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Actualizado el 26/05/2016
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Las propuestas parlamentarias que apuntan a crear un sistema de retribución por la gratuidad

Autor: Daniela Muñoz, Flor Guzmán y Myriam Bustos

Desde un impuesto al graduado hasta años de servicios al Estado, forman partes de las ideas que se postulan en el Congreso. Imposibilidad de avanzar más allá del 60% de alumnos más vulnerables en este gobierno abre debate sobre opciones financieras.

Las propuestas parlamentarias que apuntan a crear un sistema de retribución por la gratuidad

El anuncio de que la gratuidad en este gobierno sólo llegará al 60% de menores ingresos, realizado por la Presidenta Michelle Bachelet el 21 de mayo, abrió preocupación en el oficialismo. Esto, porque no se cumplirá la promesa de campaña de alcanzar al 70% más vulnerable de la población y dejó sin plazo establecido a la gratuidad universal. 

El argumento del gobierno para este freno en el avance de la nueva política pública es la situación económica del país y la baja del dólar. Esto implica que en la ley de reforma a la educación superior va a quedar establecido qué condiciones macroeconómicas se requieren para ir avanzando en la cobertura después de 2018.

Esta falta de recursos abrió el debate con respecto a qué fórmulas se podrían utilizar para agilizar el financiamiento de la gratuidad universal. 

El diputado Giorgio Jackson (RD) tiene una propuesta que se basa en un sistema de contribución solidaria: “El concepto clave es que acá no se devuelve un monto de plata. Todos como comunidad debiésemos contribuir a algo que es un bien público que es la educación superior y para financiar ese sistema puede ser tanto con un aumento de la carga impositiva de aquellos que estudiaron con gratuidad y más ganan o también haciendo servicios a la comunidad, trabajando en servicios públicos”.  

El concepto detrás de esta propuesta es que las carreras no tengan un valor de mercado y que se ponga un piso de sueldo para hacer esta contribución solidaria, por ejemplo, desde $ 800.000 en adelante. Y de ahí, en la medida que más gane un profesional más pueda aportar a esta especie de fondo para financiar la gratuidad.

Actualmente el gobierno no tendría considerada una alternativa de financiamiento de este tipo, aunque cuando se comenzó a dibujar la reforma, al inicio del gobierno de Michelle Bachelet, estaba incluida la opción de un impuesto al graduado.  

Para la diputada Camila Vallejo (PC) la educación es un derecho social “y también una inversión social que hace un país para contar con profesionales y técnicos de alto nivel que tengan compromiso con el desarrollo y bienestar de la sociedad en su conjunto”.

En ese sentido indicó que “los egresados deben retribuir a su país por el esfuerzo que ha hecho en darles una educación y una formación gratuita. Esta retribución debe estar sobretodo orientada al cumplimiento de años de servicio en el ámbito público y dónde están puestas las necesidades más urgentes y estratégicas del país”. 

Según Vallejo “el asunto de fondo, no es la retribución monetaria, menos el endeudamiento, es llevar a la práctica los conocimientos y habilidades adquiridas en función de las necesidades del país. Es decir, desde un paradigma solidario y no individualista”.

Según el investigador de la U. Diego Portales, José Joaquín Brunner “es evidente que la gratuidad universal es inviable, al menos hasta que el país alcance un nivel muy diferente de desarrollo e ingreso y que la educación temprana y obligatoria tengan un nivel superior de calidad”.

El académico planteó que “la mejor alternativa es combinar gratuidad, con becas de subsistencia para el primer quintil y posteriormente al segundo; con crédito contingente al ingreso buscando eliminar gradualmente la intermediación financiera de la banca”.

Esta idea de un financiamiento mixto es la que busca posicionar el senador Ignacio Walker (DC). “Soy partidario de un sistema mixto de financiamiento. Es decir, un sistema que implique, primero, aportes directos del Estado, como el Aporte Fiscal Directo a las universidades. Segundo un sistema nacional de becas y créditos, que hoy atiende a 650 mil alumnos en Chile. Tercero, una política de  gratuidad propiamente tal, que es lo que estamos implementando como plan piloto”.

En ese sentido, el senador señaló ser “partidario de la idea de un impuesto específico, que los profesionales que han accedido a la educación superior puedan pagar a través del tiempo, considerando que ésta les permitió una mejor inserción laboral”. Además, remarcó que otra idea que se podría explorar es que los alumnos paguen un arancel diferenciado según sus ingresos.

Para el diputado Marío Venegas (DC) es un tema que puede ser discutido, aunque advierte que puede generar complicaciones. “Creo que la realidad nos indica que no es el momento para esa discusión, ya tenemos suficiente con el hecho de cómo se está implementando, a cuántos beneficia, los recursos que están disponibles, etc. Necesitamos aquietar los ánimos. Hoy la cosa está muy sensible, hay poca reflexión, poco análisis ycualquier cosa que se plantee va a generar ruido”, enfatizó el parlamentario.

En tanto, el diputado Gabriel Boric (Izquierda Autónoma) dijo que se podrían aplicar alternativas para que se trabaje en aportar al país. Pero en ningún caso vinculándolo con dinero: “El gobierno usó la promesa de gratuidad para su campaña electoral y nunca mostró voluntad política de llevarla adelante, en los términos que hemos pedido el movimiento social por la educación. La discusión, entonces, no es por el mecanismo específico que haga viable económicamente la gratuidad, sino por la voluntad política del gobierno de empujar estos cambios estructurales”.

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