José Antonio Kast: "Uno podría preguntarse cómo ME-O financia su candidatura permanente"

¿Cómo la UDI puede probar que lo que dice Hugo Bravo es falso?

No le corresponde a la UDI probar que eso es falso. Nosotros hemos planteado que la persona que entrega ese audio, que es Hugo Bravo, está imputado por fraude al fisco, es una persona que se ha declarado inestable emocional y mentalmente. Y que presenta el audio en una demanda judicial y laboral donde él pretende que se le pague por parte de sus ex empleadores, 2 mil 300 millones de pesos. Y además, a mi juicio, está tratando de bajar las penas que le pueden corresponder por el tema del fraude al fisco. Vio como una salida a su situación personal involucrar a distintos actores políticos en la causa.

Si se trata de un montaje, ¿por qué no resulta fácil para la UDI acreditar que eso no es real?  

A mi juicio no corresponde que la UDI se haga cargo de imputaciones falsas. Incluso si sumara la cantidad de millones que él dice que reparte, no calzan. Hay incluso dudas en la cinta de que él haya gastado para fines personales los recursos que señala.

Si Bravo miente, ¿contemplan ofensiva judicial por injurias?

Cuando el fiscal llame a alguien vamos a poder determinar si eso es constitutivo de injurias y calumnias. Pero hoy lo que hay es un audio obtenido de manera ilegítima de una conversación privada donde dos personas opinan. Si tuviera que llevar a los tribunales a todas las personas que opinan mal de los político, tendría que llevar a la mitad de Chile.

¿No es mejor transparentar que hacer oídos sordos a las acusaciones?

La UDI estuvo expuesta hace algunos años atrás a una situación bastante similar cuando se le imputaron delitos a actores relevantes de nuestro partido (caso Spiniak). En ese momento hicimos todo lo que teníamos que hacer para ir demostrando que eso no era así. Pero ni los medios ni la opinión pública nos creía. Hasta que la persona involucrada tuvo que reconocer que había mentido.

Usted dijo que no recibió dineros de Penta fuera de aportes reservados. ¿Está en condiciones de afirmarlo por Moreira, Golborne, Zalaquett,Von Baer, Silva y Novoa?

Lo que yo puedo decir o reiterar es lo que cada uno de ellos ha dicho: que han realizado sus campañas en base a lo que establece la norma legal. Yo no tengo por qué no creerle a las personas que forman parte de mi partido. Y el que tenga una opinión distinta, que presente una denuncia. Pero poner a todos en el mismo canasto, no corresponde.

¿Sugiere que en algunos casos puede ser y en otros no?

No sabría decirle, porque yo tengo que hacer fe de las personas que conozco y con las cuales he trabajado.

¿Cuán descabellado es pensar que una empresa como Penta, que tiene lazos familiares con militantes UDI, pudiera traspasar dineros en efectivo para campañas?

Con las rendiciones tributarias que existan hoy es casi imposible que una empresa diga, mire yo voy a entregar 100, 200 o 300 millones en efectivo... Es imposible hoy que una empresa retire 150 millones en efectivo y se lo entregue a alguien sin que quede de alguna manera certificado el retiro.

¿Se contradice la UDI cuando por un lado niega toda mala práctica y por otro sugiera que en todas las campañas puede haberlas?

Hemos señalado que de haber un problema en el financiamiento de la política, éste se da generalmente cuando hay precandidaturas. Y muchos tendrán que justificar si son recursos personales los que ocuparon para enfrentarlas o si son obtenidos de donaciones o colaboraciones de personas cercanas.

¿Se refiere a las campañas de Moreira o Von Baer que comenzaron antes y luego se cambiaron de lugar? 

Lo que digo es no solamente respecto de ellos, sino en general. Podríamos hablar de Marco Enríquez-Ominami, por ejemplo, que hoy día sigue siendo precandidato y lo ha sido durante muchos años. Uno podría preguntarse cómo financia su actividad del día a día de candidatura permanente. Uno podría preguntarse cómo y con qué recursos la Presidenta financió un video previo a su llegada a Chile. Creo que ahí está la oportunidad de liderar y plantear una convocatoria para enfrentar todo lo que diga relación con el financiamiento de la política. No olvidemos el caso Mop-Gate, donde la UDI sí estuvo dispuesta a jugar su capital político por salvar a un gobierno.

¿Cómo no confundir ese llamado por un acuerdo con que se quiera desplegar un manto de impunidad?

Nunca hemos negado que la justicia haga lo que tenga que hacer. Una cosa es la investigación de la fiscalía y la otra cómo el mundo político deba enfrentar esto hacia adelante.