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Política
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Actualizado el 12/01/2017
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La investigación que inquieta al Congreso

Autor: Por Paulina Toro

En una caja de Pandora podría transformarse la autodenuncia de la ex jefa de prensa de la UDI sobre servicios que nunca habría realizado a la diputada Nogueira. La causa se suma a la abierta contra Jorge Insunza por asesorías de Sistema Consultores. Aquí, cinco aristas de la indagatoria.

La investigación que inquieta al Congreso

Tres empresas en la mira

Hasta el momento la fiscalía ha centrado sus diligencias en las asesorías que tres sociedades han prestado a 14 diputados de la UDI. Se trata de las firmas Sociedad Legal Ltda., Visión Legislativa y B&C Consultores Ltda. La primera pertenece a los hermanos Pablo y Luis Cantellano; la segunda fue formada por el abogado del caso tsunami, Carlos Ferlie, y su mujer, Claudia Toro, y la tercera es del ex diputado Sergio Bobadilla y su esposa, María Ximena Crovetto. “Se trata de empresas o agencias montadas de manera irregular para prestar servicios a parlamentarios, con la finalidad de buscar retorno de recursos”, dijo Zúñiga en su declaración del 9 de septiembre de 2016. Entre 2011 y 2016, las tres firmas cobraron en total casi $ 400 millones. La fiscalía ya solicitó la contabilidad de tres empresas proveedoras de la bancada UDI.

Revisión a todas las bancadas

Pese a que la denuncia original de Zúñiga se circunscribió a la bancada UDI, la fiscalía optó por ampliar la investigación a todos los comités de partidos. Los fiscales Manuel Guerra y Carlos Gajardo enviaron el lunes a la Cámara un oficio pidiendo remitirles todas las asesorías contratadas por los 120 diputados entre 2011 y 2015. Según explican fuentes ligadas a la causa, la apuesta por ampliar el alcance de la investigación se relaciona con el interés de la fiscalía de evitar cuestionamientos por un supuesto sesgo político en sus indagatorias. Tampoco, dicen las mismas fuentes, que la investigación también llegue al Senado.

Asesorías verbales

Entre las materias que la fiscalía busca esclarecer está la legalidad de eventuales asesorías verbales. En varias causas sobre financiamiento irregular a la actividad política, distintos imputados han buscado justificar la existencia de los servicios prestados argumentando que éstos correspondían a asesorías verbales, de las cuales, por su naturaleza, no quedaban registros. En este sentido, el Consejo Resolutivo de Asignaciones Parlamentarias -tras una consulta del Consejo de Defensa del Estado, en relación a una causa paralela en contra del ex ministro Jorge Insunza por asesorías de su ex consultora Sistema Consultores-, aclaró que para el Congreso las asesorías verbales no existen. Según la normativa expuesta por el Consejo Resolutivo, todas las asesorías deber ser acreditadas por medio de informes o formularios diseñados para ese propósito, donde se detallen los alcances de ese servicio.

El rol de los secretarios de bancada

Otro foco de la investigación de la fiscalía busca constatar el rol de los secretarios de cada comité parlamentario en el Congreso. Esto, luego de que, según el testimonio prestado por Zúñiga, el secretario de la bancada de diputados UDI, Rodrigo Pinochet (quien ha trabajado para el partido desde hace más de 20 años), sería el real controlador de algunas de las empresas proveedoras de asesorías. “Sobre la empresa Visión Legislativa Limitada, el dueño es Carlos Ferlie y su esposa, pero el dueño real sería el señor Rodrigo Pinochet, que es la cabeza administrativa de la bancada de diputados de la UDI”, dijo la periodista en su declaración. Según información registrada en Transparencia Activa de la Cámara, una hermana de Pinochet, Claudia Pinochet Aros, también ha prestado servicios como asesora a diputados de la bancada.

El notario

El ex notario Roberto Mosquera, quien fuera sancionado por haber autorizado de forma irregular firmas para la inscripción de la candidatura presidencial de Franco Parisi en 2013, declaró en la causa. Según Zúñiga, Mosquera facilitaba su timbre oficial para que funcionarios de la UDI hicieran, por su cuenta, las inscripciones de candidatos. “Mario Contreras (un militante UDI), en una conversación telefónica el 5 de junio de 2016, me comentó sobre el timbre que facilitaba Mosquera, quien lo dejaba en las oficinas UDI para los procesos de inscripción de candidatos y apoderados de mesa (…). Cobraba $ 1.500 por cada documento”, dijo Zúñiga en su declaración, la que acompañó de una grabación del audio de la conversación con Contreras. Mosquera negó la acusación: “Es mentira que les mandaba el timbre. Y qué importaba que tuvieran el timbre si lo importante era mi firma. Nunca me hicieron la firma, que yo sepa”, dijo.

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