Industria sanitaria pide frenar reforma al sector y gobierno le quita piso al proyecto de ley

Una bomba explotó esta semana en la industria sanitaria. La reciente aprobación en la Cámara de Diputados de un proyecto de ley que modifica la legislación vigente, cambiando aspectos como la fijación tarifaria y el cumplimiento de planes de desarrollo, provocó un desplome de las acciones de las empresas de este sector en la Bolsa, pues se espera que los ingresos de las compañías caigan fuertemente a raíz de la derogación del piso de rentabilidad garantizado por ley.

Durante la jornada de ayer, la matriz de Aguas Andinas, Inversiones Aguas Metropolitanas (IAM) lideró las pérdidas en la Bolsa santiaguina, cayendo 15,8%, seguida de Aguas Andinas, que bajó 14,28%.

Según Víctor Galilea, presidente de la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Sanitarios (Andess), el proyecto iniciado en base a una moción parlamentaria -y que ya superó su primer trámite y ahora se discutirá en el Senado- debiera ser revertido en esa instancia.

Esto, pues a su juicio "se están destruyendo las bases que permitieron el desarrollo de estos servicios en el país y que llevaron al país a una posición en esta materia, que no tiene ninguna empresa sanitaria en Latinoamérica, y que pocos países Ocde tienen" explicó. Además, sostuvo que el proyecto cambia las reglas del juego del sector "en forma radical", pudiendo interferir en la posibilidad de atraer capitales.

Todo, en una industria que ha generado grandes avances para el país. Prueba de ello, asegura, es que mientras al año 2000 la cobertura de tratamiento de aguas servidas que había en Santiago era cercana a 3%, en 2015 se llegó al 100%.

Para el presidente de Andess, el actual modelo se diseño "para dotar al país de un suministro urbano de agua potable, cambiar las condiciones de vida y de medioambiente del país", lo que se logró en un breve plazo "sobre la base de un modelo que permitía traer capitales, dar seguridad al inversionista, y que permitía crecer en un ambiente de un marco seguro".

Dos son las principales preocupaciones de las empresas. Lo primero, es el cambio que se pretende impulsar en el proceso de tarificación. En el actual proceso, en caso de no existir acuerdo entre el Estado y las firmas, se va un proceso de mediación donde participa un perito de la Superintendencia de Servicio Sanitarios (Siss), uno de la empresa que está participando del proceso, y un tercer nombre de consenso de ambas partes. El proyecto busca modificar la composición de la instancia, permitiendo dos peritos del Estado, y uno de las firmas. "El gobierno va a ser juez y parte en la definición de las tarifas", afirmó Galilea.

Gobierno le quita piso

Atendiendo a la preocupación de la industria, en horas de la tarde de ayer el Ministerio de Obras Públicas (MOP) emitió un comunicado en el que le quitó piso al proyecto, señalando que si bien ven aspectos positivos como la ampliación del territorio operacional, este "cambia condiciones en el proceso de determinación tarifaria que se estiman no adecuadas para mantener niveles de inversión y de calidad de servicio a los usuarios".

"Esperamos en los próximos trámites legislativos que se mantengan aquellos aspectos que han permitido hacer inversiones en nuestro país y se apoyen los cambios que protegen a los consumidores", agregó el MOP.