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Actualizado el 11/10/2011
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Los costos de un año académico perdido

Resulta difícil dimensionar el daño infligido a la formación de miles de niños y jóvenes por la falta de clases durante gran parte del 2011.

EN LOS MESES que se ha prolongado el conflicto estudiantil a nivel escolar y universitario, la discusión pública ha abordado distintos aspectos del sistema educativo y sus problemas. Sin embargo, llama la atención el poco espacio y tiempo que se ha dedicado a dimensionar los efectos de largo plazo que inevitablemente tendrán la pérdida de clases y la alteración del calendario académico en la formación de la actual generación de estudiantes. A causa de las tomas de colegios y universidades, decenas de miles de alumnos no han estudiado las materias ni han adquirido los conocimientos correspondientes a esta etapa de su formación, como tampoco han sido expuesto a las metodologías de enseñanza que son parte integral del proceso de aprendizaje. Según el gobierno, sólo los escolares repitentes sumarán más de 40 mil este año, pero sería ingenuo suponer que aun quienes participen y aprueben en los programas de urgencia implementados a última hora para “salvar” el año académico no tendrán grandes vacíos en su formación, que serán aún más difíciles de llenar en el futuro a causa del inevitable rezago en su proceso educativo respecto de quienes han asistido a clases normalmente. Resulta difícil dimensionar adecuadamente el perjuicio que esto significa para esos estudiantes, sus familias y el país.

Las respuestas de las autoridades, tanto las del gobierno como de las universidades agrupadas en el Cruch, han sido esencialmente formales, más dirigidas a resguardar una apariencia de normalidad académica que a tratar el fondo del problema. El programa “Salvemos el año escolar” y otros mecanismos excepcionales de recuperación de clases son paliativos de última instancia, que ya han sido comprensiblemente criticados por la forma apresurada y superficial en que enseñan los contenidos, consecuencia inevitable de la presión por impartirlos en plazos reducidos. Cabe suponer, además, que si estos planes son implementados con criterios normales de exigencia académica, un porcentaje relevante de quienes se inscriban no debiera aprobar, pues son jóvenes que no han estudiado la materia por el tiempo necesario para aprenderla realmente.

En las universidades, todo sugiere que la preocupación de los rectores por cerrar el semestre académico no ha estado inspirada principalmente por consideraciones educativas, sino por la posibilidad de perder recursos estatales cuya entrega está condicionada a plazos estrictos. Lo cierto es que esos estudiantes darán exámenes y pasarán cursos sin haber cumplido las etapas y los requisitos de un proceso educativo normal, con lo cual su formación será de peor calidad.

Es evidente que los principales responsables de esta situación son quienes han tomado ilegalmente colegios y universidades, paralizando las clases, pero también tienen responsabilidad quienes los han apoyado en esas medidas de fuerza, especialmente los rectores del Cruch y los políticos de oposición que han justificado las movilizaciones o participado en ellas. También el gobierno, al no ejercer debidamente su autoridad para impedir o poner fin a tomas que desafían la legalidad, debe asumir la responsabilidad por las consecuencias. Lo que ha sucedido este año es un golpe que afectará la calidad de la educación -sobre todo la pública, lo que es paradójico en vista de las demandas estudiantiles-, pero también el prestigio de las universidades y colegios tomados, que probablemente perderán alumnos como resultado. El daño de largo plazo para el país será considerable.

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