bajo el nuevo sistema y constataron que sus jubilaciones distaban mucho de lo esperado. La tasa de reemplazo típica de un hombre que jubila, es decir la razón entre su jubilación y su último sueldo, es de un 52%; en el caso de las mujeres llega solo al 29%. Si no cuenta con ingresos adicionales esto significa que el hombre típico ve caer su ingreso a la mitad cuando jubila; la mujer típica, a menos de un tercio. Y eso que las tasas anteriores serían mucho más bajas (33 y 12%, respectivamente) si no incluyeran el aporte estatal a las pensiones de los más pobres producto de la reforma de 2008 que creó el Pilar Solidario.

Las tasas de reemplazo anteriores, sin embargo, varían enormemente de acuerdo al nivel socioeconómico de los jubilados.

El hombre típico ve caer su ingreso a la mitad cuando jubila; la mujer típica, a menos de un tercio (...) Un requisito mínimo para dar legitimidad al sistema de pensiones es que las AFP no se beneficien con las reformas.

Para el 20% (quintil) más pobre, esta tasa llega al 110%, mientras que para jubilados al medio de la distribución del ingreso (el tercer quintil) llega solo al 35%. Este fenómeno se explica porque el Pilar Solidario beneficia principalmente a los sectores más pobres. De hecho, la tasa de reemplazo típica en el quintil más pobres sube de 14 al 110% para este grupo gracias a dicho pilar. No nos engañemos, se trata de pensiones que son muy, muy bajas, pero los sectores más vulnerables al menos no ven caer sus ingresos cuando jubilan y hasta los ven subir un poco. La clase media, en cambio, donde estamos hablando de hogares con un ingreso per cápita mensual entre 200 mil pesos, los ve caer de manera dramática.

Las cifras anteriores explican la pésima opinión que tiene la gente de las AFP. A la promesa incumplida en materia de tasas de reemplazo se agrega que las AFP son percibidas como funcionales a grandes grupos económicos, se resiente que los afiliados no participen en la administración de los fondos, que el sistema discrimine contra las mujeres y no comparte riesgos, que tiene un problema de origen por su génesis no democrática, que hubo presión para cambiarse al nuevo sistema cuando se creó y que los retornos de las administradoras han sido y siguen siendo muy altos producto de que compiten poco.

Tal vez el motivo más profundo del desencuentro entre la ciudadanía y las AFP tenga su origen en que la gente entendió que el servicio que les estaban dando era de pensiones, mientras que las administradoras lo concibieron como uno de rentabilidades. Si había más lagunas que las previstas, no era problema de las AFP. Si los jubilados estaban viviendo más años, tampoco. Y si producto de estos y otros factores las pensiones terminaron siendo mucho más bajas de lo esperado, la responsabilidad era de los afiliados por no echarle bencina al automóvil de lujo que las AFP habían puesto a su disposición y no del chofer.

El diagnóstico anterior lleva a proponer cuatro características que debiera tener una reforma de pensiones si aspira a ser aceptada y sustentable en el tiempo. Un primer desafío es mejorar las pensiones de la clase media, no sólo de los más pobres. Este incremento debe ser sustantivo (un 20%, por ejemplo) y debe beneficiar también a quienes ya están jubilados, lo cual significa una componente redistributiva importante.

Un segundo desafío es dotar al sistema de un componente mayor de seguridad social, de mayor aseguramiento colectivo. Por ejemplo, que quienes tienen menos lagunas contribuyan a las jubilaciones de quienes tengan más lagunas, en particular, que los hombres contribuyan a las jubilaciones de las mujeres.

El tercer objetivo es dotar al sistema de pensiones de la legitimidad que hoy dista mucho de tener. Dada la transición demográfica y reducción de tasas de interés de largo plazo que se están viviendo a nivel mundial, si bien las reformas debieran mejorar las pensiones de manera importante, las tasas de reemplazo que resulten no llegarán al 60 o 70% que parece razonable plantear como objetivo. Para lograr tasas como estas, en el mediano plazo será necesario adoptar medidas impopulares, como incrementos importantes de la edad de jubilación, y estas medidas solo serán políticamente viables con un sistema legitimado.

Un requisito mínimo para dar legitimidad al sistema de pensiones es que las AFP no se beneficien con las reformas. Han obtenido ganancias excesivas durante décadas y han hecho un lobby muy efectivo para obstaculizar o licuar cualquier reforma del sistema, de modo que si salen ganando con la reforma actual será impresentable para sectores amplios del país. También es conveniente revisar el sistema diferenciado de pensiones de las Fuerzas Armadas y Carabineros y crear opciones de inversión que empoderen a los afiliados sobre dónde se invierten sus ahorros, por ejemplo, fondos que privilegian empresas con altos estándares ambientales.

El malentendido mencionado anteriormente respecto del servicio que estaban ofreciendo las AFP lleva a un cuarto principio que también está muy presente en las encuestas de opinión. La gente quiere que el Estado tenga un rol de garante del sistema de pensiones, que se preocupe de que sean cada vez mejores, que se irán tomando las medidas para adaptarse a nuevas realidades de longevidad, retornos y participación laboral. Esto no significa que el Estado necesariamente asuma un rol como administrador, pero sí que tenga un rol como orquestador del sistema.

A los cuatro principios anteriores debemos agregar la precondición de que la reforma sea técnicamente viable. Esto significa, entre otras cosas, que sea financiable en el mediano y largo plazo, un requisito no menor dados varios de los factores ya mencionados.

Recientemente, el Ejecutivo envió al Congreso un proyecto que reforma el sistema de pensiones. Varios candidatos presidenciales y otros actores han hecho propuestas alternativas. Lo que se viene es una discusión de propuestas que promete ser árida, llena de tecnicismos y donde la ciudadanía se sentirá excluida. Para tener una reforma políticamente sustentable es importante que antes de discutir propuestas tengamos un debate sobre cuáles principios debiera reflejar la reforma, un debate donde puedan y quieran participar todos. Los cuatro principios esbozados en esta columna son un buen punto de partida*.