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Actualizado el 14/07/2017
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La era del fundacionismo

Autor: Carlos Matías Pérez

Entre el Estado y la empresa se encuentra la sociedad civil, que de acuerdo a un estudio del Centro de Políticas Públicas de la UC y la Fundación Chile + hoy, en nuestro país está mucho más organizada que hace una década, se moviliza en torno a intereses diversos, no descansa solo en el voluntariado y es un segmento muy significativo en la economía.

La era del fundacionismo

Ciudadano Inteligente o Techo. Fundación Mi Casa, Mi Parque, Mi Hogar, Tu Amigo Fiel, Tú Puedes, Nuestros Hijos. El Club de Ajedrez de Chile, las juntas de vecinos, el Comité en Defensa de Villa San Luis que quería que no demolieran el complejo habitacional. La Corporación Amigos del Teatro Municipal, Colunga, El Movilh, Enseña Chile o el Hogar de Cristo. Todas son organizaciones de la sociedad civil que se suman a muchas otras y que se dedican a actividades tan variadas como promover espectáculos culturales, conseguir que un equipo de barrio tenga camisetas, defender causas medioambientales, impartir educación de calidad en sectores vulnerables, ayudar a las personas presas a reinsertarse, conseguir atenciones de salud a grupos que no pueden pagarlas o coordinar la ayuda después de una catástrofe.

En la práctica, la sociedad civil somos todos actuando como ciudadanos, libremente, en forma colectiva por un bien general. “Las organizaciones de la sociedad civil son eso, pero con orgánica, estatuto y una misión definida”, explica Paula Streeter, coordinadora de “Sociedad en Acción”, un proyecto del Centro de Políticas Públicas de la UC junto a la Fundación Chile + hoy, que apunta a determinar qué lugar ocupa este sector hoy en el país.

Para eso trabajaron durante 2015 y 2016, encuestando a 1.500 personas a lo largo del país, hicieron entrevistas y un gran catastro de organizaciones basado en cinco criterios: que sean organizaciones con estructura interna, estabilidad en sus objetivos y documento de constitución; que no tengan fines de lucro; sean autónomas; voluntarias y privadas, o sea, que no estén ligadas estructuralmente al Estado. La principal sorpresa de los resultados fue el crecimiento que han experimentado en una década: hoy existen 234.502 instituciones que cumplen con esos requisitos, más del doble de las que había en 2004, cuando se hizo el anterior estudio sobre el tema. “Esto habla de una sociedad chilena muy disponible para movilizarse por causas de interés público, lo que es bien interesante”, explica Ignacio Irarrázaval, director del Centro de Políticas Públicas de la UC.

Tanto o más llamativo que su crecimiento en número es que se han vuelto un sector muy significativo para la economía: el estudio calculó sus ingresos (sumando los aportes que reciben desde el Estado y los dineros que provienen de donaciones o venta de servicios), y estos superan los 5.300 millones de dólares. Eso representa el 2,2 por ciento del PIB chileno. Para hacerse una idea, el sector económico de la electricidad, gas, agua y la gestión de desechos tiene una participación conjunta en el Producto Interno Bruto del 2,8 por ciento; los restaurantes y hoteles representan el 2 y la industria de las bebidas y el tabaco el 1,7 por ciento.

“No me sorprendieron estas cifras”, dice Armando Holzapfel, director de Fundación Chile + hoy, quien explica el amplio espectro en la sociedad que alcanzan este tipo de instituciones y que van desde el bingo que hace un club de adultos mayores, los recursos reunidos para techar un gimnasio o ponerle pasto a una cancha de barrio hasta las grandes campañas nacionales de la Teletón o el Hogar de Cristo o el trabajo de Bomberos. “Al final te das cuenta de que las organizaciones hacen muchas cosas, que el sector de la sociedad civil es un componente relevante para el desarrollo del país y que tenemos que levantar la voz respecto de los temas, porque somos un actor totalmente válido respecto del Estado y los privados. Tenemos que creernos el cuento”, dice Holzapfel.

La explosión
Un factor clave en el aumento de las organizaciones fue la Ley 20.500, promulgada en 2011, que generó un nuevo marco jurídico para la participación ciudadana y facilitó enormemente el proceso de constitución de las organizaciones. Antes, estas tenían que presentar una solicitud al Ministerio de Justicia y esperar un largo proceso que terminaba con la firma del mismísimo Presidente de la República para constituirse. Es decir, era un trámite que se demoraba. Hoy, en cambio, se entrega un estatuto tipo a un secretario municipal, el que lo envía al Registro Civil, y si dentro de cinco días hábiles no tiene observaciones se considera que la constitución está habilitada. “La Ley 20.500 facilitó mucho este proceso”, dice Streeter. Gracias a esto, tenemos una tasa mayor de organizaciones cada mil habitantes (13) que en países como Estados Unidos o Australia.

Ese proceso de constitución legal es muy importante para estas organizaciones, ya que tal como explica Irarrázaval, el Estado entrega muchos fondos y para acceder a ellos hay que existir legalmente, lo que según él también implica un riesgo: “Puede llevar a una sobreabundancia de organizaciones que al final no son tan representativas como se quisiera”, dice el académico de la UC. Esto se suma a que si bien las fundaciones y corporaciones , por ejemplo, son supervisadas por el Ministerio de Justicia, en la práctica ningún organismo las fiscaliza, lo que puede resultar en que algunas sean muy pequeñas, no tengan sustentabilidad en el tiempo o estén inactivas.

Los investigadores dicen que es posible que eso explique que la región con la tasa más alta de este tipo de instituciones de la sociedad civil sea La Araucanía, donde puede existir “esta excesiva motivación del Estado de canalizar recursos a organizaciones. Es algo muy bueno, pero de alguna manera hay que tener cuidado con esto”, agrega Irarrázaval.

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El estudio también vio los cambios de las organizaciones de la sociedad civil según el tema que trabajan revisando la inscripción de estos organismos entre 1857 y 2015, lo que revela que hoy predominan en número las dedicadas al desarrollo social y de vivienda, que son, además, las que más han crecido desde 1989. Casi tan importantes son los grupos dedicados a la cultura y recreación y más atrás aparecen las sociedades dedicadas a la educación e investigación, un sector que casi no ha variado respecto de la década anterior. Luego están los sindicatos, colegios profesionales y asociaciones gremiales, la categoría que más ha caído; los grupos de servicios sociales; los de defensa de los derechos humanos y política; los dedicados al medioambiente y, por último, los vinculados a temas de salud.

Para Holzapfel estos cambios reflejan cómo se han modificado las prioridades en la sociedad chilena. “En los 80 había más organizaciones dedicadas a la caridad y hoy, con el desarrollo alcanzado por el país, las organizaciones obviamente derivan a otros ámbitos como la cultura, el patrimonio y el medioambiente. Es algo normal”, opina el director de Chile + hoy.

Participación
De acuerdo al trabajo, cuatro de cada 10 chilenos mayores de 18 años han participado en una organización de la sociedad civil al menos una vez en la vida, tasa que de acuerdo a los estándares internacionales debe ser calificada como “intermedia”. De acuerdo al informe, en los 12 meses previos al estudio, 1,9 millones de chilenos habían sido voluntarios, lo que equivale a 164.865 jornadas de trabajo completas. En ese segmento dominan claramente las mujeres, que representan el 69 por ciento del voluntariado y la mitad de ese grupo son personas mayores de 60 años.

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Pero un aspecto importante, y que habla también del grado de profesionalización que ha alcanzado este sector, o al menos parte de él, es que no descansa solo en el trabajo de los voluntarios sino que cuenta con un importante contingente de trabajadores remunerados, que corresponde a cerca de 165 mil personas, la mitad de ellas con educación superior completa. Eso representa un dos por ciento de la fuerza laboral chilena, mientras que para tener una idea, la gran minería, por ejemplo, representa el 2,9 por ciento. “No es poca gente la que decide trabajar día a día y desarrollarse en este tipo de organizaciones. Eso es relevante, sobre todo en una sociedad donde se dice que la gente no está interesada en participar, esto demuestra que sí hay gente interesada en el bien común”, opina Streeter.

Eso significa que el sector está constituido por dos mundos distintos. “En Chile estamos en el equilibrio perfecto: 50 y 50 entre el amateurismo del voluntariado y el profesionalismo. Me gusta eso porque si profesionalizas todo lo conviertes en una burocracia. Además, los voluntarios te permiten canalizar el interés público y ampliar la cobertura de prestaciones”, dice Irarrázaval.
Más de la mitad de las personas que participan de la sociedad civil organizada lo hacen en organizaciones que promueven actividades específicas dentro de la comunidad, como los centros de madres, los grupos juveniles o los clubes deportivos. Un poco más atrás aparecen los organismos territoriales (como las juntas de vecinos); las organizaciones de servicios sociales; las de causas específicas y, por último, con casi un cuarto de las preferencias, están los sindicatos, colegios profesionales y organizaciones gremiales.

Una de las conclusiones del estudio es que si bien las personas prefieren las organizaciones más específicas (como los grupos juveniles o clubes deportivos) por su alta especialización, las de características territoriales, como las juntas de vecinos, son las más valoradas en momentos de necesidad o catástrofe. “Las grandes fundaciones llegan todas, pero lo primero que uno ve es cómo se organizan los barrios: llenan la camioneta entre los vecinos o juntan agua o chales. Es una organización más espontánea y simple, pero en las emergencias se hacen muy visibles y la gente siente esa cercanía”, comenta Streeter.

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Valeria Argel, presidenta hace 11 años de la Junta de Vecinos de Pelluco, en la comuna de Puerto Montt, recuerda que durante el período de incendios de este año “los vecinos nos organizamos primero que todos y empezamos a sacar agua de nuestras casas para apagarlo, después otros vecinos hicieron cortafuegos hasta que llegaran los bomberos y Conaf”, cuenta. La dirigenta dice que cada dos años tienen cuenta pública, que se reúnen dos veces al año y que cada tres meses hacen coordinaciones de seguridad. “El WhatsApp nos ayuda harto para organizarnos, Facebook y Twitter también. Los que sabemos usarla, tenemos la tecnología en nuestras manos. En cada sector tengo una persona que me cuenta lo que pasa. Así funcionamos”, explica la dirigenta.

Eso se observó cuando en el estudio le preguntaron a la ciudadanía cuáles eran las organizaciones de la sociedad civil que más conocen. Las tres más mencionadas fueron los bomberos, las juntas de vecinos y las organizaciones deportivas. Por el contrario, las menos conocidas eran las organizaciones de transparencia política, las asociaciones de productores y/o exportadoras y las pro vida, junto a las uniones comunales de juntas de vecinos.

A donde nadie llega
El Comité Ecológico de Valparaíso, Coeval, trabaja desde 1998 en la ciudad interviniendo quebradas y concientizando a los porteños de la importancia de cuidar el medioambiente. “Hacemos operativos de aseo. Vamos a limpiar las quebradas. Por ley la responsabilidad es del municipio, pero nadie lo hace”, cuenta Armando Mendoza, el presidente de Coeval. El dirigente dice que para ellos sus 1.200 socios y 50 miembros activos en las calles son fundamentales para el trabajo de educación a la población sobre el problema que atacan. “Nosotros recuperamos la quebrada La Poza, en Playa Ancha, trabajamos con paisajistas y unimos sectores. Ese trabajo sirvió para que la gente viera lo importante que es esto”, dice Mendoza.

Según “Sociedad en Acción”, esa es una de las dos funciones de este tipo de organizaciones: la visibilización y movilización del interés público. El otro rol es la prestación de servicios, el que cumple, por ejemplo, el Hogar de Cristo, que trabaja en programas de protección e inclusión de personas en situación de calle.

Este aspecto sería una de las razones de la alta valoración que tiene la ciudadanía de las organizaciones de la sociedad civil. La mitad de los encuestados opina que hacen un trabajo rápido y de calidad y más de tres cuartos valora positivamente a las que hacen servicio social. Por eso la ciudadanía considera que se hacen cargo de labores que nadie está realizando. “Hoy hay espacios donde, queramos o no, ni el Estado ni el mercado van a llegar”, comenta Holzapfel. “Muchas veces, como están más cerca de los problemas y conocen la realidad, se anticipan al Estado”, agrega Irarrázaval.

Un ejemplo es fundación Mi Parque, dedicada al mejoramiento de áreas verdes en barrios vulnerables, donde muchas veces ni las autoridades ni los privados tienen recursos para intervenir. “Estas organizaciones tienen más facilidad y rapidez para atender problemas, porque no tienen que pasar por una burocracia y porque tienen una manera de funcionar que les permite adelantarse”, agrega Streeter.

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El dilema de las donaciones

Muchos de los quehaceres de las fundaciones y organizaciones de la sociedad civil son financiados a través de donaciones, en un monto que en Chile en el año 2015 alcanzó los 156.500 millones de pesos. Pero no todo es tan positivo, porque solo un tercio de los donantes hace uso de las franquicias tributarias de crédito, algo que llamó la atención de los investigadores.

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Ignacio Irarrázaval, director del Centro de Políticas Públicas de la UC, cree que esto ocurre porque en Chile se piensa que estos beneficios son vistos casi como una forma de elusión o por otra parte hay quienes temen que se transformen en un motivo de fiscalización más de parte del Servicio de Impuesto Internos. “Las personas o empresas donan, pero al final no quieren caer en el engorro de que los fiscalicen más por una donación que hicieron de buena fe y por eso no hacen uso del incentivo tributario”, explica el académico de la UC.

Esto evita que se democraticen las donaciones en el país y que sigan una dinámica ampliamente documentada en otros lados. “En los países desarrollados se sabe que los ricos donan a la cultura, la clase media a causas de servicios sociales y los sectores pobres a causas religiosas”, dice Irarrázaval.

Por eso, la recomendación es directa, pero no tan sencilla de implementar: hacer que el sistema de donaciones sea menos engorroso. Armando Holzapfel, director de fundación Chile + hoy, ve en la ley única de donaciones, que lleva cuatro años entrampada en el Congreso, una buena solución para este problema. “Hago un llamado a que nuestras autoridades la vuelvan a considerar. Hay que darle prioridad, porque hoy hay actores que no tienen acceso a la ley de donaciones, una ley que es engorrosa tanto para el donatario como para el donante”, dice.

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