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Actualizado el 18/10/2014
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La pelea por el área verde

Autor: Tania Opazo y José Miguel Jaque

No se parecen a las organizaciones ecologistas tradicionales ni apoyan grandes causas. Son pequeños grupos de vecinos en distintas comunas que se han unido para defender espacios naturales o recuperar terrenos baldíos. No es sólo una pose, y hay algunos que están dispuestos incluso a tomarse sitios privados o públicos con tal de cumplir el sueño del metro cuadrado a la vista.

La pelea por el área verde

El viernes 10 de octubre la Red Ambiental que agrupa a organizaciones sociales de varias comunas de la Región Metropolitana celebró su aniversario. Eligieron como escenario el ex vertedero Lo Errázuriz, en Estación Central, un terreno de 40 hectáreas al que por casi 30 años llegaba la basura de otras 21 comunas. 

La anfitriona, María Cruz Contreras, es una mujer de armas tomar. Llegó a esa zona a los 17 años desde Padre Las Casas, en la Novena Región, durante la década de los 60. En ese momento recién se estaban loteando los terrenos. Levantó su casa con lo que había y el vertedero -donde antes habían pozos de ripio- era como el patio de su casa. En los 80 el lugar se convirtió en un centro de escombros y, más tarde, de promesas: un desfile de autoridades anunció que sería el gran pulmón verde de la Región Metropolitana. Hasta que María y los vecinos se cansaron de esperar que eso se cumpliera y desde mediados de los 90 paulatinamente empezaron a tomarse 10 de las 30 héctareas que hoy pertenecen al Gobierno regional para convertirlas en un parque que tiene pasto, jardineras, un vivero, árboles, una pista de bicicross de césped y una huerta. Un lujo, pero que no cuenta con permisos sanitarios ni se sabe si es seguro para la salud de las personas, dado que alojaba un basural. 

 “El terreno no es mío, pero todo lo que está ahí lo plantamos los vecinos. ¿Si tenemos permiso? Y quién me tiene que dar permiso para plantar un árbol…”, alega María, quien, además, bautizó el lugar con el nombre que tenía siglos atrás: bosque Chuchunco. 

La Red Ambiental es una de las agrupaciones que pelean por acceder o proteger áreas verdes en la zona urbana de Santiago. Un fenómeno que tuvo uno de sus primeros capítulos públicos hace cerca de 15 años, cuando los vecinos del Parque Intercomunal de La Reina se agruparon para impedir la instalación de locales comerciales y la continuación de la calle Vicente Pérez Rosales que hoy lo cruza. Eran otros tiempos, cuenta Elizabeth Armstrong, ex concejala de La Reina y una de las fundadoras del Comité de Defensa del Parque Intercomunal, creado en 1997. El correo electrónico no era masivo, no había Facebook para difundir ni WhatsApp para coordinarse. “Nos llamábamos al teléfono de la casa nomás”, dice. “Contactarse y acceder a la información era muy difícil. De repente se modificaban los planos reguladores y nadie se enteraba. La sociedad civil no estaba tan empoderada como ahora”, agrega.

Desde entonces este tipo de agrupaciones han crecido. Es difícil decir cuántas porque varias no están constituidas legalmente ni son una organización. Algunas son simplemente vecinos coordinados, aunque otras para legitimarse han tramitado la personalidad jurídica. Forman parte del movimiento que en inglés se llama Not In My Back Yard (No en mi patio trasero): no son grandes organizaciones -como Greenpeace- y no defienden grandes causas -como la lucha contra el calentamiento global-, pero conocen reglamentos, leyes y llegan hasta la autoridad. Una señal de desarrollo, dice Pablo Allard, Decano de la Facultad de Arquitectura y Arte de la U. del Desarollo y Máster en Diseño Urbano de la U. de Harvard: “Los ciudadanos no se están preocupando sólo de lo que pasa de la reja hacia adentro de sus viviendas, sino hacia afuera y de que la calidad de vida también tiene que ver con el espacio que compartimos”. 

Sin embargo, estos grupos también son acusados a veces de ser egoístas y de oponerse a iniciativas que son buenas para la comunidad en general porque los afectan directamente. “Es legítimo que defiendan lo que tienen, pero cuando esa defensa puede poner en riesgo la calidad de vida de toda una comuna me parece que merece una visión un poco más amplia”, agrega Allard refiriéndose a los vecinos del parque Escrivá de Balaguer, en Vitacura, que se oponen a la extensión en dos pistas de la Costanera Sur, planteada como solución vial para la comuna. Este proyecto, en el que el arquitecto asesora a la Municipalidad y es contraparte de los vecinos,  afectaría parte del parque.

CONFLICTO POR EL ESPACIO

El punto de partida de estos conflictos es el déficit de áreas verdes en Santiago. De acuerdo al informe sobre política urbana realizado por la OCDE, en el Gran Santiago hay un promedio de 3,46 metros cuadrados de áreas verdes por persona, muy por debajo de los 9 que recomienda la OMS. Según Jorge Larenas, académico de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la U. de Chile, la presión por infraestructura como autopistas, redes de transmisión de energía y propiedades, sumado a la falta de planificación urbana, han provocado la pérdida de los entornos naturales.

Esto último es lo que advierten en el Centro Ecológico Churque de Lo Barnechea, una iniciativa que nació como un espacio de educación y trabajo ambiental en el Cerro 18, pero que progresivamente empezó a preocuparse por el crecimiento inmobiliario en la zona, que amenaza quebradas y que temen puede provocar inundaciones y desprendimientos de terreno. Marie Louise Pagola, geógrafa del grupo, dice que especies nativas como espinos, guayacanes y quillayes, parte de la riqueza ecológica de la comuna, han sido arrasados y reemplazados por palmeras, álamos y otras especies exóticas. “Queremos recuperar estos espacios verdes, por seguridad, pero también para recreación y educación de la comunidad”, dice.

Para más espacios verdes “hay que poner más garrotes y también más zanahorias, que significa más inversión pública”, dice Allard. Si bien la Ley de Urbanismo exige destinar el 7% de un terreno que se edifica a ese objetivo, “cuando uno ve un edificio tras otro sin mediar plaza o espacio público, uno duda que se cumpla. La pregunta es por qué y eso lo tenemos que investigar”, dice el intendente de la Región Metropolitana, Claudio Orrego. Además, como la ciudad sigue creciendo y los municipios no tienen recursos para crear y mantener más parques y plazas, los indicadores de áreas verdes parecen destinados a seguir cayendo, advierte Ricardo Truffello, coordinador de Estudios del Centro de Inteligencia Territorial de la U. Adolfo Ibáñez.

En el Ministerio de Vivienda dicen que el Plan Chile Área Verde, anunciado en mayo y que aportará nuevos parques a 34 comunas del país -siete en la Región Metropolitana-, junto con el programa de Conservación de Parques Urbanos, son una respuesta a este problema. 

NO HAY PARA TODOS

Como la política de conservación de áreas verdes en Chile es principalmente una tarea de los municipios hay mucha desigualdad entre comunas ricas y pobres. El promedio de 3,46 metros cuadrados de áreas verdes por persona del Gran Santiago maquilla diferencias como los más de 20 metros que tiene Vitacura y los menos de dos de comunas de sur de la capital, como El Bosque. También hay comunas que parecen tener muchas áreas verdes, pero como son muy pequeñas, no sirven de mucho. “Pasa en Puente Alto o Maipú. Si miras un mapa vas a ver muchos pedacitos de verde. Eso se traduce en un déficit real, porque en ese espacio no caben todas las prestaciones que tiene una plaza: pasto, árboles, juegos infantiles, etc.”, dice Sonia Reyes, académica del Departamento de Ecosistemas y Medio Ambiente de la U. Católica.

Reyes, investigadora del Cedeus, es una de las autoras del estudio Distribución, superficie y accesibilidad de las áreas verdes en Santiago de Chile, que muestra que mientras en La Pintana el 19,6% de los habitantes tiene una plaza o parque de al menos cinco mil metros cuadrados (un poco más chica que una cancha de fútbol) a menos de 300 metros de su casa, en San Miguel, el porcentaje es de 45,3% y en Vitacura llega al 74,1%. Y aunque los números ponen a Vitacura en el tope de la lista, aquí también hay una pelea verde: el Parque Monseñor Escrivá de Balaguer. 

El domingo 5 de octubre al mediodía unos 30 vecinos se congregaron en ese lugar. Otra jornada para juntar firmas en contra del  proyecto que impulsa la Municipalidad y que pasaría por el parque que bordea el río Mapocho. Ese domingo, además, se estrenó el merchandising: “Por la donación de 5 mil pesos te llevas una polera”, dice Patricia Castro, secretaria de la junta de vecinos A-14 Parque Monseñor Escrivá de Balaguer. La mañana fue fecunda: vendieron 60 poleras.

Frente al parque está lleno de edificios. Los vecinos aseguran que ese lugar es lo poco verde que tienen cerca de su hogar y algunos cuentan que la oferta de las inmobiliarias iba de la mano con la posibilidad de tener el parque al frente. Sería como cambiarles las reglas del juego. “No somos un grupo de vecinos que quiere ver pasto por la ventana”, aclara Eduardo Barrena, vicepresidente de la junta de vecinos. “Nuestra cruzada es por mantener un área verde de la comuna y de la ciudad. Si somos la comuna con más metros cuadrados de áreas verdes por habitante, para qué destruir eso. Una ciudad tan contaminada como Santiago no puede seguir perdiendo áreas verdes”.

Varias comunas más al poniente está Conchalí, que tiene apenas 3,2 metros cuadrados de área verde por habitante. En la vereda sur de la autopista Vespucio Norte, al otro lado del Mall Plaza Norte, existe un terreno que los vecinos llaman la plaza Socometal. Tiene 5.200 metros cuadrados, unos pocos árboles, unas bancas bien artesanales y está cubierto de maleza bien verde. Para los vecinos, es su plaza. Ahí sacan el comedor de sus casas y hacen una especie de mesa Té Club para el Día de la Madre, también las elecciones de reina de la tercera edad y en el verano instalan una piscina inflable para los niños, cuenta Nelson Nilo, presidente de la denominada Comisión de Eventos, creada para organizar actividades en el lugar.

Ellos defienden este espacio -cuya propiedad se disputan la cooperativa que llegó a vivir ahí a fines de los 60 y Bienes Nacionales- con su vida. Literalmente. En la madrugada del 31 de enero de este año una retroexcavadora y tres camiones irrumpieron por la caletera de Américo Vespucio y arrasaron con los árboles y los juegos infantiles que los vecinos habían puesto ahí. El objetivo: empezar la construcción de viviendas sociales. La gente se encadenó a los árboles y, según cuentan, no se pudo seguir con los trabajos. “Si tenemos estos árboles, la maleza corta y está limpio es gracias a los vecinos. Tal vez es difícil imaginar esto como una plaza, pero para los sectores populares esto es una plaza. A esto es a lo que podemos acceder y esto es lo que queremos para nuestros niños”, dice Bárbara Nilo (22), hija de Nelson.

CIUDADANOS Y TECNÓCRATAS

“Tú vas al municipio y dices ‘quiero hacer una plaza acá’ y te dicen: ‘lléneme este formulario, léase estas leyes y ahí recién hablamos’. Esto aleja a la ciudadanía del debate público sobre el medioambiente”, dice Matías Rojo, de la Red por la defensa de la Precordillera, grupo que desde 2006 trabaja por la protección del bosque Panul, ubicado en La Florida, ante la amenaza inmobiliaria. Grupo que ha crecido y se ha puesto de moda: en la última manifestación reunieron a cuatro mil personas, han salido en los medios y el sábado pasado fueron protagonistas de la nota verde de Juan Carlos Bodoque en el programa 31 Minutos. Rojo explica que no les ha quedado otra que tecnificarse: aprender el lenguaje político, legal y pararse en el mismo piso discursivo que las autoridades. Tarea a la que ha contribuido que dos de sus miembros estudien derecho en la Universidad de Chile.

Otros han tenido que pedir ayuda. Los miembros de la Red por la Defensa de la Quebrada de la Plata trabajan por defender este cordón montañoso ubicado al poniente de la comuna de Maipú, que posee un bosque esclerófilo y numerosas reservas de agua. La última vez que el grupo entró al lugar, que pertenece a la Universidad de Chile y que hoy es explotado por tres mineras, dicen que fue como una película de acción: varias camionetas los acorralaron antes del llegar al bosque y, a pesar de tener un permiso, fueron desalojados y acusados de realizar actos vandálicos.

Por eso, con el apoyo de la Clínica de Justicia Medioambiental de la U. Diego Portales, presentaron una denuncia solicitando el desalojo de las mineras en la Superintendencia de Medio Ambiente, con el argumento de que es un área de preservación ecológica, según el Plan Regulador Metropolitano, e históricamente un sitio recreacional para los vecinos de la comunidad de El Maitén. “Lo legal es nuestro caballito de batalla. Juntamos fotos, estudios, testimonios y ahora estamos esperando el fallo. Ese golpe se pudo dar gracias a la clínica”, dice Dalila Briones, estudiante de ecología ambiental de la U. de Chile y miembro del grupo.

Sin embargo, tanto artificio, dicen algunos grupos, a veces no sirve de mucho, porque si bien el objetivo de estas organizaciones es preservar lugares con valor ambiental y recuperarlos como espacios verdes para la comunidad, muchas veces se trata de propiedades privadas cuyos dueños tienen pensado otro fin para esos terrenos. Y ante eso, más allá de las leyes, acusan que se necesita voluntad política. “Aunque legalmente siempre han estado las herramientas para declarar el Panul como terreno no edificable, ningún alcalde lo ha hecho. Así, es muy difícil protegerlo y expropiarlo”, dice a modo de ejemplo Sebastián Sepúlveda, de La Red Precordillera. Otra muestra de que la voluntad política puede ser más fuerte que la institucionalidad medioambiental es la termoeléctrica Barrancones, en Punta de Choros, cuya ubicación se cambió por solicitud del ex presidente Piñera, a pesar de que normativamente estaba aprobada.

ES MI TERRITORIO

En el caso de las áreas verdes, la voluntad política se debiera traducir en meterse la mano al bolsillo. “Hay que poner la billetera donde se pone la boca. Todo el mundo habla de la importancia de las áreas verdes y reconocen que éstos son un espacio para hacer más igualitarias las ciudades y para mejorar la calidad de vida, sobre todo en los sectores más desposeídos”, dice Orrego.

La Intendencia lanzó en agosto pasado un concurso para que uno de los 26 cerros isla que existen en la Región Metropolitana sea recuperado como áreas verdes de recreación y esparcimiento. Hoy hay cuatro finalistas: el Cerro Blanco (Recoleta), el Cerro Las Cabras (Puente Alto/Bajos de Mena), el Cerro Chena (San Bernardo) y el Cerro de Renca (Renca). 

La Red de Huamachuco por el Bien Común agrupa a 10 organizaciones sociales de la población Huamachuco 2, que busca rescatar el lado del Cerro de Renca que no fue considerado en el concurso de la Intendencia y que actualmente es utilizado como microbasural. Por eso, si bien no les parece mala la iniciativa del gobierno central, dicen que es incompleta. “Lo más probable es que se beneficien sólo 200 hectáreas que son municipales. Nosotros estamos luchando por hacer mejoras en la ladera sur oriente del cerro, que actualmente es propiedad privada”, cuenta Carlos Briones, miembro de la red.

Una tendencia que se repite entre estos grupos es que trabajan aparte de las autoridades, y hasta con desconfianza hacia las instituciones. El trabajo de la Red Ambiental en el ex vertedero Lo Errázuriz es un ejemplo. Algunos, casi todos, critican a los municipios y, por supuesto, a las autoridades centrales. “Nosotros conocemos nuestro territorio y lo que queremos. No necesitamos que alguien de afuera venga a decirnos qué hacer con él”, dice Pablo Casanova, del grupo Germina, que también trabaja en la recuperación de otro cerro isla que está fuera del radar de la Intendencia.

Se trata del cerro Jardín Alto, en La Florida, que es también mitad del Estado y mitad de privados. Por esto, recientemente un grupo de trabajadores fue a cerrar con rejas la entrada del cerro y destruyó el trabajo de la agrupación y los vecinos del sector, quienes habían plantado huertos, flores y árboles en el lugar hasta entonces abandonado. Sin embargo, la agrupación no baja los brazos ni tampoco le pide ayuda al municipio u otra institución. “Este es un proyecto comunitario que lo hacemos entre nosotros. No queremos plata, no queremos fama, queremos recuperar la naturaleza que nos queda”, concluye Casanova.

La mayoría de estos conflictos están hoy en un tira y afloja entre vecinos y dueños. El desenlace aún está por escribirse.

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