Los últimos testigos del caso exalmar

Sucedió el pasado jueves 6 de julio, a las 15 horas. Dos efectivos de la PDI llegaron hasta el edificio de LarrainVial, en El Bosque Norte, Las Condes, a recoger declaraciones del socio de la firma de inversiones Leonidas Vial y del también socio y director de finanzas corporativas, José Miguel Barros. ¿El motivo? La inversión que Bancard, el holding de la familia del ex Presidente Sebastián Piñera, había realizado en la pesquera peruana Exalmar en medio del juicio que enfrentó a Chile y Perú en el Tribunal de La Haya. Aunque nunca entendieron por qué el diputado PC Hugo Gutiérrez pidió que les tomaran declaraciones en la querella que presentó contra el ex mandatario por negociación incompatible, en el entorno de los ejecutivos cuentan que testificaron como expertos en el mercado de capitales, ya que de Exalmar poco y nada sabían.

Vial y Barros fueron consultados por parte de los efectivos de la policía por el rol que tuvieron en el fideicomiso ciego que formó el ex presidente antes de asumir en La Moneda. Fue ahí la primera sorpresa para los interrogados y la respuesta fue clara: ambos dijeron no tener relación con la realización del fideicomiso, porque si bien LarrainVial fue una de las entidades que gestionaron los casi US$ 400 millones de la fortuna que Piñera entregó al fideicomiso en abril de 2009, ni Vial ni Barros se involucraron en la gestión, ya que todo se concentraba en la administradora general de fondos y con un mandato específico de inversiones.

A renglón seguido, ambos ejecutivos dejaron en claro que lo que sabían del "caso Exalmar" lo conocían por la prensa. Más aún, afirmaron que fue a través de los medios de comunicación que se enteraron que dicha inversión fue realizada por Bancard a través del fondo de inversión privado (FIP) Mediterráneo, el que, además, nunca integró el fideicomiso por tratarse de una inversión en el exterior. En 2009, cuando Piñera materializó su fideicomiso, no existía una legislación en Chile -como en la actualidad- que lo forzara a dejar en manos de terceros la gestión de su patrimonio, de manera que lo hizo a su modo.

Fue respecto del fondo del asunto -establecer si el ex Presidente usó o no a su favor el fallo de La Haya- donde Vial y Barros, avezados inversionistas, respaldaron al hoy nuevamente candidato a La Moneda. La respuesta que dieron no tuvo que ver con conocimiento acabado del caso o una conversación directa con el empresario, sino que se basó en lógica pura y dura, afirman conocedores del hecho. "Es imposible", respondió uno de los ejecutivos a la pregunta sobre la posibilidad de que Piñera o su equipo de inversiones, liderado por Nicolás Noguera, supieran cómo fallaría el tribunal internacional tres años antes de invertir en la pesquera peruana. Entre noviembre de 2010 y febrero de 2011, Bancard International Investment ingresó a Exalmar, cuando ésta se abrió a Bolsa. Hoy, la chilena tiene 9,10% de la propiedad de la pesquera. En el círculo del ex mandatario insisten -y así lo declararon en la investigación penal del caso- en que por más buen "ojo" para los negocios, es imposible adelantar un fallo de La Haya.

Exalmar, de hecho, ha aclarado que la zona donde se radicó el conflicto limítrofe marítimo entre Chile y Perú no concentra el negocio de la compañía. Sus intereses están puestos en la anchoveta del norte, zona sobre la cual La Haya nada tenía que decir. "Será motivo de la investigación, con seguridad, advertir si el señor Piñera y su núcleo familiar (socios en la Administradora de Inversiones Bancorp S.A.) y el gerente de la misma, Nicolás Noguera, se valieron de información estratégica obtenida a partir del litigio marítimo con Perú, y si esta fue utilizada para efectos de sacar partido e invertir en la empresa Exalmar para efectos de conseguir créditos económicos", cita la querella de Gutiérrez.

Y aunque no se puede saber con certeza si las declaraciones de Vial y Barros fueron clave para desestimar el caso, el 17 de este mes el fiscal jefe de la Zona Metropolitana Oriente, Manuel Guerra, quien lideraba las indagatorias, decidió cerrar la investigación. Esto será confirmado el próximo 3 de agosto, fecha en que se fijó la audiencia de sobreseimiento definitivo.

Las declaraciones de ambos ejecutivos, en todo caso, no provienen de amigos de Piñera, aclaran en el entorno de ambos. Vial, por ejemplo, fue involucrado en el "caso cascadas" y en 2014 la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) lo multó con US$ 20 millones por su participación en operaciones bursátiles realizadas con acciones de las sociedades cascadas que controlan SQM. La investigación fue iniciada en el gobierno de Piñera y el protagonista del caso, el empresario Julio Ponce, acusó que que sin la participación del Presidente de la República no habría habido caso cascadas.

Barros y Piñera, en tanto, no son amigos, dicen cercanos a ambos. El primero estuvo a cargo de la venta de Chilevisión cuando el segundo asumió en La Moneda, y en medio de ese proceso debió salir a defender la independencia con que trabajaba su oficina tras cuestionamientos del mundo político. "Recibimos un mandato directo de Bancard, no del Presidente", dijo en agosto de 2010.