Ingresan proyecto que amplía plazo a colegios subvencionados por Ley de Inclusión

"Resulta imperioso postergar en, al menos, un año la obligación para los colegios de cambiar su naturaleza jurídica", este es un extracto del proyecto de ley presentado este miércoles por los senadores DC Ignacio Walker, Andrés Zaldívar y el independiente Pedro Araya, quienes buscan que los colegios particulares subvencionados que actualmente tienen como plazo el 31 de diciembre de 2017 para transferir sus personalidades jurídicas a sin fines de lucro puedan hacerlo en un año más, es decir, el 31 de diciembre de 2018.

El plazo impuesto en la Ley de Inclusión, que fue promulgada el 2015, expresa que en caso de no cumplir con el traspaso efectivo, el establecimiento educacional deja de percibir la subvención del Estado, por lo que solo quedan dos posibilidades: ser particular pagado o dejar de funcionar.

Una de las razones para presentar este proyecto se debe a que hasta la fecha sólo 726 establecimientos educacionales han oficializado el traspaso, lo que equivale a un 12,4% del universo total de los colegios subvencionados de Chile.

El tiempo de prórroga que se intentaría establecer con este proyecto de ley ya había sido solicitado por diversas asociaciones de sostenedores de colegios subvencionados, las que durante la semana pasada se reunieron con Andrés Palma, secretario ejecutivo de la reforma educacional, para aclarar algunos puntos críticos de la ley que se resolverían con una segunda ley miscelánea que presentará el gobierno.

"Fue algo que nosotros solicitamos en reunión con la ministra de Educación, por eso nos parece estupendo este proyecto y nos alegra, porque con esto se crearía un ambiente distinto entre los sostenedores y daría más tiempo para tomar decisiones más adecuadas", manifiesta Guido Crino, presidente de la Federación de Instituciones de Educación Particular (Fide).

El lento traspaso de los colegios subvencionados tiene sustento en que en la ley se estableció que los sostenedores deben ser propietarios de los inmuebles en que funcionan los colegios, pero de acuerdo a la reciente iniciativa, existe incertidumbre por el funcionamiento del sistema de créditos bancarios, por lo que desde los sostenedores valoran el escrito. "Esto va más allá que un beneficio, necesitamos este plazo para abordar problemas reales que se han generado, como el encarecimiento de los costos que no permitirían la continuidad de algunos colegios", explica José Valdivieso, presidente de la Confederación de Educación Particular Subvencionada de Chile (Conapas).

El escrito que pide reemplazar la primera parte del segundo artículo transitorio de la Ley de Inclusión es apoyada por el senador de RN Andrés Allamand, quien manifiesta que es necesario contar con más tiempo: "Desde hace mas de un año hemos insistido que el plazo para que los colegios particulares subvencionados cambien su naturaleza jurídica no se va a cumplir. Cada vez que se lo propusimos al gobierno nos dieron un portazo, esperamos que los parlamentarios de la Nueva Mayoría tengan mejor suerte".

De forma paralela, el jueves 28 se volverá a reunir la mesa de trabajo que estableció el Mineduc con los sostenedores.