Las propuestas de los presidenciales en pro de consumidores y de la libre competencia

La colusión de las cadenas de farmacias Cruz Verde, Ahumada y Salcobrand, las repactaciones unilaterales realizadas por la multitienda La Polar, así como los cambios en las condiciones de uso de las tarjetas de Cencosud, posicionaron los temas relacionados con la defensa de los consumidores y la libre competencia en la primera línea del interés público y de los actores políticos.

A partir de estos casos, organismos como el Sernac y las asociaciones de consumidores alcanzaron máxima notoriedad y las personas comenzaron a informarse más respecto de sus derechos y deberes.

Las instancias encargadas de velar por la libre competencia redoblaron los esfuerzo por investigar la mayor cantidad de áreas de negocios donde se pudieran registrar faltas a la libre competencia.

La Fiscalía Nacional Económica (FNE) mantiene vigentes causas contenciosas en contra de reconocidas empresas, como Unilever, por colocar presuntas barreras de entrada a sus competidores en el mercado de los detergente con promociones exclusorias; CCU, por acusaciones de que dificulta el ingreso de nuevos competidores en el negocio cervecero a través del patentamiento de marcas y nombres genéricos, y a las productoras y comercializadoras de pollos Agrosuper, Ariztía y Don Pollo, por presunta colusión. En 2014, el foco estará en salud y el negocio eléctrico, dijo el fiscal nacional económico Felipe Irarrázabal, en el Día de la Competencia.

Junto con conocerse estos casos, también quedaron en evidencia las falencias del sistema encargado de velar por que estas conductas no se produzcan. Se cuestionó la feble protección a los consumidores, la falta de resoluciones ejemplificadoras y la demora en la tramitación de causas.

Los aspirantes a La Moneda recogieron estas inquietudes en sus programas de gobierno en apartados especiales dedicados al tema. Todos coinciden que es necesario un fortalecimiento a los organismos encargados de velar por los derechos de los consumidores y el buen actuar de los mercados, aunque con diferencias en cómo pretenden lograr los objetivos en la práctica.

Michelle Bachelet

Fortalecer al Sernac y apoyar asociaciones de consumidores

Fortalecimiento del Sernac con facultades para fiscalizar, multar, interpretar la ley y dictar normativas.

Flexibilizar financiamiento a las asociaciones de consumidores. Elevar fondos estatales para su financiamiento por medio de convenios y evaluaciones de desempeño.

Revisión de las multas, para que tengan relación con el daño causado. Se avanzará en establecer compensaciones e indemnizaciones que aseguren una reparación adecuada.

Mejorar la información sobre el costo del crédito.

La Fiscalía Nacional Económica evaluará los mercados que presenten fallas persistentes para dictar normas especiales cuando dichas fallas lo justifiquen. Aumentar las capacidades de la FNE, que tendrá la facultad de negociar medidas de mitigación oportunas.

Cambiar el régimen de ministros del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia hacia uno de dedicación preferente o exclusiva.

Cambiar el tope máximo de las sanciones por porcentaje de ventas.

Inhabilitación de personas involucradas en casos para directorios, organismos públicos, asociaciones gremiales y colegios profesionales. Sanción especial a las empresas, excluyéndolas de licitaciones del Estado.

Evelyn Matthei

Sernac autónomo y consejo asesor pro competencia

Sernac autónomo, con mayores atribuciones y obligaciones.

Usuarios podrán terminar unilateral e inmediatamente sus contratos con proveedores de servicios, con un trámite por internet (no implica condonar deuda).

Fortalecer la delación compensada.

Juicios de libre competencia más cortos y con reglas más claras. Agilizar los procesos e investigaciones de la FNE para no dilatar excesivamente los períodos en que las empresas son estudiadas.

Creación de un consejo asesor pro competencia, que realice estudios de funcionamiento de mercados y revise restricciones a la competencia. Sobre este último punto, las integrantes de la Comisión de Libre Competencia y Protección al Consumidor del Programa de Evelyn Matthei, Susana Jiménez y Natalia González, detallaron que dicha instancia viene a ser un complemento de la labor tanto de la FNE como del Sernac, no será de funcionamiento permanente y tendrá un carácter público-privado, debiendo ser integrado, a lo menos, por representantes de la FNE, el Sernac, de los ministerios y reguladores sectoriales y asociaciones gremiales y de consumidores y otros expertos en la materia.

Marco Enríquez-Ominami

Mayores multas a infractores de la Ley del Consumidor

Fortalecer el Servicio Nacional del Consumidor. Debe constituirse en un ente fiscalizador de todos los contratos de adhesión del sistema.

Consulta obligatoria al TDLC en caso de fusiones de empresas que provoquen una concentración de mercado superior al 25%.

Establecer penas aflictivas para los integrantes de los órganos de administración de una empresa que hayan cometido acciones abusivas e ilegales.

Para empresas que infrinjan la Ley del Consumidor, eliminar el monto de 50 UTM de multa y que no exista tope, de manera de que cada juez pueda fallar en base al daño causado.

Al respecto, la economista y encargada programática del comando, Patricia Morales, explicó que "el sistema actual establece penas bajas, por lo que las empresas no tienen incentivos para cumplir con la ley. No establecer límites apunta a que se pueda cautelar y compensar los daños morales de abusos eventuales".

En cuanto a las atribuciones del Sernac, Morales agrega que el Sernac "debe constituirse en un ente fiscalizador de todos los contratos de adhesión". A su juicio, el sello Sernac vigente "pierde toda la validez al ser voluntario".

Franco Parisi

Penas efectivas para implicados en colusiones

Mayores atribuciones e independencia del Sernac, con poderes de sanción.

Que la FNE tenga la facultad de investigar de oficio y poder llevar una sospecha ante el TDLC e iniciar una investigación.

Incrementar las multas, en función de las utilidades generadas producto de la colusión.

Penas efectivas para implicados en colusiones.

La coordinadora programática de la candidatura de Franco Parisi, Carolina Fuentealba, destacó que es necesario involucrar al sistema penal en las sanciones por colusiones que se aplique a los representantes legales y/o ejecutivos de las empresas cuestionadas. "No puede eludir la responsabilidad, considerando el cargo tan importante que tienen en la empresa, y ver la sanción desde el punto de vista monetario. Se tienen que aplicar ciertos correctivos y estos son sanciones a través del Poder Judicial, que tendrían que estar destinadas a inhabilidades y en algunos casos cárcel, pero con penas efectivas". Agregó que todas las reformas propuestas en la materia también tengan vinculación con reformas al Código Penal y con los cambios propuestos a la forma de tributación: "Lo estamos viendo de una manera global, que es como debe ser".