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Actualizado el 01/03/2015
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Liderazgo de Bachelet

VIVIMOS una crisis cuya gravedad e impacto no debemos subestimar. En el exterior  está haciendo trizas nuestro prestigio como nación; y en lo interno ha creado un clima de desconfianzas y recriminaciones que envenena el alma nacional. Es urgente encararla, pero para ello primero hay que precisar su naturaleza.

 

De partida, no hay una si no dos crisis superpuestas. Una es la del financiamiento de la política.  La otra, una reiteración de fraudes en empresas privadas que crean un desprestigio de la actividad empresarial. Es cierto que a veces se confunden, pero son distintas.  ¿Qué tienen que ver con la política las tramas para eludir centenares de millones de impuestos, los contratos forward o el pago de sueldos ficticios a las cónyugues de propietarios de empresas?

 

Distinguir entre una y otra crisis no es un ejercicio puramente intelectual, sino una exigencia para tener un juicio ético y para encontrar soluciones.  Aún más, si lográramos encarar efectivamente el tema de la política y el dinero, todavía quedaría como un asunto distinto y urgente atacar las causas que crean hechos como “las cascadas”, la colusión para fijar precios en los pollos, las farmacias o las navieras, la Polar, Mis Cuentas o Penta.   

 

Pero el gobierno ha hecho bien al anunciar que, al menos en lo inmediato, va a encarar una de estas dos crisis, la del financiamiento de la política. Para ello se ha propuesto dar una señal potente de que ha decidido actuar con eficiencia y energía. Técnicamente una ley en estas materias es fácil de redactar, pues los mecanismos de solución han sido vastamente estudiados.  Pero políticamente,  su aprobación es muy difícil. La razón es que el dinero en la política -si se le deja libre- puede llegar a ser tanto o más influyente que el sufragio.  Este es, por tanto, no un problema técnico, sino uno de poder.  Una regulación eficaz es nada más ni nada menos que expropiar parte de su poder a sectores que se ubican en la cima de la pirámide social: empresarios que hacen del financiamiento de las campañas su canal de influencia sobre el Estado;  políticos actualmente en el poder, de gobierno y oposición, que ya han establecido sus redes de “dadores de sangre” que han hecho posible la campaña que pasó y que harán posible la que vendrá; los partidos de derecha que, como aparece obvio, son los grandes beneficiarios del dinero en la política.

 

En resumen,  creo absolutamente en la honestidad de la Presidenta, pero también en la torpeza y falta de transparencia de Dávalos, por calificarlo de manera benévola.   

 

No obstante su gravedad, el gobierno ha manejado mal este asunto: lento en reaccionar, acudiendo a una hebra emocional que es respetable, pero insatisfactoria y muy expuesta a la crítica e incluso a la sorna (basta ver las redes sociales).   

 

La propuesta de salir adelante aprobando una legislación de última generación sobre este tema es lo más sensato y efectivo que ha hecho el gobierno, pero ello sólo será posible si la Presidenta pone en su aprobación todo el peso de su liderazgo, asumiendo personalmente su negociación, sin dejarlo entregado a sus segundos, pues en ello se juega, más que en ningún otro ámbito, el destino de su gobierno.

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